La JEP acepta al exparamilitar Salvatore Mancuso bajo su jurisdicción

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha sido admitido este viernes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado en los acuerdos de paz con las extintas FARC para procesar los casos graves de las conductas criminales más difundidas durante el conflicto armado. “Se pudo ver a una persona con una actitud distinta a la que los colombianos y las colombianas vieron en el Congreso de la República en el año 2004. [Está] dispuesto a dignificar a las víctimas, a reconocer su agencia y a ofrecerles una verdad plena”, ha remarcado la magistrada Heydi Patricia Baldosea, encargada de leer la decisión.

La JEP ha informado que admitirá a Mancuso en calidad de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública” entre 1989 y 2004. Esto significa que el tribunal se enfocará en su rol como “bisagra” entre los paramilitares y los altos mandos de la fuerza pública en el enfrentamiento con la guerrilla. Según explicó la magistrada María del Pilar Valencia, Mancuso permitió que la fuerza pública “incrementara sus resultados operacionales” y que las estructuras paramilitares se apoderaran de territorios estratégicos.

La admisión de Mancuso dentro de la JEP no significa que quede en libertad porque no le quita jurisdicción a Justicia y Paz, el sistema transicional creado en 2005 para llevar los casos de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Es Justicia y Paz quien debe resolver sobre la libertad de Salvatore Mancuso Gómez”, precisó el magistrado Pedro Díaz Romero en una rueda de prensa posterior a la decisión de este viernes. La JEP complementará los procesos del otro tribunal, que se enfoca en el carácter de Mancuso como paramilitar y no en los vínculos con el Estado.

La división de competencias entre la JEP y Justicia y Paz fue motivo de desacuerdo entre los magistrados. Valencia, en minoría, consideró en un salvamento que las competencias deberían quedar centralizadas en la JEP para no fragmentar la investigación y no limitar las posibilidades de otorgar beneficios a la persona sometida.

El tribunal ha considerado que el exlíder paramilitar, que siguió la audiencia por videollamada desde Estados Unidos, ha mostrado su capacidad para brindar información privilegiada y novedosa. “Pudo evidenciarse que tiene conocimiento de diferentes repertorios de violencia desplegados conjuntamente con líderes de la fuerza pública”, ha declarado el tribunal. Se han compulsado copias a la Fiscalía y la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para que definan si investigan a más de 300 personas que mencionó el exjefe paramilitar.

La justicia también valoró que Mancuso hubiera reconocido su responsabilidad y mostrado voluntad de participar en acciones de reparación. “Hubo reconocimientos taxativos sobre los repertorios de violencia desplegados y sobre la estigmatización que sufrieron comunidades campesinas, líderes políticos, pueblos étnicos, mujeres y pueblo LGBTI”, han destacado los magistrados.

Beneficios

“Puede causar extrañeza pensar en qué beneficio tiene [Mancuso] de ingresar a la JEP. Pero el señor Mancuso ha sido muy claro en las audiencias en que él desea contribuir a la reparación de las víctimas en un proceso restaurativo, que es nuestra diferencia con Justicia y Paz. (...) Y que sus aportes van a significar mucho en sus posibilidades de reincorporarse a la sociedad”, respondió Romero ante la consulta de una periodista sobre las motivaciones del exparamilitar para ingresar a la JEP.

Mancuso, un hacendado de Montería (Córdoba) convertido en señor de la guerra, está acusado de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas. Detenido en Estados Unidos, en mayo profundizó sobre los nexos entre los paramilitares y el Estado como parte de su estrategia para acceder a los beneficios judiciales de la JEP. “[El expresidente Álvaro] Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, comentó en referencia al asesinato, en 2003, del entonces alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. “Nos entregaban listados y entonces íbamos y golpeábamos a las casas y los matábamos porque nos decían que eran guerrilleros”, dijo sobre su rol como jefe de un grupo que integraban policías y miembros del Ejército.

En agosto, el presidente Gustavo Petro designó a Mancuso como gestor de paz. “El proceso entre el Gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad”, justificó. Se trata de una figura pensada para gestionar acuerdos con grupos ilegales, y puede implicar el levantamiento temporal de órdenes de captura. No obstante, aún no hay claridad sobre la extradición del exlíder paramilitar, que ha expresado en varias ocasiones su intención de regresar al país. El fiscal general, Francisco Barbosa, ha asegurado que no levantará las órdenes de captura de miembros de grupos no reconocidos como políticos hasta que el Congreso apruebe una ley de sometimiento a la justicia.

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