La Comisión de la Verdad, el largo camino hacia la reconciliación en Colombia

Doblar la página de la violencia le ha costado un esfuerzo extraordinario a Colombia, un país afectado por un conflicto armado de más de medio siglo que involucró a guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales. El país se asomó este martes a la dolorosa verdad de una guerra con el esperado informe final con el que la Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las FARC, concluye su mandato.

A diferencia de otras comisiones de la verdad, el trabajo de la colombiana estuvo allanado de entrada por los esfuerzos de centros de investigación, universidades y organizaciones –entre ellos el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)–, que han documentado las causas e implicaciones de un conflicto que ha dejado más de nueve millones de víctimas, y que ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

La Comisión ha trabajado sin pausa, a pesar de los estragos de la pandemia. Ha escuchado cerca de 30.000 testimonios de víctimas, pueblos indígenas, afros, campesinos, militares, miembros de los grupos armados ilegales, políticos, empresarios e incluso los de los expresidentes Ernesto Samper (1994-1998), César Gaviria (1990-1994), Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), el más férreo crítico de los acuerdos. También recibió más de mil informes de distintas organizaciones.

¿Cuándo comenzó la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión de la Verdad, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, inició formalmente sus labores el 30 de noviembre de 2018 con el propósito de entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre la barbarie del conflicto armado. Originalmente, debía concluir su tarea en tres años, pero, ante los estragos de la pandemia, una decisión de la Corte Constitucional prolongó su periodo hasta este martes 28 de junio, con otros dos meses para socializar el informe final.

“La verdad debe ser un bien público, un derecho y un deber ineludible cuando se trata de explicar por qué la vida y la dignidad fueron arrasadas en miles de masacres, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos extrajudiciales, abusos a las mujeres, desplazamientos, robos de tierra (…) homicidios de sindicalistas, educadoras, políticos, gobernantes y empresarios, muertes en combates sin sentido de multitud de jóvenes en una guerra absurda, y destrucción de ríos, montañas y especies nativas”, dijo De Roux durante ese acto de instalación en el centro de exposiciones Corferias, en Bogotá. Fue el primero de los conmovedores discursos que ha pronunciado a lo largo de estos tres años largos, que culminarán con su convocatoria al país a reconciliarse sin esquivar la verdad.

El presidente Iván Duque no estuvo en esa ceremonia inaugural al inicio de su periodo, y tampoco asistirá a la entrega del informe final en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, pues se encuentra de visita en Europa. Sí se espera al presidente electo, Gustavo Petro, que se posesiona el próximo 7 de agosto.

¿Qué es el Sistema Integral de Paz?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el nombre formal con el que vio la luz, es una entidad de carácter extrajudicial creada como parte del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy desarmada y convertida en el rebautizado partido político Comunes.

En otras palabras, la Comisión no pretende aportar una verdad jurídica, pero ha trabajado en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional que funcionará por un periodo de 15 años –prorrogable por otros cinco–, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En su conjunto constituyen el rebautizado Sistema Integral para la Paz contemplado en los acuerdos –antes conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

¿Quiénes son los comisionados de la Verdad?

Además del padre Francisco de Roux, un filósofo y economista que fundó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, entre los once comisionados originales –cinco mujeres y seis hombres­– había curtidos periodistas, víctimas, defensores de derechos humanos y académicos escogidos entre casi 200 candidatos.

Entre los demás comisionados están la economista y feminista Alejandra Miller; el abogado y defensor de derechos humanos Alejandro Valencia; la periodista Marta Ruíz; la arquitecta Lucía González, exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín; la abogada, indígena emberá y constitucionalista Patricia Tobón Yagarí; y el médico Saúl Franco.

El único extranjero ha sido el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, quien ha sido asesor de varias comisiones de la verdad en distintos países, mientras que el único exmilitar, el mayor retirado Carlos Guillermo Ospina, presentó su renuncia inmediata e irrevocable el pasado 2 de mayo.

En el camino, la entidad tuvo que superar el fallecimiento de dos de sus comisionados. A finales de 2019 murió el periodista y sociólogo Alfredo Molano, y en agosto de 2020 la lideresa afro Ángela Salazar, afectada por el coronavirus. Ambos estaban muy conectados con las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Sus relevos tuvieron que incorporarse con las labores en marcha. A Molano lo reemplazó el antropólogo Alejandro Castillejo, y a Salazar, Leyner Palacios, uno de los líderes sociales más representativos de las comunidades negras, un sobreviviente de la masacre de Bojayá, donde perdió 28 familiares en mayo de 2002.

¿El exilio colombiano hizo parte del trabajo de la Comisión?

La Comisión, como todo el sistema integral, encontró un robusto apoyo en la comunidad internacional, y también trabajó con las comunidades de colombianos que huyeron por cuenta del conflicto armado en otros 23 países. Los exiliados colombianos, que se han afincado en lugares que van desde Chile hasta Islandia, ya se habían movilizado desde las negociaciones con las FARC para que su historia fuera escuchada en la mesa de diálogos de La Habana. Ahora tienen un capítulo especial en el informe final, coordinado por Carlos Martín Beristain, el único comisionado extranjero.

¿Cómo afectó la pandemia a la Comisión de la Verdad?

Como en el resto del mundo, la irrupción de la pandemia del coronavirus trastocó la agenda política en Colombia y ralentizó distintos aspectos de la implementación del acuerdo de paz. La emergencia sanitaria afectó particularmente a la Comisión. Su misión ha sido identificar y comprender los hechos de violencia más graves, con el foco en los patrones que se repitieron, de modo que el trabajo de campo ha incluido recoger testimonios en recónditas veredas, territorios étnicos y resguardos indígenas. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social limitaron ese despliegue territorial, muchas veces en regiones donde la violencia se ha recrudecido.

En un primer momento, la Comisión modificó su cronograma para privilegiar el estudio documental en lugar de los diálogos y encuentros que venía organizando. Pero después retomó esos espacios, apoyada en la virtualidad y con eventos semipresenciales. Los actos de reconocimiento y convivencia que juntan a victimarios con víctimas en diálogos profundos y humanos avanzaron a pesar de las limitaciones, pero el tiempo para procesar ese enorme volumen de información era limitado.

¿Por qué se prolongó su periodo?

La Corte Constitucional, después de estudiar una demanda de varias organizaciones de víctimas, decidió el pasado octubre ampliar por siete meses el periodo de la Comisión de la Verdad. La demanda argumentaba que era necesario compensar los retrasos causados por la pandemia para proteger los derechos de las víctimas y cumplir el acuerdo de paz. El Constitucional estableció en su fallo que los tres años de duración previstos para la Comisión deben ser efectivos, algo que la pandemia impidió.

¿Qué va a pasar con el informe final cuando se disuelva la Comisión de la Verdad?

Aunque su trabajo culmina con el informe final, la Comisión tiene otros dos meses para socializarlo con el propósito de dignificar a las víctimas y tener un impacto en las políticas públicas. Desde este mismo martes también se conforma el Comité de Seguimiento y Monitoreo, encargado por un periodo de siete años de revisar que se implementen las recomendaciones. Entre sus funciones está publicar informes semestrales para evaluar los avances. Estará integrado por siete miembros que ya fueron escogidos, aunque sus nombres aún no se conocen públicamente. Durante su primer semestre, contará con otra persona escogida por el pleno de comisionados para que contribuya al empalme.

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