La inédita consulta anticorrupción se somete a las urnas en Colombia

La lucha para endurecer las sanciones contra los corruptos se someterá este domingo 26 de agosto a una inédita prueba en las urnas para medir si es verdaderamente una causa nacional en Colombia. El asunto ya fue una de las principales preocupaciones de los votantes durante la campaña presidencial que concluyó en junio pasado con la victoria de Iván Duque, por encima incluso de la seguridad. Sin embargo, la llamada consulta anticorrupción debe superar el umbral de los 12 millones de votos en un país ya de por sí fatigado por el intenso ciclo electoral y que se distingue por sus altos niveles de abstención.

Esta consulta popular nacional, un mecanismo de participación ciudadana que se estrena en el país, incluye siete mandatos anticorrupción. Entre ellos, eliminar el beneficio de casa por cárcel (prisión domiciliaria) para los corruptos, que la contratación estatal sea más transparente y una reducción en el salario de los congresistas —que actualmente reciben 31,3 millones de pesos mensuales (algo más de 10.000 dólares)— a 19,5 millones (unos 7.000 dólares). También propone normas para que la ciudadanía participe de los presupuestos públicos, obligar a los legisladores a rendir cuentas sobre su gestión e imponer como requisito que los políticos elegidos hagan público su patrimonio. El último punto sobre el que se consulta a la ciudadanía contempla limitar el mandato de los congresistas a máximo tres periodos de cuatro años.

“¿Cansado de que lo roben?”. Con esta pregunta cerca de 45.000 voluntarios, jóvenes en su mayoría, abordan a los transeúntes en la capital, Bogotá, para promover una campaña nacional sin estructuras partidistas. Eclipsados durante años por las noticias sobre el conflicto armado, los casos de corrupción aparecen cada día con mayor frecuencia en los titulares. En el último año y medio la fiscalía ha procesado a unas 2.200 personas por tramas corruptas en Gobiernos locales. A estos ejemplos se suman otros más sonados, como el del fiscal anticorrupción extraditado a Estados Unidos por soborno, o los pagos de la constructora brasileña Odebrecht a congresistas y campañas presidenciales.

El flagelo de la corrupción causa pérdidas al Estado colombiano por valor de al menos nueve billones de pesos anuales (más de 3.000 millones de dólares), según un reciente estudio de la Universidad Externado de Colombia. “Han transcurrido 20 años desde que Transparencia Internacional mide la percepción de corrupción y Colombia no ha cambiado significativamente”, concluye la investigación. El país sudamericano ocupa el puesto 96 entre 180 naciones analizadas.

La eventual eficacia de algunos de los siete mandatos, promocionados bajo el lema “7 veces sí”, ha despertado debates, especialmente alrededor de los puntos que contemplan la reducción de salario y los límites al periodo de los congresistas. Pero los expertos destacan el valor simbólico de la consulta. “Es sobre todo el mensaje que se manda, de superar el umbral, de hastío con la corrupción”, apunta Juan Carlos Rodríguez, director del Observatorio de democracia de la Universidad de Los Andes. “Nunca se ha hecho nada parecido”.

Apoyos y resistencias

A primera vista, la iniciativa de la exsenadora y excandidata a la vicepresidencia Claudia López, del progresista Partido Verde, parece contar con un apoyo generalizado. La consulta obtuvo el respaldo de tres millones de firmas válidas y fue aprobada por unanimidad en el Senado. El propio Duque, el ciclista Nairo Quintana o la iglesia Católica se han manifestado a favor de la propuesta. Varios de sus principales promotores, de distintos partidos políticos, incluso se prestaron a presentarse como reguetoneros en un video del columnista y humorista Daniel Samper Ospina lanzado esta semana que lleva más de dos millones de reproducciones en YouTube.

“La lucha contra la corrupción no tiene partido político, no tiene ideología, tiene que ser una tarea de todos los funcionarios”, afirmó Duque, que se posesionó el 7 de agosto, al reiterar su apoyo a la consulta. Sin embargo, el naciente Gobierno ya presentó su propio paquete de medidas legislativas, que entran a competir con la iniciativa. Y en el camino, se evidenció la división entre Duque y su partido, el Centro Democrático, encabezado por su mentor, el expresidente y senador Álvaro Uribe (2002-2010). A pesar de que votaron a favor de la consulta en el Senado, Uribe ha dicho que prefiere apoyar los proyectos anticorrupción de su bancada, que pasó a cuestionar la convocatoria. La iniciativa también se ha enfrentado a una andanada de noticias falsas.

El nivel de participación puede convertirse en un obstáculo insalvable, pues para ser aprobada no solo necesita que más de la mitad del total de votos válidos sean afirmativos, también que acudan a las urnas más de 12 millones de personas, la tercera parte del censo electoral. Los organizadores le apuntan a 15 millones, una cifra nada despreciable en un país donde la abstención suele superar el 50 %. Tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial, el 17 de junio, la votación total superó los 19 millones, pero ningún candidato ha logrado de manera individual tantos sufragios.

“La ventaja es que no es una consulta con tintes partidistas, aunque algo de eso hay”, apunta la analista Elisabeth Ungar, quien durante años encabezó Transparencia por Colombia, el capítulo local de Transparencia Internacional. “Tiene un enorme valor simbólico, de un lado o del otro. Si no pasa, mucha gente va a pensar que luchar contra la corrupción no es posible”, advierte. De aprobarse una o varias de las preguntas, el Congreso deberá adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas, con un plazo de un año para expedir las leyes correspondientes. Si no lo hace, el presidente deberá adoptarlas por decreto.