La parálisis del coronavirus amenaza con contagiar la paz en Colombia

A Colombia le ha costado doblar la página de más de medio siglo de conflicto armado. La pandemia que sacude al mundo puede ralentizar la implementación en marcha de un acuerdo de paz arduamente negociado que, sin embargo, aún agita el debate público. A pesar de que fue elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos de La Habana, al presidente Iván Duque le corresponde cumplir un pacto que ha contado con un robusto respaldo de la comunidad internacional. Ahora, a los formidables obstáculos que ha enfrentado la construcción de paz se suma una inédita emergencia sanitaria de incierto desenlace.

Además del desarme de la extinta guerrilla de las FARC –convertida en un partido político–, el pacto aspira a transformar los territorios más golpeados por la guerra, así como cerrar las brechas históricas entre el campo y la ciudad. La implementación puede perder tracción, con demoras y rezagos en su desarrollo, advierte el análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Las restricciones a la movilidad y el aislamiento por cuenta de la emergencia sanitaria plantean un escenario complejo que no solo impactará la ejecución de las obras de pequeña infraestructura y la provisión de bienes y servicios en los territorios, sino también proyectos de mayor envergadura. Las limitaciones presupuestales a las que se ha enfrentado la implementación “podrían profundizarse como resultado de la reorientación de recursos para responder a la pandemia”, alerta.

El Gobierno, permanentemente cuestionado sobre su grado real de compromiso, ha prometido seguir avanzando en esas regiones afectadas por la violencia. “Seguimos trabajando para proteger, cuidar, indemnizar, reparar a nuestras víctimas”, ha declarado Emilio Archila, consejero presidencial para la Consolidación (antes posconflicto). Desde el principio, su oficina se ha movilizado para garantizar la atención en salud, alimentos y apoyo económico a los excombatientes durante la cuarentena nacional extendida, en principio, hasta el próximo 26 de abril. Especialmente a los cerca de 3.000 que aún viven en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincoporación (ETCR), varios de los cuales se encuentran en lugares apartados de difícil acceso. Algunas instancias, como el consejo de reincorporación, han conseguido funcionar virtualmente.

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Pero los desafíos persisten. Para empezar, en su más reciente informe sobre la misión de verificación en Colombia, el secretario general de la ONU subraya que más de 9.400 excombatientes viven fuera de los antiguos ETCR. “El proceso de reincorporación solo tendrá éxito si todos y cada uno de los excombatientes que siguen comprometidos con el proceso de paz reciben oportunidades, protección y seguridad, independientemente del lugar donde viven”, apunta el informe. Hay un creciente reclamo para que les presten más atención.

Para enero, más de la mitad de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo, de acuerdo con la congresista Juanita Goebertus, quien trabajó con el equipo del anterior Gobierno durante las negociaciones y hace un juicioso seguimiento de la implementación. “Con un agravante”, advierte, “el Gobierno Duque viene potenciando los proyectos individuales y no los colectivos”, como era el espíritu del acuerdo.

“Si quienes defendemos el acuerdo de paz teníamos un reto de no caer en la irrelevancia antes de la pandemia, esto supone multiplicar exponencialmente ese reto”, alerta Goebertus. Enfatiza que la brecha entre el campo y las ciudades que el pacto busca resolver está más viva que nunca, con los riesgos que implica en esta coyuntura. “Si bien es en las conglomeraciones urbanas donde hoy está creciendo más la pandemia en Colombia, si llegase a esas zonas alejadas el sistema de salud no tiene cómo responder”, subraya. “Si como resultado de esta pandemia los recursos se concentran en las zonas urbanas y no tienen en cuenta esa brecha, estaremos destinados a repetir que una nueva emergencia –o más grave aún, la continuación de violencias– nos coja con semejante baja capacidad institucional a nivel rural”.

Aún falta el 40 por ciento de la normativa requerida para la implementación del acuerdo, según el informe La paz en emergencia, un recuento de un grupo de congresistas de diversos partidos. Algunas viejas amenazas se mantienen incluso en la cuarentena, como el incesante asesinato de líderes sociales –34 en 2020– y excombatientes que firmaron la paz –22 en lo que va del año, de acuerdo con legisladores del partido FARC–. A ellas se suman nuevos obstáculos. El embate económico del coronavirus se sentirá en los ETCR que han apostado por proyectos turísticos, como Miravalle (Caquetá) o Pondores (Guajira), por ejemplo.

“Donde vemos nubarrones más grandes es en las zonas donde hay concurrencia con el problema de cultivos ilícitos, porque el programa de sustitución venía con rezagos y en simultanea el Gobierno va a continuar con su estrategia de erradicación forzada”, apunta María Victoria Llorente, directora de la FIP. “Esta agenda de paz tiene que seguir siendo una prioridad, y se va a volver una urgencia una vez salgamos de esta emergencia”, señala.

En los apartados de la justicia y la memoria, el país ha podido asomarse a una verdad tan dolorosa como reparadora, con avances como las exhumaciones de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, Antioquia, a principios de año. Ese proceso también ha perdido impulso con las medidas de aislamiento social, pues tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como las demás entidades agrupadas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tuvieron que suspender las diligencias presenciales y eventos públicos. La Comisión de la Verdad, que debe entregar su informe final en año y medio, modificó su cronograma para privilegiar el estudio documental en lugar de los diálogos y encuentros que venía organizando en distintas regiones. Su trabajo de campo incluye recoger testimonios en recónditas veredas y resguardos indígenas. La Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, por su parte, advirtió que el manejo de los cuerpos por la Covid-19 debe ser cuidadoso para no poner en riesgo la preservación de los miles de restos sin identificar que permanecen en cementerios del país.

Inspirado en el principio de ampliar la democracia colombiana, el acuerdo de paz también tiene un importante componente de participación política. La prohibición de aglomeraciones para evitar la propagación de la Covid-19 no solo ha impedido que se reúnan las plenarias del Congreso, también ha trastocado las agendas de varios partidos, incluyendo a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgida de los acuerdos. La FARC, en medio de divisiones internas, también ha tenido que enfrentar los cantos de sirena de las disidencias que se apartaron del camino de la paz, como la encabezada por Iván Márquez, el jefe negociador de la extinta guerrilla que decidió retomar las armas junto a un grupo de excomandantes.

Haber conservado las siglas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha sido un lastre electoral para el nuevo partido, que tiene diez escaños garantizados por dos períodos. Había enormes expectativas en torno a su Asamblea Nacional, convocada originalmente para el 16, 17, 18 y 19 de abril. Allí se iba a debatir un cambio de nombre, en un encuentro que era también una prueba de fuego para el liderazgo de Rodrigo Londoño, Timochenko. Sin embargo, con motivo de la emergencia, la dirección de la FARC decidió aplazar su segunda reunión “hasta tanto sea superada esta situación”. Nadie se atreve a ponerle una fecha.