La expulsión de los tres irlandeses que entrenaron a las FARC cierra el capítulo de los extranjeros en la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional creada a raíz del Acuerdo de Paz con las extintas FARC, ha expulsado de su sistema a Martin John McCauley, Niall Terrence Connolly y Séamus O’ Muineacháin, tres irlandeses condenados en 2004 por haber entrenado a combatientes de esa guerrilla. Su caso es icónico porque era el único que indagaba en la participación de grupos armados extranjeros en el conflicto armado colombiano. Con su expulsión, ese tribunal se queda sin casos para profundizar en esa faceta de la guerra.

Los otros extranjeros relacionados con las FARC que han comparecido ante la JEP son la neerlandesa Tanja Nijmeijer o el argentino Facundo Morales. Pero el caso de los irlandeses era una posibilidad inédita para saber si las FARC estuvieron relacionadas militarmente con grupos armados en otros países. Los extranjeros fueron señalados de ser miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por su sigla en inglés) y, según la justicia, llegaron a Colombia como instructores durante las fallidas negociaciones de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana.

Aunque fueron condenados cuando estaban fuera del país, desde entonces ha estado vigente una solicitud de extradición que se suspendió apenas en 2020, cuando la JEP les dio la posibilidad de ser amnistiados. A cambio, se comprometieron a contar sobre su participación en el conflicto y pormenores de lo que sabían sobre la guerrilla.

Los irlandeses ya habían dado su versión de los hechos a la ya clausurada Comisión de la Verdad, en cabeza del excomisionado Alejandro Valencia, entre 2021 y 2022. Valencia certificó a la JEP que los tres ciudadanos extranjeros hicieron dos aportes escritos sobre su verdad de la guerra en Colombia, en los que lograron registrar cuál fue el papel de otros Estados. “Por ejemplo, el rol de Cuba, de Estados Unidos, pero no tanto de los combatientes a modo personal”, explicó a este diario en una conversación telefónica.

Valencia también explicó que la Comisión de la Verdad logró avanzar en las diplomacias y apoyos insurgentes. “En una primera etapa, hubo apoyos políticos por parte de la Unión Soviética y China; en un segundo momento, a partir de la revolución cubana. Hubo apoyo no solo político sino logístico de países como Cuba, Libia y Vietnam”. Contó, además, que quedó pendiente esclarecer y estudiar el papel de otros Estados como Israel o Alemania en el conflicto colombiano.

Con ese antecedente, cuando los irlandeses pidieron someterse a la justicia transicional, los magistrados esperaban que dieran información para desentrañar varios interrogantes que nunca fueron resueltos, como la posible relación que llegó a tener el secretariado de las FARC con el IRA y otras organizaciones criminales internacionales, además de saber si la extinta guerrilla pagó por esos entrenamientos y cuáles eran las vías de contacto. Pero al tratarse de terceros, no de miembros de la extinta guerrilla, los tres extranjeros solo pueden ingresar a ese sistema especial de justicia, y beneficiarse de sus condenas reducidas o de amnistías, si aportan a la verdad.

Sin embargo, para los magistrados de la Sala de Amnistía e Indulto, eso nunca ocurrió, pese a que los irlandeses estuvieron sometidos a la JEP por más de tres años. En el auto de 66 páginas en el que toman la decisión de expulsarlos de esa justicia, publicado el 23 de mayo, argumentan que incumplieron los compromisos específicos que firmaron al momento de solicitar su ingreso.

En concreto, los magistrados explican que McCauley, Connolly y O’ Muineacháin nunca entregaron detalles de hechos desconocidos de la guerra, tampoco justificaron sus visitas a los campamentos guerrilleros y aseguraron que solo querían intercambiar opiniones sobre lo que pasaba en la guerra en Irlanda del Norte y en Colombia. Eso, a pesar de tener una condena de 17 años por falsificación de documentos y por entrenamiento para actividades ilícitas. “El hecho de alegar inocencia no exime a los comparecientes del deber de aportar verdad plena”, dice el documento judicial.

La decisión resalta que, entre las pruebas que la Fiscalía presentó contra los tres irlandeses en el caso juzgado en 2024, había documentación suficiente para pensar que “tenían por objetivo intercambiar tecnología sobre artefactos de fabricación casera y de capacitar a miembros de las FARC-EP”. Sin embargo, en sus declaraciones oficiales ante la JEP negaron esa relación y alegaron que en la jurisdicción ordinaria fueron víctimas de un “montaje judicial”.

“Los señores Mc Cauley, Connolly y O’ Muineacháin se limitaron a señalar que no tuvieron participación alguna en las conductas que les fueron atribuidas por la justicia colombiana”, se lee en el auto. Fue la misma línea argumentativa que, según una fuente que hizo parte del proceso hace dos décadas, ya habían hecho ante la justicia ordinaria. Y que, si bien es una defensa plausible, no aporta a la verdad ni al conocimiento de la guerra, como era su compromiso.

La magistrada Marcela Giraldo Muñoz se apartó de la decisión de sus colegas. En su salvamento de voto, argumentó que los extranjeros pueden no tener información sobre las actividades delictivas de las FARC, y, por lo tanto, no hay manera de que la aporten. También expone que, como jueces del Tribunal de Paz, los magistrados no pueden basarse únicamente en la condena de 2004. Justamente con esos argumentos, el abogado Diego Martínez, que representa a los irlandeses y a varios exguerrilleros, apeló la decisión de expulsión, que ahora espera una segunda instancia.

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