Un mural protegido por la Constitución

El arte político callejero, ese que sabe que no hay denuncia más efectiva que aquella que se dibuja en un enorme muro, ha ganado una de sus más grandes victorias esta semana. La Corte Constitucional de Colombia, la más importante del sistema judicial, tomó una decisión clave para resolver un caso mediático en el que se enfrentaron, a causa de un mural, un poderoso general del Ejército y una organización de derechos humanos. Los jueces, después de dos años desde que empezó el lío legal, decidieron darle su apoyo al mural.

“¿Quién dio la orden?”, pregunta en la parte superior este mural en amarillo y negro, pintado en octubre del 2019 en una esquina concurrida de Bogotá, y en el que también están dibujados los retratos de cinco generales del Ejército colombiano que ejercieron cargos importantes entre el 2000 y 2010. En esos años se hizo público que miles de ciudadanos habían sido asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas para luego ser presentados como guerrilleros abatidos en combates. Un fenómeno trágico de la guerra colombiana conocido como falsos positivos. En 2019 se estimaba que eran al menos 5.763 personas asesinadas de esa forma, cifra que está escrita en la esquina izquierda del mural. Abajo de la cara de cada general están las cifras estimadas de los asesinados en las zonas donde los cinco comandaban. ¿Fueron ellos quienes dieron la orden? ¿Fueron otros más arriba?

“La construcción de la pieza gráfica se hizo de manera colectiva, y para ello, se tuvo en cuenta cada idea o deseo que pudieran tener los grupos de víctimas”, dice a El País el artista urbano que diseñó el mural, conocido como Corrosivo Carsal. “El día [en que pintamos el mural] un grupo de policías y militares nos hostigaron y reclamaron de forma agresiva, exigiéndonos información personal, y a mí me impusieron un comparendo (una sanción) por un supuesto daño en bien público”. En esa esquina de Bogotá no era daño al bien público, se sabría después por la alcaldía, y el mural logró ser pintado.

“Lo que la Corte Constitucional dijo es que el mensaje del mural es de interés público para la sociedad colombiana”, dice Daniela Rodríguez, una de las abogadas del caso defendiendo al mural a nombre del Movice (Movimiento nacional de víctimas de crímenes del Estado), la organización de derechos humanos detrás de la iniciativa. “Y que si bien son las víctimas quienes piden verdad por estas ejecuciones extrajudiciales, toda la sociedad pide garantías de no repetición”, añade Rodríguez.

El lío legal arrancó cuando uno de los generales retratados, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, demandó el mural y su difusión en twitter a través de una tutela (un mecanismo especial del sistema judicial) argumentando que se estaba vulnerando su buen nombre, su honra, y su derecho a un debido proceso. Uno de sus argumentos centrales decía que no había una sentencia judicial en su contra por las acusaciones de falsos positivos, y que por ende no se le debía señalar como culpable de antemano en un mural. Un juez en Bogotá rechazó su petición de retirar el mural, pero no tanto por sus argumentos, sino porque consideraba que el general debió exigir primero una rectificación al Movice antes de acudir a la justicia. Pero el general no paró allí. Pidió que se revisara la decisión, y logró que en febrero del 2020 otro juez de Bogotá ordenara al Movice retirar –en 48 horas– la imagen de murales, redes sociales o medios de comunicación. Algo imposible de cumplir: la imagen del mural ya había sido compartida cientos de veces por usuarios de redes sociales.

Como era obvio, en vez de silenciar el mural, la decisión lo que hizo fue volverlo más viral de lo que ya era. A principios del 2020 miles de usuarios de Twitter, Facebook o Instagram publicaron en sus perfiles la imagen del mural que, además, fue añadiendo nueva información que se conocía sobre los falsos positivos en la Justicia Especial para la Paz, o JEP, como se conoce un tribunal de justicia transicional. Si la primera versión del mural hablaba de al menos 5.763 casos, la última mencionaba al menos 6.402 personas asesinadas. Si la primera versión tenía solo a cinco generales como posibles responsables, la última ya tiene las caras de 13 grandes mandos del Ejército.

“El mural se volvió patrimonio de la sociedad”, dice a EL PAÍS Alexander Castro, familiar de dos víctimas de crímenes de Estado. Castro explica que en octubre del 2006 tanto su tío como su hermano fueron asesinados y presentados por el ejército como miembros de la guerrilla del ELN. Desde que apareció el mural en 2019, él ha hecho parte del esfuerzo por difundir la imagen no solo en redes sino en calcomanías, pendones o camisetas (hoy, se encuentra hasta en las mascarillas). “Esta es la forma de expresar nuestra tristeza, pero también nuestra lucha por la verdad”, añade Castro. Los militares, dice, “saben que estas cifras son ciertas: 6.402 es una cifra que se encontró con investigaciones, y si ellos tienen ese honor que dicen que tuvieron en el ejército, no tienen ese honor ahora para reconocer la verdad”. Lo que quiere, insiste, es que los militares respondan a la pregunta: ¿Quién dio la orden?

El Movice demandó en 2020 la segunda decisión judicial que buscaba censurar el mural y eventualmente saltó a la última instancia, la Corte Constitucional, que decidió ver la evidencia y pronunciarse al respecto. El fallo hecho público esta semana no solamente es un enorme mensaje en apoyo al arte callejero, sino también a la libertad de expresión y al derecho a la memoria que tienen las víctimas de la guerra en Colombia.

Debido “al inmenso impacto que ha tenido en nuestra sociedad el fenómeno de los denominados ‘falsos positivos’”, dice el fallo, “la manifestación y los datos que se relacionan en la imagen en cuestión son de evidente interés público”. El general que demandó, además, no es un ciudadano cualquiera sino un funcionario público, y por ende “se encuentra sujeto al escrutinio ciudadano”. En otras palabras, los ciudadanos tienen derecho a cuestionar públicamente su autoridad y sus acciones. Las expresiones del mural, añade la corte, no son desproporcionadas ya que en el mural no se está atribuyendo una responsabilidad sino cuestionando de quién es la responsabilidad. “¿Quién dio la orden?” pregunta claramente el mural. “El mensaje que se quiere enviar a la comunidad [con esta imagen] es que las víctimas de estos crímenes exigen la verdad”, dice la decisión. Un intento por censurar ese esfuerzo, en cambio, “puede resultar en la revictimización de los afectados por los respectivos crímenes”.

La Corte dice que la información del mural además estaba basada en fuentes confiables –investigaciones judiciales o informes de derechos humanos– así que no se trata de afirmaciones que se inventaron los del Movice caprichosamente. Además, aclaran los jueces, no es cierto que solo se pueda hablar de los posibles crímenes de un funcionario hasta que haya una sentencia judicial sobre los casos. Eso volvería imposible denunciar a alguien hasta que un juez intervenga.

“La verdad no solo se alcanza en escenarios judiciales”, dice el fallo. Otra forma de decir que la memoria no es monopolio de los jueces. La memoria también puede estar en la calle y sus murales.

“Yo no sé de otro caso como este, creo que es un caso sui generis”, dice Rodríguez, la abogada en el caso, sobre la primera vez que la Corte Constitucional sale a defender a un mural. “Me parece que es un fallo que cobra relevancia porque no solo está protegiendo la libertad de expresión”, añade, “sino porque muestra cómo ese derecho a la libertad de expresión se relaciona con el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, y a la exigencia que hacen las víctimas de que el sistema los reconozca”.

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