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Juanita Goebertus: “El proceso de paz en Colombia está en riesgo. Sin voluntad política se desmorona”

La congresista del Partido Verde que promovió la moción contra el ministro de Defensa lamenta que "para muchos la manera de defender a la fuerza pública es evitar el debate"

Juanita Goebertus, el pasado sábado en una cafetería de Bogotá. Ampliar foto
Juanita Goebertus, el pasado sábado en una cafetería de Bogotá.

Ingresó en el Congreso colombiano hace menos de un año y hoy es una de las voces con más presencia de la oposición. La representante a la Cámara por el Partido Verde Juanita Goebertus (Bogotá, 1983) impulsó hace semanas la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que finalmente no prosperó. Firme defensora de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC, también fue la encargada de rebatir la propuesta de reforma del presidente Iván Duque a ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado. Experta en procesos de reconciliación y justicia transicional, esta abogada y politóloga participó en la negociación con el antiguo grupo insurgente durante su etapa en la oficina del entonces comisionado Sergio Jaramillo. Su principal preocupación es hoy la aplicación de los acuerdos. Sin voluntad política, en su opinión, puede cerrarse esa ventana de oportunidad.

Pregunta. Usted fue elegida a la Cámara hace poco más de un año. ¿Cuál era la fotografía de Colombia entonces y cuál es la fotografía actual?

Respuesta. Hace un año teníamos más esperanza. La firma del acuerdo de paz en 2016 había logrado empezar a dar unos resultados muy positivos en 2017 en términos de reducción de todas las cifras de violencia, incluso de generación de nuevas oportunidades turísticas, de expediciones ambientales para descubrir nuevas especies. Con la elección de Duque, y lo que se ha convertido en un año de ataques en el discurso a la implementación del acuerdo de paz, la segunda mitad de 2018 y lo que lleva de 2019 ha demostrado una desestabilización territorial brutal. La tensión territorial se incrementó día a día mientras en Bogotá estábamos teniendo discusiones hiperpolarizadas sobre temas como las objeciones a la ley de la JEP, que en nada le cambian la vida a la gente. 

P. ¿Coincide con el excomisionado de paz Sergio Jaramillo cuando dice que el presidente está entregando su Gobierno al sector más radical del Centro Democrático?

R. Yo veo un Gobierno sin rumbo, inexperto, con poca capacidad de liderazgo político y de visión de política pública sobre cómo resolver los principales problemas del país. Que constantemente parece decir que no es tan radical como el sector más radical del Centro Democrático, pero que tampoco pone sobre la mesa soluciones.

P. ¿Está en riesgo el proceso de paz?

R. Por supuesto que está en riesgo. El Gobierno tiene un discurso contradictorio. Internacionalmente dice que sí va a implementar el acuerdo, pero luego en Colombia lanza constantemente ataques que no solamente generan incertidumbre, como el tema de las objeciones, sino que materialmente hacen imposible implementarlo. La semana pasada se publicó el marco fiscal de mediano plazo, y el tema de paz no aparece por ninguna parte. Sin voluntad política, se nos desmorona el acuerdo a nivel territorial.

P. ¿Cómo golpea la aplicación de los acuerdos el paradero desconocido de exjefes guerrilleros como Iván Márquez?

R. La muy desafortunada decisión de Márquez de hacer declaraciones contra la dejación de las armas, de abandonar el proceso de reincorporación de los hombres que estaban bajo su mando y de no presentarse ante la JEP golpea fuertemente la legitimidad del proceso. Y es supremamente injusto con los miles de excombatientes de las FARC que cumplen todos los días con sus compromisos ante el Estado y la sociedad colombiana. Creo en cambio que la decisión de Timochenko [Rodrigo Londoño, presidente del partido] de apartarse de Márquez es una demostración de que efectivamente el grueso de las FARC tomó la decisión de cumplir el acuerdo y está dando la pelea por la implementación. 

P. Ustedes promovieron la fallida moción de censura contra el ministro de Defensa. ¿Esa moción fue malinterpretada? ¿Mantiene que Guillermo Botero debería renunciar?

R. A lo largo de este primer año de gobierno se ha venido documentando que el ministro de Defensa volvió a introducir, de la mano del comandante del Ejército, políticas de evaluación de resultados operacionales basadas en el número de bajas en combate, basadas en el número de días sin combatir de cada una de las unidades y que redujo el porcentaje de certeza para lanzar operaciones militares ofensivas, lanzando operaciones con menor rigor. Esas políticas han estado asociadas en el pasado tanto en Colombia como en conflictos armados como Vietnam, Guatemala o Sudáfrica, con la generación de gravísimas violaciones a los derechos humanos. En nuestro debate logramos documentar cómo esas políticas habían sido introducidas nuevamente por parte del Ministerio de Defensa luego de que hubiesen sido derogadas en 2007 durante el escándalo de los llamados falsos positivos. Pero las bancadas de los partidos independientes decidieron no sumarse a la moción de censura por considerar que no había evidencia de que en estos casos esas políticas estuviesen ya generando un patrón de graves violaciones a los derechos humanos. En nuestra opinión fue una decisión muy desafortunada. El objetivo de la moción era justamente prevenir. Insistimos en la renuncia del ministro, en la derogatoria de esas políticas y estamos a la espera de los resultados y las conclusiones de la comisión de expertos anunciada por el presidente de la República.

P. En el debate prevaleció una tesis, que era si se defendían o no las fuerzas armadas, cuando era una cuestión de carácter político. ¿Por qué? 

R. Para muchos sectores la manera de defender a la fuerza pública es evitar el debate, cuando para quienes hemos trabajado en el sector Defensa sabemos que la mejor manera defender la legitimidad de la fuerza pública y de ofrecer garantías de seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública es justamente prevenir este tipo de políticas.

P. Ustedes promovieron hace casi un año una consulta anticorrupción. Para la sociedad, a tenor de las encuestas, es un tema de primer orden. ¿Por qué no hay acuerdo político?

R. El año pasado casi 12 millones de colombianos de distintos colores políticos salieron a votar en contra de la corrupción y a favor de siete medidas concretas de transparencia por parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, con posterioridad, aunque el presidente convoca a los distintos partidos y hace un acuerdo incluyendo a todos los sectores, cuando llegamos al debate en el Congreso el Gobierno dejó de liderar esos proyectos, no los puso en la prioridad de su agenda legislativa. 

P. Está a punto de cumplir un año en la Cámara. ¿Por qué decidió dar el paso de la política entre bambalinas a la política electoral?

R. Yo vengo mucho más de la asistencia técnica, detrás de cámaras, trabajando en temas de paz, de justicia transicional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Doy este salto por la invitación de Claudia López y Angélica Lozano, que me invitan a participar en el Partido Verde y la motivación principal es defender el acuerdo de paz en la arena política. Luego de que perdimos el plebiscito era evidente que más allá de los argumentos técnicos y la defensa más académica del proceso de paz teníamos que dar una batalla política.

P. Dentro de unos meses hay elecciones locales. ¿Cómo cree que pueden repercutir esos comicios en el panorama político?

R. El Partido Verde tiene una alta probabilidad de poder ganar la alcaldía de Bogotá, yo creo que esa es una demostración de que la ciudadanía colombiana está cansada no solo de los partidos tradicionales sino de las viejas mañas de hacer política. Por supuesto, que de llegar a ganar la alcaldía de Bogotá, el partido se posiciona de cara a las elecciones presidenciales de 2022 y estamos convencidos de que somos un partido que tiene vocación de poder. No nos interesa solamente quedarnos en la oposición, sino en construir alternativas para garantizar que Colombia avance.

P. ¿Y a mediano o largo plazo cree viable una alianza de coalición de fuerzas alternativas a las de gobierno?

R. Creo que la elección presidencial pasada nos demostró que es determinante agregar intenciones de voto a través de consultas o de mecanismos de encuestas, que permitan garantizar que los ciudadanos puedan unirse en torno a candidaturas en las que se sientan incluidos. Creo que el desastre de las elecciones presidenciales del año pasado fue llegar a una segunda vuelta con dos candidaturas totalmente polarizantes que impidieron recoger, en torno en particular en el caso de la izquierda, de Gustavo Petro, a sectores más de centro que no nos veíamos reflejados en su visión para el país a pesar de nuestras inmensas diferencias con Iván Duque. Creo que eso no nos puede volver a pasar. 

P. ¿Colombia es hoy mejor país que hace tres años?

R. En general soy optimista por naturaleza y en general las cifras históricas de los últimos 25 años en Colombia demuestran un proceso lento de transformación positiva en el país. Creo que la firma del acuerdo de paz abrió una oportunidad inmensa para acelerar de manera definitiva muchas de esas transformaciones, pero, insisto, creo que esa puerta, esa ventana de oportunidad se está cerrando de manera acelerada. Creo que todavía la oportunidad está ahí, pero depende de que este Gobierno asuma realmente su responsabilidad y se pregunte por el legado que quiere dejarle al país.

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