“Me convertí en asesino”: militares colombianos reconocen ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba

Hace unos 20 años ellos estaban vestidos con uniforme camuflado cometiendo crímenes de Estado. Hoy se visten de pantalón y camisa blanca para ofrecer transparencia, para confesar cómo asesinaron y desaparecieron a 49 ciudadanos y cómo escondieron sus cuerpos en un cementerio para que sus familiares no pudieran encontrarlos. Un grupo de ocho militares reconocieron públicamente, este martes, ser los máximos responsables de esos asesinatos. Lo hicieron ante los familiares de las 49 víctimas, que llevan dos décadas buscando esclarecer al pasado.

La confesión ocurrió ante el tribunal especial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a los máximos responsables de la fuerza pública y de la extinta guerrilla de las FARC desde que se firmó un acuerdo de paz entre esos dos bandos en 2016—y otorga beneficios judiciales a quienes reconocen su responsabilidad en crímenes de guerra―. La audiencia es parte del macrocaso de falsos positivos, como se conoce a los más de 6.000 asesinatos de civiles cometidos por militares que los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate. Varios generales han negado su responsabilidad en estos, pero varios soldados y coroneles la han admitido. Así ocurre en Dabeiba, un caso emblemático porque en el cementerio de este municipio de Antioquia fueron ocultados los cuerpos de ciudadanos asesinados por los militares. Un campo santo se convirtió en fosa común.

“Todo el que se vistiera de negro, era guerrillero”, contó el mayor retirado Yaír Leandro Rodríguez Giraldo cuando habló de uno de los asesinados: Edison Alexander Lezcano Hurtado. El crimen ocurrió el 18 de mayo del 2002 en la zona rural del municipio, en una época en la que el ejército combatía contra la guerrilla en la zona, que controla la salida por tierra hacia el Golfo del Urabá, sobre el mar Caribe. Rodríguez tomó aire antes de contar cómo lo mataron: todo el que estuviera en una zona cerca a donde ocurrían los combates, cualquier campesino, podía ser una víctima. “No pensé en el daño que yo podía causar, teníamos a todo el mundo estigmatizado”, confesó. Llamó al comandante del batallón, quien le dijo que sí, que matara al hombre que vivía en esa casa rural.

“Me convertí en un asesino”, dijo ante la esposa y madre del campesino. “Lamento ser el causante de la muerte de Edison Alexander Lezcano Hurtado, que ya no le pueda cantar los vallenatos en la mañana a su familia”, añadió. La esposa arrancó a llorar al escuchar esa última frase, y un silencio denso se tomó la audiencia por unos segundos. El mayor retirado no pudo hablar más, conmovido, y su intervención, conocida en la JEP como contribución, terminó con esa disculpa.

Además de los ocho máximos responsables, varios soldados que ejecutaron órdenes también hablaron este martes ante las familias. Dieron más detalles macabros: buscaban a personas vulnerables en ciudades como Turbo, o a habitantes de la calle adictos a las drogas, para llevarlos engañados a Dabeiba, asesinarlos, y camuflar sus identidades. ¿Cómo? A algunos les dispararon varias veces en la cara para que no los pudieran reconocer. A otros les quemaron sus cédulas de ciudadanía para que ningún organismo judicial pudiera rastrearlos. Y sabían que, si consideraban confesar esos delitos ante la justicia, podían matarles.

“Debía haber denunciado”, dijo arrepentido el coronel retirado Efraín Enrique Prada Correa, quien reconoció ser responsable de ocultar la identidad de varias de las víctimas. “Pero si lo hubiera hecho, hoy no estuviera de este lado, estaría del lado de ustedes”. Es decir, no del lado de los victimarios, sino de las víctimas. Así le ocurrió al subteniente Jesús Javier Suárez Caro, un militar asesinado después de que se opusiera a cometer falsos positivos, según recordó Prada Correa. “Si usted quiere que le pase lo mismo que le pasó al teniente Suárez, o le pase a sus hijos...”, le decían otros, como el también coronel Jorge Amor Páez, quien no ha admitido ante la JEP ser responsable de estos crímenes. “En ese momento comprendí”, dijo Prada.

El caso de Dabeiba también es particular porque al menos 12 personas han recibido amenazas durante la investigación que adelanta la JEP desde hace varios años. “Les decimos a aquellos que han querido cubrir con impunidad y violencia estos crímenes internacionales, sus despreciables métodos no van a amedrentar a la justicia colombiana”, dijo en la audiencia el magistrado Alejandro Ramelli, quien ha sido amenazado por el grupo paramilitar llamado Clan del Golfo. Otro de los que ha recibido amenazas es el soldado retirado Levis Contreras, quien ha admitido ser responsable de más de 40 asesinatos en Dabeiba y sus alrededores. Cuando Ramelli le preguntó si sabe quién está detrás de esas amenazas, Contreras respondió que no sabía, “pero son personas que no quieren que este macabro hecho, que sucedió aquí en esta región, que salga a la luz”.

La JEP ha recibido el respaldo del gobierno de Gustavo Petro. En la audiencia estaban presentes los ministros de Justicia, Néstor Osuna, y de Defensa, Iván Velásquez, así como el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Este último reconoció la valentía de las víctimas presentes, no solo por buscar la verdad durante dos décadas, sino por seguirlo haciendo hoy, cuando en la zona hacen presencia grupos criminales que pueden amenazar sus vidas. “A quienes controlan ilegalmente este territorio, les estamos invitando a parar la violencia”, dijo Rueda, vocero de la política de paz total. Frente al miedo de que la fuerza pública intente entorpecer el proceso de investigación, el ministro de Defensa aseguró que “no generaremos ninguna restricción” para que un militar pueda aportar toda la verdad. “Estamos reconstruyendo la dignidad colectiva”, añadió.

Ausentes estuvieron los altos mandos señalados por sus antiguos colegas, que no han admitido ninguna responsabilidad en los crímenes. Entre ellos están los coroneles Jorge Alberto Amor y David Herley Guzmán Ramírez, cuyos casos pasarán a un juicio, sin los beneficios que ofrece la JEP a quienes admiten crímenes de guerra —y el tribunal parece no tener dudas de que ambos fueron parte responsable de estos asesinatos―.

Pero el mayor ausente es el general Mario Montoya, quien era la mayor autoridad en la zona hace dos décadas y quien ha sido señalado en múltiples testimonios como uno de los máximos responsables a nivel nacional, algo que él siempre ha negado. Al final de la audiencia en Dabeiba habló el sargento retirado Fidel Ochoa, quien recordó a Montoya. “Esta práctica se volvió sistemática con la llegada del general Mario Montoya a la Séptima División y luego a la comandancia del Ejército”, dijo sobre los falsos positivos. Ochoa recordó que el general Montoya decía, en programas radiales, con cada comandante de pelotón: “Yo no necesito litros de sangre, yo necesito carro-tanques de sangre”. Sangre que fue regada sobre los cementerios.

El proceso de aporte de verdad de los responsables que han admitido su culpa ante la JEP ya ha permitido identificar los restos a 11 de las víctimas en el cementerio Las Mercedes. Pero faltan por lo menos 38 más. “Estamos ante la punta del iceberg con el cementerio de Dabeiba”, dijo el magistrado Ramelli. La idea de la JEP es ver a todo el iceberg, transparente y completo.

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