Siete años y cero sentencias: crece la presión sobre la JEP

En los siete años que lleva funcionando, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto once frentes de investigación sobre los patrones de delitos cometidos en el conflicto en Colombia. Los secuestros, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes cometidos por la Fuerza Pública o las particularidades en la violencia contra los grupos étnicos, son algunos de los macrocasos que ha abierto la justicia transicional pactada en los Acuerdos de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Todos buscan cumplir con una de las promesas del Acuerdo: que los máximos responsables del conflicto salden sus deudas con la justicia. Sin embargo, han pasado siete años desde que inició su funcionamiento y no ha producido ninguna sentencia. Eso solo aumenta una presión que viene desde varios lados y se suma a las viejas críticas de la oposición uribista, a la que se han ido sumando voces más defensoras del pacto que puso fin a la que fue la guerrilla más vieja del continente.

Este año, varios de ellos comenzaron a poner sobre la mesa la idea de consolidar un “tribunal de cierre” diferente a la JEP, y encargado de agilizar los procesos judiciales y darle un vuelco a la justicia transicional. La discusión llegó a la mesa, inicialmente, por el descontento de excombatientes como Rodrigo Londoño, su jefe en armas y persona decisiva para la firma de la paz. El antes conocido como Timochenko ha calificado el trabajo de la JEP, encargada de juzgarlo a él, como “lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista”. Recuerda que, aunque esa justicia está cerca de completar la mitad de su mandato de 15 años, no ha producido ninguna sentencia en los 11 macrocasos. “Como signatario del Acuerdo de Paz he expresado que la JEP decidió, por voluntad de sus magistrados, tomar distancia de la única y principal tarea que se les encomendó: constituirse en tribunal de cierre para la construcción de una paz estable y duradera”, escribió este jueves en su cuenta de X. En otras palabras, cuando se acerca la que sería la primera sanción contra los firmantes que han aceptado haber sido los máximos responsables de centenares de secuestros, el más visible de ellos pide celeridad y una visión más restaurativa que castigadora.

Pero no se trata solo de una parte interesada. Paola Molano, la coordinadora de la línea de justicia de la reputada oenegé Dejusticia y quien trabajó en la oficina del alto comisionado de Paz de Juan Manuel Santos durante la negociación, se suma a las críticas. La experta ha expresado su preocupación señalando un caso particularmente notorio. En octubre de 2022, esa justicia imputó cargos a 11 militares por los asesinatos de civiles mal llamados falsos positivos, uno de los crímenes que más sacudieron a una sociedad que ha vivido décadas de conflicto. Casi dos años después, ni ha sancionado a los responsables ni ha reparado a las víctimas. Recuerda que lo algo similar ha sucedido con el antiguo secretariado de las FARC, a cuyos miembros les imputó los delitos de secuestro y esclavitud en abril de este año, pero sobre quienes tampoco se conoce qué sanciones deberán cumplir. “Es importante que asuman un enfoque que opte por decisiones colectivas, en lugar de la fórmula caso a caso”, señala Molano. Justamente, ante el incontable número de delitos cometidos en décadas del conflicto, el Acuerdo prevé que la JEP seleccione los casos más graves de los delitos más representativos, y procese a sus máximos responsables.

La abogada pone el dedo sobre un procedimiento que parece usual, pero que es objeto de polémica porque parece abrir un boquete al dique de la priorización. En una sentencia de mayo de 2023, el tribunal especificó las reglas que se deben aplicar para determinar quiénes son los máximos responsables de los delitos. Yesid Reyes, ministro de Justicia del Gobierno Santos y defensor del Acuerdo, le explicó a este diario que ese asunto interno podría dilatar aún más las decisiones del Tribunal de Paz. “Le autorizan a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas propone hacer una segunda selección de quiénes son los máximos responsables del conflicto, de acuerdo a si esa persona ha contado o no toda la verdad”, señala el penalista, quien de hecho fue elegido magistrado del tribunal, pero prefirió no asumir el cargo. Explica que eso significa que la JEP valoraría las versiones y declaraciones que han entregado los excombatientes para luego determinar su nivel de responsabilidad y definir si los procesa o no, duplicando el filtro de quién es máximo responsable y agravando la situación los procesados. “En términos prácticos, eso significa que, a través de esa sentencia, la JEP va terminar llamando otra vez a todos los reincorporados para exigirles verdad y al que no la dé, lo calificarán como máximo responsable”, explica.

Según Reyes, si la JEP continúa con esa metodología, no le alcanzará el tiempo que le queda para tomar decisiones de fondo. Por ello, demandó ante la Corte Constitucional. Un informe de Dejusticia alerta que el asunto va más allá de un problema de normas, pues podría afectar a las víctimas del conflicto que esperan respuestas y reparación. “Las demoras y la falta de decisiones definitivas sobre los comparecientes no solo los afecta a ellos, sino también a las víctimas, que no han podido acceder a los aportes de verdad de los comparecientes y tampoco a las medidas restaurativas”, se lee en el documento.

El expresidente Juan Manuel Santos se sumó a las críticas contra la JEP y se pronunció en un encuentro de la jurisdicción constitucional. Este jueves, en su intervención, pidió a la Corte Constitucional que revise la demanda de Reyes. “Necesita que le den instrucciones para que [La JEP] no continúe con una actitud maximalista. Si continúa con esa actitud, la JEP no va a cumplir con los términos, va a terminar su período sin haber resuelto el tema de la justicia”, dijo en su intervención. En diálogo con EL PAÍS, el abogado Sebastián Bojacá, de la Comisión Colombiana de Juristas, explica que el tribunal no solo debe cumplir con sus tiempos, sino garantizar que no haya impunidad para las víctimas “y que alcancen a ver la reparación de sus casos”.

A esas críticas se ha sumado el alto comisionado de Paz del Gobierno de Gustavo Petro, Otty Patiño. “Tenemos otros frentes de trabajo como el cierre del proceso de Justicia y Paz [la justicia transicional pactada en 2005 con los extintos paramilitares de las AUC] y el mismo cierre de la JEP” dijo en una entrevista a El Espectador, para luego afirmar que piensan en un posible tribunal único de cierre de esos dos procesos y un eventual acuerdo con la guerrilla del ELN. El presidente de la JEP, Roberto Vidal, respondió recordando que cerrar la JEP sería una violación a acuerdos internacionales que podría activar la presencia de la Corte Penal Internacional en Colombia. Ante eso, el funcionario aclaró que el Ejecutivo no pretende acabar con la Jurisdicción antes de tiempo, pero afirmó que su lento funcionamiento “genera inseguridad jurídica para el país” y que “deben ir cerrando casos”. Lo mismo que dicen Santos, Londoño, Reyes o los observadores expertos, y algo que, por ahora, parece lejos de ocurrir.