La fiscalía de la JEP pide 20 años de cárcel para el coronel retirado Hernán Mejía por 72 falsos positivos

El coronel retirado Publio Hernán Mejía ha sido acusado este lunes de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura. Así lo ha informado en una rueda de prensa la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pide 20 años de prisión para el militar y lo señala como el responsable de 72 ejecuciones extrajudiciales —conocidas como “falsos positivos”— entre diciembre de 2001 y noviembre de 2003. Asimismo, el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo, ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investiguen si hubo negligencia en los procesos judiciales anteriores.

“Los fiscales y el cuerpo de investigadores de la UIA lograron establecer que el señor Mejía (...) creó, con algunos de los miembros del batallón La Popa, una estructura armada que se dedicó a matar, a desaparecer y a torturar personas”, ha remarcado Álvarez, en referencia a los civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate y que, en su mayoría, eran jóvenes con carencias económicas y de origen campesino o indígena. Según el fiscal, la finalidad era “crear una falsa apariencia de eficiencia y seguridad” en el Cesar: “[El objetivo era] mostrar resultados operacionales falsos que finalmente lo hicieron ver como un militar eficiente y admirado por muchos colombianos”.

Mejía está procesado como parte del macrocaso 03 de la JEP, que investiga por lo menos 6.402 “falsos positivos” que ocurrieron durante los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), entre 2002 y 2008. Es uno de los militares declarados como responsables en el subcaso que indaga a varios integrantes del Batallón La Popa, de Valledupar, por el homicidio de 127 personas entre 2002 y 2005 en asociación con grupos paramilitares. El coronel retirado fue el comandante de la unidad entre enero de 2002 y diciembre de 2003, cuando se registraron 75 ejecuciones.

La Sala de Reconocimiento de la JEP trasladó en mayo el caso de Mejía a la UIA, después de considerar que el militar retirado no había demostrado voluntad de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas. Eso significa que perdió el acceso a los beneficios de penas alternativas a la cárcel que tenía desde 2017 por haberse acogido a la JEP, la justicia transicional acordada entre el Estado y las extintas FARC en los acuerdos de paz de 2016. No obstante, Álvarez ha comentado en la rueda de prensa que Mejía no se encuentra detenido. Según ha explicado después a este periódico, esto se debe a que la orden de detención que impartió la JEP ha sido apelada por la defensa del coronel retirado.

Las víctimas del Ejército solicitan desde hace años la expulsión de Mejía y de otros altos oficiales del tribunal de paz. De acuerdo con la JEP, el excomandante de La Popa ha buscado en reiteradas ocasiones socavar la legitimidad del proceso de paz, descalificar a los demás comparecientes y fomentar discursos de odio. Ha dicho que las acusaciones en su contra son “mendaces” y “criminales versiones” y ha pedido que la ciudadanía se levante contra “una emboscada internacional”, en referencia al proceso de paz. “Nuestra generación fue esa que le dio un Nobel de la Paz a un bandido y le entregó el país al narcoterrorismo”, dijo en una ocasión para referirse al expresidente Juan Manuel Santos.

Álvarez ha explicado que ahora se abren dos opciones para Mejía. La primera es que reconozca su responsabilidad, lo cual “aceleraría el trámite procesal” y llevaría a que se abra un proceso de interlocución con las víctimas para establecer mecanismos de reparación. En ese caso, el proceso continuaría en la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal. La segunda es que no acepte las acusaciones y que vaya a juicio.

“Negligencia” en investigaciones previas

El director de la UIA ha enfatizado en que se han enviado copias de la acusación a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La intención es que estas entidades verifiquen si el actuar de algunos de sus funcionarios en el pasado puede conllevar responsabilidad penal o disciplinaria por “la negligencia con la que manejaron las investigaciones”. Según Álvarez, hubo denuncias que en su momento “no fueron investigadas debidamente” en la Fiscalía y que fueron remitidas a la justicia penal militar, la cual tampoco actuó con diligencia.

El funcionario ha resaltado que los familiares nunca dejaron de denunciar, pese a las decisiones adversas de la justicia. Eran contundentes en sus acusaciones: una y otra vez declararon que sus hijos habían sido llevados por miembros de la Fuerza Pública, “sin que estuvieran haciendo nada”. “La justicia penal militar archivó investigaciones, aun teniendo declaraciones de los familiares, que hacían manifestaciones directas de que sabían quienes habían ejecutado las conductas”, ha recordado el jefe de la UIA.

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