La familia del fiscal paraguayo asesinado en Cartagena interpone una millonaria demanda contra el Estado colombiano

Cerca de tres años después del asesinato a sangre fría del fiscal paraguayo Marcelo Pecci durante su luna de miel en Cartagena de Indias, sus familiares consideran que las acciones de la justicia colombiana no han sido suficientes. Aunque los sicarios y sus colaboradores se encuentran en prisión, la familia aún no ha obtenido una respuesta concluyente sobre quién fue el autor intelectual del crimen. Varios de ellos, incluyendo a la viuda y a la madre del fiscal, demandaron al Estado colombiano y a la cadena Hoteles Decameron, donde se alojaba Pecci. Piden una reparación de 10.000 millones de pesos (cerca de 2,5 millones de dólares) por la que consideran una serie de omisiones del Estado y de la cadena hotelera que permitieron que el crimen se llevara a cabo sin obstáculos.

La demanda, que analiza el juzgado 64 Administrativo de Bogotá y a la que tuvo acceso el periódico El Tiempo, va más lejos. Denuncia que “la información sobre el alojamiento y ubicación [de Pecci] fue filtrada”, lo cual “permitió que los delincuentes que participaron en los hechos conocieran que estaba alojado con su esposa y pudieran conocer sus movimientos”. Los familiares señalan que el asesinato se hizo con extrema facilidad. El 10 de mayo de 2022 Pecci disfrutaba de sus vacaciones con su esposa, embarazada, en el hotel Decamerón Barú, en las cercanías de la histórica ciudad. Dos hombres, luego identificados como Scott Carrillo y Gabriel Salinas, llegaron en una moto acuática hasta la playa sobre el Mar Caribe en la que descansaba la pareja, y asesinaron al investigador con tres tiros. “Estos pudieron arribar a la playa donde se encontraba el Dr. Marcelo Pecci, recibiendo apenas un simple llamado de atención por parte del personal de seguridad del Hotel Decamerón”, añade la demanda.

Días antes, los implicados en el crimen habían enviado a un hombre, Cristian Camilo Monsalve Londoño, y a su madre, a hospedarse en el mismo hotel. De acuerdo con la demanda, Gabriel Carlos Salinas —luego capturado en Venezuela— actuaba como enlace dentro del hotel, “sin que Hoteles Decameron Colombia S.A.S. hubiera advertido algo al respecto”. Los demandantes también cuestionan la falta de intervención de la Policía y de otros organismos de seguridad del Estado, pues consideran que “no se tomaron medidas preventivas adecuadas a pesar del alto perfil del fiscal que investigaba crímenes relacionados con el narcotráfico en Paraguay”. Y añaden que Pecci “dada su calidad de fiscal en su país en temas tan delicados y relacionados con el narcotráfico no fue advertido razonablemente de los riesgos que se estaban materializando sobre su vida e integridad”.

El asesinato de Pecci dio inicio a una investigación que concluyó con cinco personas detenidas en Colombia, además de Salinas en Venezuela. Entre los implicados figuran los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, los sicarios colombianos encargados de orquestar el crimen, y que fueron condenados a 25 años de cárcel. A lo largo del proceso, ambos dijeron estar dispuestos a confesar quién estuvo detrás del asesinato a cambio de que se le concediera la libertad a Margaret Chacón, pareja de Andrés y quien fue condenada como coautora. De acuerdo con la Fiscalía, ella fue quien pagó a Carrillo y Salinas, y les prestó su camioneta, por lo que la justicia apunta que no puede quedar en libertad.

El exfiscal del caso, Mario Burgos, indicó en su momento que los hermanos Pérez Hoyos, junto con Chacón, le habrían pagado 1.500 millones de pesos al exmilitar Francisco Luis Correa para que organizara el asesinato. A medida que avanzaba el proceso, fue quedando claro que el asesinato fue el resultado de un acuerdo del crimen internacional entre delincuentes de Brasil, Paraguay y Colombia. “Las investigaciones indican que existió un plan para asesinar al fiscal Pecci en Paraguay o en cualquier país por un acuerdo entre organizaciones criminales internacionales, todo coordinado con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil”, indicó el entonces director de la policía de Colombia, el general Jorge Vargas. Las últimas confesiones de Correa apuntaban a que hubo una importante participación del expresidente paraguayo Horacio Cartes y del presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tio Rico, en la planeación de la muerte de Pecci. Pero Correa fue asesinado el 3 de enero de este año en su celda de la cárcel La Picota, en Bogotá, y la investigación volvió a quedar estancada.