La ‘autodenuncia’ de Petro agita el debate sobre la implementación de la paz

La declaración de Gustavo Petro sorprendió a propios y extraños. Para sus críticos, se comportó una vez más como un jefe de oposición, en lugar de un jefe de Estado que se acerca al ecuador de su cuatrienio. El presidente de Colombia anticipó esta semana desde la Casa de Nariño que se propone denunciar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó a finales de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. “No puedo decir mentiras”, señaló sobre los incumplimientos. Se mostró frustrado, en particular, ante una reforma agraria que sigue sin hacerse realidad y un sistema de justicia transicional que a su juicio no es el tribunal de cierre que desearía.

Sus palabras, como un bumerán, provocaron una avalancha de reacciones, muchas de las cuales recordaban la recurrente crítica a la falta de ejecución de un Gobierno que se posesionó el 7 de agosto de 2022. “Es como una autodenuncia, que produce un estado de desconcierto. La comunidad internacional dice: ‘¿Cómo así que el jefe de Estado, que es el responsable, viene a denunciarse a sí mismo?’”, le dijo a Caracol Radio el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que critica Petro, que surgió de los propios acuerdos y está muy próximo a sus primeras decisiones de fondo.

Cumplido el séptimo año de implementación, el 49% de los compromisos se encuentra en nivel mínimo y no iniciado, sobre los cuales no se cuenta con evidencia que demuestre su viabilidad para ser completados antes de que venza el plazo de 15 años establecido para ello. Así lo ha advertido el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), encargado de hacerle seguimiento a lo pactado. En los últimos dos años se ha presentado el menor avance.

Algunos de los arquitectos de la paz con las FARC no tardaron en responder también al presidente. El senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos, calificó de “sorprendentes” las declaraciones. “Al Gobierno lo que le toca es cumplir. La reforma rural está dotada de las normas, falta la ejecución”, señaló a manera de ejemplo en un comunicado en el que apuntó que lo que ha faltado es voluntad. “Es cierto que el cumplimiento del acuerdo ha sido insuficiente. La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el Ejecutivo”. Las críticas a la JEP, en particular, deben ser explicadas por el Gobierno, remarcó.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, otro de los negociadores en La Habana, señaló que si Petro va a la ONU, espera que sea para comprometerse a acelerar la implementación. “Es cierto que va muy lento. Continúan los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las FARC en los territorios. No hay inversión en los 170 municipios PDET [Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los más afectados por el conflicto], prácticamente está paralizada. Y no hay nada tampoco en materia de sustitución social de cultivos ilícitos. Pero eso es responsabilidad del Gobierno nacional”, coincidió. Ojalá esas declaraciones, ahondó, “signifiquen una autocrítica para lo que no se ha hecho en estos dos años”.

El acuerdo de paz con las FARC ha sido un parteaguas de la política colombiana. Desde que Santos lo firmó, estuvo claro que la implementación iba a tardar en asentarse y requería el compromiso de varios gobiernos. La implementación, prevista para 15 años, está justo a mitad de camino. Su sucesor, Iván Duque (2018-2022), un ahijado político del expresidente Álvaro Uribe, fue elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos y se ausentó de casi todas las grandes citas relacionadas con los acuerdos de paz.

En un nítido contraste, Petro se posicionó en campaña como un entusiasta defensor de ese histórico pacto y asistió como presidente electo a la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, también surgida de los acuerdos, a la que Duque no se presentó. Sin embargo, desde que llegó al poder ha tenido más de un roce con los arquitectos de ese proceso, que a su vez han criticado los diálogos en curso con la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.

Las múltiples negociaciones de la paz total de Petro no deben opacar la implementación, subrayó el propio Santos en el séptimo aniversario de la firma del acuerdo del Teatro Colón, el pasado noviembre, una ceremonia en la que el actual presidente lo dejó plantado por segunda ocasión. La implementación es una condición fundamental para que cualquier otra negociación pueda prosperar en Colombia, remarcó Santos al lamentar la lentitud del Gobierno.

Además de los múltiples acercamientos con un archipiélago de grupos armados, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le corresponde esa otra tarea sobre la que se acumulan las críticas. La de fortalecer la implementación del acuerdo sellado a finales de 2016 con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –que incluye, entre otras, un capítulo dedicado a las medidas para garantizar la seguridad de los excombatientes–. Haciendo la retórica a un lado, el Gobierno ha demostrado una debilidad en la capacidad de ejecutar lo ya pactado, que incluye la protección de los firmantes de paz.

La Unidad de implementación del acuerdo final de paz, en cabeza de Gloria Cuartas, nació con el Gobierno de Petro para reemplazar a la extinta Consejería presidencial para la estabilización y consolidación, que funcionó durante el periodo de Iván Duque. Desde varios sectores le han pedido con insistencia al presidente Petro recuperar la figura de una Alta Consejería para darle más dientes al responsable de la implementación, que tenga autonomía, poder y presupuesto. Esa idea la puso a andar en público el propio Petro hace más de un año, pero nunca la cristalizó.

Además de la propia implementación, el encaje de las disidencias de las extintas FARC en la paz total, la ambiciosa política bandera de Petro, ha desatado un espinoso debate. Con el autodenominado Estado Mayor Central ya hay una mesa en marcha –al menos con una facción– y con la diezmada Segunda Marquetalia de Iván Márquez –que reapareció con vida recientemente– se ha anunciado una postergada instalación. Para los más escépticos, conceder al EMC vocería a nombre de una guerrilla que ya no existe es cuando menos inconveniente, y desconoce el acuerdo de 2016. Sergio Jaramillo, el comisionado de paz de Santos, ha dicho que reconocer al EMC como un actor armado con estatus político es “el peor error estratégico que se ha cometido en Colombia en los últimos 25 años y el daño más grande que se le ha hecho al proceso de paz”. En muchas regiones todavía arde la guerra que el acuerdo con las FARC buscaban extinguir y la violencia se ha recrudecido. Es hora de que el discurso dé paso a la ejecución.

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