Emilio Archila: “Colombia es mucho mejor país que antes de la implementación de la paz”

El consejero presidencial para la Estabilización asegura en entrevista con EL PAÍS que “los excombatientes siguen muy comprometidos con el acuerdo de paz”

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización de Colombia, en su despacho de la Casa de Nariño, en Bogotá.
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización de Colombia, en su despacho de la Casa de Nariño, en Bogotá.Camilo Rozo

Emilio Archila, consejero para la Estabilización, ha sido el encargado de implementar el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC desde el comienzo del Gobierno de Iván Duque, un crítico de la negociación que selló su antecesor, Juan Manuel Santos. En el despacho de Archila (Bogotá, 57 años) en la Casa de Nariño, el palacio presidencial, cuelga un enorme mapa de Colombia. Las 16 zonas marcadas con distintos tonos de azul, rosado y violeta son las regiones en las que se desarrollan los programas de desarrollo con enfoque territorial, o PDET, como se conocen los planes de inversión del Gobierno para los lugares más golpeados por un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado nueve millones de víctimas. “En los puntos rojos quedan los antiguos espacios territoriales, pero hay un par que hemos movido”, explica el comienzo de esta entrevista con EL PAÍS sobre los sitios donde los excombatientes se concentraron para dejar los fusiles y hacer su tránsito a la vida civil.

Pregunta. ¿La implementación del acuerdo de paz ha avanzado al ritmo que le hubiera gustado en estos tres años?

Respuesta. No, ha avanzado aún más. En prácticamente todos los frentes el nivel de logros ha sido mayor al que yo había anticipado.

P. La pandemia ralentizó la implementación, ¿da por superados los retrasos que pueda haber implicado?

R. El Gobierno hizo un esfuerzo muy grande para que la pandemia no nos desviara sustancialmente de lo que teníamos planeado. Iniciando la pandemia al ministro [de Hacienda] Alberto Carrasquilla le hicieron una citación al Congreso, y expresó que no iba a haber una desviación de los recursos asignados a los planes de la implementación. Eso se cumplió. Lo que sí hubo fue un gran cuidado con las poblaciones.

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P. Usted ha dicho que “la paz se hace en el territorio, no en el escritorio”. Hizo más de un centenar de viajes en 2019. ¿Ha podido retomar ese ritmo de visitas a los lugares donde se implementan los acuerdos?

R. Igual, no solamente lo hemos retomado, sino que nos estamos poniendo al día. Estamos saliendo por lo menos tres días a la semana, y visitamos cuatro territorios a la semana.

P. ¿Los excombatientes siguen comprometidos con el acuerdo de paz?

R. Sí. Hay muchas formas de medir esto. La manera más cruda es que prácticamente ninguno ha vuelto [a las armas] a pesar de las invitaciones y las amenazas de parte de los grupos criminales para ir a narcotraficar. Prácticamente la totalidad siguen en el registro, más del 75% ven su propio futuro con optimismo. Entonces la respuesta es sí, siguen muy comprometidos.

P. El partido Comunes, surgido de las extintas FARC, alega incumplimientos, y el Estado ha sido incapaz de detener el asesinato de excombatientes y líderes sociales. ¿La seguridad es el principal obstáculo para avanzar a mejor ritmo y generar más confianza?

R. Comunes es un partido de oposición, y así se declararon desde el comienzo. Eso no es ni bueno ni malo, solo es una condición que hay que tener en cuenta. La implementación, para pensarlo esquemáticamente, involucra las garantías jurídicas, el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Implica garantías políticas, que el partido Comunes esté en el Congreso y haya participado en las elecciones. Quiere decir todo el apoyo para las víctimas, nuestros programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, así como la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial para 170 municipios, eso es la tercera parte del territorio de Colombia. Quiere decir el programa de reincorporación con 13.000 excombatientes y sus familias. También el desarrollo rural integral. ¿La violencia nos ha afectado en todos esos frentes? Sí, pero nunca pudo haber sido de una manera distinta.

P. ¿Podría explicarlo?

R. Cuando se firmó el acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC, el ELN ya existía. El EPL, el Clan del Golfo, Los Pelusos, ya existían. Y a eso se sumaron las mal llamadas disidencias. Nunca fue cierto que la implementación del acuerdo fuera en sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera. Era obvio que iba a tener que hacerse en ese contexto, y en la medida en que se iban resolviendo esas otras fuentes de violencia. Para nosotros, que existan todos esos criminales es un reto, que se ha agravado con la dictadura en Venezuela que les ayuda a estos señores. Hemos tenido todos los avances que hemos tenido aún en ese contexto.

P. La Consejería ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero los indicadores de seguridad en esos territorios clave siguen siendo preocupantes...

R. La Consejería ha concentrado sus esfuerzos en todos los frentes. No han sido más importantes los PDET que nuestro apoyo a las víctimas, el desarrollo rural integral o nuestro apoyo al capítulo étnico o de mujeres. Solo son temas que avanzan a ritmos distintos. En cuanto a los indicadores de violencia, no quiero contradecirle sus cifras, pero lo invitaría a mirar dónde hay minería ilegal y coca.

P. Los PDET equivalen al 13% de la población colombiana, pero suman el 25% de los homicidios, y,según la congresista Juanita Goebertus, el 61% de los asesinatos a líderes han ocurrido en esas zonas. Esas estadísticas siguen alertando …

R. Ninguna muerte se justifica. Cuando uno hace el análisis de la violencia, cuando trata de explicar lo que hemos hecho, corre un riesgo y es que parece como si uno estuviera satisfecho o tranquilo. Y eso no es así porque nunca ninguna muerte se va a justificar. Ahora, Colombia no era un país donde hubiera un grupo armado que estuviera enfrentado al Estado. Hay una multiplicidad de grupos armados que existían cuando se firmaron los acuerdos. Insisto, la idea de que firmar ese acuerdo lograba una paz estable y duradera era un headline [titular]. Materialmente era imposible que las otras violencias desaparecieran cuando se estaba firmando con uno solo de los causantes de las violencias. Temas que son cuantificables: hay 13.000 excombatientes que están en un proceso de reincorporación. Esta es la guerrilla más grande que ha existido, y siguen en un proceso de reincorporación.

Si usted mira los indicadores antes de que se iniciara la implementación –cuántas muertes violentas había, cuántos secuestros, ataques terroristas–, Colombia hoy en día es un mucho mejor país de lo que era antes de que iniciáramos esta implementación. Y no lo digo yo, esa frase la han expresado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Colombia sigue teniendo retos? Obvio. Pensar que las violencias se deben al no cumplimiento de los acuerdos, eso sí no es cierto.

P. Le queda un año para entregar el relevo al próximo Gobierno, que también tendrá obligaciones en la implementación. ¿Qué le recomendaría a su sucesor?

R. Que construya sobre lo construido. Lo más poderoso que tiene esta implementación es el tiempo. En los acuerdos están incluidos una cantidad de temas que Colombia debió superar hace décadas, con o sin acuerdos. Tratar de resolverlos en tres años largos de Gobierno es imposible. La gran oportunidad que tiene hoy el país es trabajar durante 15 años o más en resolver esos temas, que no se pueden resolver en menos tiempo. Lo que no nos perdonaría la siguiente generación es que comencemos de cero. Hay que construir sobre lo construido.

P. Es extendida la percepción de que usted es el encargado de implementar un acuerdo de paz en un Gobierno muy crítico de ese acuerdo de paz. ¿Ha tenido que remar a contracorriente?

R. No. El presidente supo desde el principio que este era un compromiso no de un Gobierno sino del Estado. Y que íbamos a poder atender las directrices de la Corte Constitucional de hacer la implementación en coherencia y consistencia con el resto de políticas del Gobierno.

P. Antes de llegar al poder, el presidente Duque fue vocero del ‘No’ en el plebiscito sobre los acuerdos. ¿En algún momento se ha sentido etiquetado en el Gobierno por haber votado ‘Sí'?

R. En el Gabinete creo que la mitad votaron por el ‘Sí'. No es algo determinante. Puedo contarle que el presidente lo que pensó en su momento era que había algunos aspectos que podían haberse mejorado, no que no debían haberse adoptado los acuerdos. Pero, además, cuando iba a empezar a trabajar con él, tan pronto le reafirmé que yo había votado por el ‘Sí', me dijo: “Perfecto, eso nos da más legitimidad”.

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