Con la llegada de Miguel Polo Rosero comienza la sacudida de la Corte Constitucional de Colombia

La Corte Constitucional de Colombia, a la vanguardia de América Latina, se prepara para un cambio sustancial. Con una trascendental decisión pendiente sobre la reforma pensional, el mayor logro entre las atascadas transformaciones sociales que promete el Gobierno de Gustavo Petro, Miguel Polo Rosero releva desde este miércoles a Antonio José Lizarazo. Es el primero de los cuatro nuevos magistrados que le cambiarán el rostro en este 2025 al alto tribunal de nueve miembros, que ha jugado un papel crucial para la democracia colombiana por más de 30 años. Una considerable sacudida en unos pocos meses.

La preciada Corte no es ajena a las tempestades. Tras su histórico fallo sobre el aborto, que lo despenalizó hasta la 24ª semana a principios de 2022, fue duramente cuestionada por el entonces presidente, el conservador Iván Duque, en uno de muchos ejemplos de choques con los Ejecutivos. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo es ilustrativo de un largo camino. En Colombia, muchas libertades individuales han avanzado a golpe de sentencias de la Corte, nacida de la Constitución Política de 1991. Más de un observador la ha considerado más de avanzada que la propia sociedad, aunque los problemas jurídicos que se le presentan no siempre tienen una carga ideológica o política tan fuerte.

Con el aborto, al igual que con otras discusiones que provocan choques de valores, como la eutanasia o los derechos de parejas del mismo sexo para casarse o adoptar, la Corte ha instado al Congreso a legislar al respecto en más de una ocasión. Ante la inacción de los legisladores, que suelen esquivar los temas espinosos, ha vuelto a pronunciarse gracias a nuevas demandas. Ahora mismo, además del examen a la reforma pensional, debe pronunciarse sobre el estado de conmoción interior que declaró el Gobierno en el arranque del año para atender la enorme crisis humanitaria –y de seguridad– en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. La Corte, entre muchas otras labores, puede anular decretos que emita el Ejecutivo en estados de excepción como este, por vicios de fondo o de forma que tengan que ver con su constitucionalidad.

Sus decisiones suelen agitar de cuando en cuando el debate público, pero la Corte Constitucional no es monolítica. Varias camadas de magistrados le han ido dando forma en distintos periodos. Solo a lo largo de este 2025, el Senado de la República tendrá la última palabra para escoger el reemplazo de otros tres magistrados, en momentos en que las cortes se han convertido en un contrapeso del presidente.

“Aunque Petro inició su mandato reafirmando su compromiso con la independencia judicial, su relación con las altas cortes se ha deteriorado”, advierte un análisis de las tensiones entre las ramas del poder de la consultora Colombia Risk Analysis. La ausencia del presidente en la posesión de dos magistrados de las altas cortes en 2022, en el primer semestre de su mandato, fue percibido como un desaire y marcó el inicio de esa relación tensa. La Constitucional, por otra parte, ha tomado decisiones que han afectado directamente las iniciativas de Gobierno, como la anulación de partes sensibles de la reforma tributaria o del Plan Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con la Constitución, que busca un tribunal plural y diverso, el Senado escoge a cada nuevo magistrado a partir de ternas que tienen distintos orígenes. Tres de ellas corresponden al presidente –Petro ya presentó una, de la que salió escogido Vladimir Fernández, y podrá presentar otra más–, tres a la Corte Suprema de Justicia y las tres restantes al Consejo de Estado. Ese diseño institucional tiende a instalar algunos magistrados más cercanos a las visiones políticas y jurídicas de los presidentes, ternados por ellos, y otros más cercanos a las visiones de las otras altas cortes. Los periodos de ocho años se han ido moviendo, debido a las renuncias de algunos antes de concluir su periodo.

El diseño de la elección ha servido para el propósito de que sea una corte diversa, pues todas las ramas del poder público participan, apuntan los constitucionalistas. Aunque no ha asegurado a la diversidad de género, étnica o regional a la que podría aspirar, en términos generales ha funcionado. A lo largo de su historia, las posturas más conservadoras y más liberales han podido convivir y dar lugar a una jurisprudencia consistente. Las decisiones ante las acciones de tutela, en las que las personas buscan la protección inmediata de sus derechos fundamentales, suelen ser más progresistas, mientras que las de constitucionalidad, producto de demandas ciudadanas contra las leyes, suelen ser más conservadoras. En un país presidencialista, el mandatario de turno suele dejar una impronta en la Corte, y no solamente en los magistrados que postula.

“Es importante prestarle atención a los procesos de selección, porque la Corte Constitucional toma decisiones trascendentales en la vida del país”, enfatiza Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, en Medellín. Aboga por una mayor transparencia y califica como problemático que los últimos presidentes hayan ternado a sus secretarios jurídicos –entre ellos Petro, con Vladimir Fernández– o a personas muy cercanas, más allá de sus credenciales como juristas. De los tres magistrados que faltan por escoger en 2025, uno corresponde a otra terna de Petro y los dos restantes a la Corte Suprema de Justicia. “La preocupación de la Corte Suprema debe ser postular a juristas idóneos para ocupar el cargo, más que ahondar en la tensión o hacer frente a las políticas de Gobierno”, advierte Hoyos al apelar a la colaboración armónica entre las ramas del poder público, que contempla la propia Constitución.