El tribunal de paz de Colombia imputa a otros 15 militares por 127 asesinatos de civiles presentados como ‘falsos positivos’

La justicia transicional en Colombia ha pisado el acelerador. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los hechos más graves ocurridos en el marco del conflicto armado, ha imputado este jueves crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 militares por 127 asesinatos en la costa Caribe como parte del proceso por los ‘falsos positivos’, el eufemismo con el que se conocen en el país los asesinatos de civiles por parte de uniformados para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Es uno de los casos más emblemáticos del tribunal de paz.

“Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con los paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’”, señaló el magistrado Óscar Parra, uno de los relatores del caso, al leer un comunicado en la sede de la jurisdicción surgida de los acuerdos de paz, en el norte de Bogotá. “La JEP continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por acción u omisión”, apuntó.

La Sala de Reconocimiento de la JEP acusó de homicidio y desaparición forzada a los 15 militares –que incluyen dos tenientes coroneles–, a los que considera máximos responsables por su participación en los crímenes atribuidos al batallón La Popa, con sede en Valledupar, la capital del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, entre el 9 de enero 2002 y el 9 de julio 2005, con varios indígenas entre las víctimas. Los pueblos Wiwa y Kankuamo sufrieron un daño “particularmente grave, diferenciado y desproporcionado” por las acciones de ese batallón, subrayó el tribunal.

También encontró que los imputados “hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como ‘bajas en combate’ a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares”. En los años investigados, el batallón estuvo comandado por Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa. Las pesquisas determinaron que el 87% de los resultados operacionales reportados durante la comandancia del coronel Mejía fueron asesinatos y desapariciones. Los militares tienen ahora 30 días para decidir si reconocen los hechos.

Es la segunda imputación en el caso 03, que investiga “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, después de que el tribunal ya había imputado este mes a una decena de militares, entre ellos un general, por 120 asesinatos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, un departamento fronterizo con Venezuela, entre 2007 y 2008. Esos asesinatos buscaban aumentar las estadísticas oficiales de éxito militar como parte de un conflicto armado que dejó más de nueve millones de víctimas. Los ‘falsos positivos’ son uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas en décadas de campaña contrainsurgente.

“La JEP ve que el patrón de criminalidad del Catatumbo se repite con particularidades propias también en el batallón La Popa. Tendrá que continuar las investigaciones para establecer si respecto de las demás unidades militares ubicadas a lo largo y ancho de la geografía nacional, y en distintos tiempos, se repite el patrón”, señaló el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP. Se esperan por lo menos seis imputaciones como parte del caso 03, que además de Catatumbo y la Costa Caribe ha priorizado los departamentos de Antioquia, Huila, Casanare y Meta, en una muestra de lo extendido del fenómeno.

Los ‘falsos positivos’ fueron perpetrados mayoritariamente entre 2002 y 2010, durante los dos periodos del expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor a la negociación de paz con la guerrilla de las FARC. Sus múltiples ramificaciones han sido una fuente permanente de conmoción en una sociedad en transición, que, sin esquivar la verdad, busca una reconciliación que ha sido esquiva en medio de la polarización política. En febrero, la JEP estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 víctimas de estos crímenes.

“Lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam”, declaró el mes pasado el expresidente Juan Manuel Santos al comparecer ante la Comisión de la Verdad. Allí defendió su papel como ministro de Defensa del Gobierno Uribe para acabar con las ejecuciones extrajudiciales y pidió perdón a las víctimas de ‘falsos positivos’.

Considerada la columna vertebral de los acuerdos sellados a finales de 2016, la JEP trabaja a todo vapor en este 2021 con imputaciones en los dos casos más avanzados entre los siete grandes procesos –o ‘macrocasos’– que ha abierto. En enero ya había imputado a la cúpula de las FARC en el caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por la extinta guerrilla. El tribunal, junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, forma parte del rebautizado Sistema Integral para la Paz, que como ocurrió en su momento con las negociaciones ha contado con el decidido apoyo de la comunidad internacional.

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