Gloria Cuartas: “A Colombia le da miedo la paz total”

“Cuando llegamos, la paz estaba desterrada de Palacio”, se lamenta Gloria Cuartas (Sabaneta, Antioquia, 63 años), la cabeza de la Unidad de implementación del acuerdo final de paz en el Gobierno de Gustavo Petro. Tan pronto ocupó su despacho en el segundo piso del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, a pocas cuadras de la Casa de Nariño, la exalcaldesa de Apartadó quiso rescatar el cuadro de la artista Dora Ramírez que ahora lo decora, que llama con cariño La paz abandonada y se encontraba en las instalaciones de la Presidencia. En un primer momento quería poner la pintura en la Oficina del alto comisionado para la paz, a la que pertenece la Unidad, pero las paredes allí no son firmes. “La paz necesita una pared dura”, bromea al contar la historia.

Cuartas defiende con vehemencia los avances de la Unidad, que encabeza desde hace algo más de ocho meses. Bajo el paraguas del comisionado Danilo Rueda, su dependencia nació para reemplazar a la extinta Consejería presidencial para la estabilización y consolidación, que funcionó durante el periodo de Iván Duque.

Nada más arranca la conversación, la funcionaria ventila su molestia ante un mensaje que publicó el expresidente Álvaro Uribe en sus redes sociales con ocasión del séptimo aniversario de la victoria del ‘no’ en el plebiscito por la paz. Cuartas busca una copia para leer el mensaje con detenimiento, pues el exmandatario la tiene bloqueada. Uribe califica de “golpe de Estado” la firma del acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC. La funcionaria lo acusa de “negacionismo” permanente “para deslegitimar la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz”, la JEP, el tribunal de justicia transicional surgido del acuerdo.

“Para mí, como trabajadora por la paz, como responsable de la implementación del acuerdo, este es el trino definitivo para pasar una nota a la JEP, a la Corte Constitucional, a la Comisión Interamericana y a la Corte Penal Internacional, advirtiendo la sistematicidad histórica del proceder del expresidente”, apunta. “Lo que él hace desde 1994 hasta hoy es posicionar el enemigo interno”, añade. Con cerca de 400 firmantes del acuerdo asesinados se está configurando, dice, un plan sistemático como el que acabó con el partido de izquierda Unión Patriótica. “Esta conversación la empiezo advirtiendo lo peligroso de los planteamientos del expresidente”, sostiene. “Pueden estar en oposición a la paz total o al acuerdo de paz, pero no hacer mensajes que legitimen la muerte, ver al otro como enemigo y sus asesinatos”.

Pregunta. ¿Qué significa la implementación dentro de la paz total?

Respuesta. La ley 2272 [la llamada ley de paz total, de 2022] nos está planteando la necesidad de abrir en el horizonte todos los procesos inconclusos que este país ha vivido. En el estallido social, la juventud estaba manifestando en las calles el derecho al trabajo, la educación, la salud… Petro llega con el mandato de la paz total. Creo que todos los analistas han evitado hablar de qué significa la implementación en ese marco. El presidente ve la posibilidad de reunir en el comisionado todos los componentes de la paz –jurídicos, económicos, políticos, geográficos– y colocar el mandato en un gran universo, porque ni la paz total puede caminar sola, ni la implementación puede caminar sola. Hemos definido la política, el lineamiento, la orientación, que no se hacía en el Gobierno anterior.

Pregunta. ¿En qué va la idea de recuperar una consejería presidencial para la implementación?

Respuesta. En una compra de tierras en Mesetas, el presidente habló de la necesidad de separar los procesos. Desde mayo hemos estado en el proceso, en el que la Unidad construyó el decreto para crearla. Está en manos del presidente. Ojalá podamos habilitar una conversación mucho más pública para que se entienda el rol de esta Unidad y la contribución que ha hecho en la implementación.

P. Varios medios han informado que usted puso su renuncia a disposición del presidente. ¿Cómo se resolvió?

R. Esa es una pregunta muy difícil. Hubo una presión política indebida contra mí. Me considero una mujer con el talante, la experiencia y el conocimiento técnico; después de Apartadó me formé para poner al servicio de la paz mi vida de militante, pero también como académica y mujer política. Por eso me perturbó tanto que se quisiera poner en tela de juicio mi nombre. Después pensé que el problema no era mi nombre, era buscar una estructura para el acuerdo. El 7 de septiembre le entregué verbalmente mi renuncia al presidente. Le expresé mi interés de apoyar y fortalecer el acuerdo. Nadie se quería arriesgar a conocer qué es la Unidad. Nosotros estamos tocando la tierra, y la SAE [Sociedad de Activos Especiales ] por primera vez le entrega la tierra a las comunidades. Me considero una mujer con la ética y la capacidad técnica de enfrentar esto, pero no puedo enfrentarme al desprestigio.

P. ¿Se llegó a sentir subvalorada?

R. Sí, claro. Tomando distancia de mí, preguntémonos si los factores reales de poder de este país han comprendido la oportunidad de la paz total.

P. ¿Cómo se dirimió?

R. Danilo Rueda me envió una carta, que hizo pública, en la que respalda la labor de la Unidad. Decidimos, juntos, esperar hasta tanto el señor presidente tome las decisiones que crea pertinentes.

P. El propio Rodrigo Londoño, cabeza de Comunes, ha denunciado la “displicencia” del alto comisionado hacia el acuerdo como una “irresponsabilidad histórica”. ¿La paz total ha relegado la implementación de la paz firmada?

R. La paz estaba desterrada de la Presidencia, de los servidores públicos y de la cotidianidad; la mía ha sido una tarea política de posicionarla en los ministerios y en el DAPRE. Yo respeto al partido Comunes, a Rodrigo Londoño, al Consejo Nacional de Reincorporación, donde hemos hablado. La voz de los firmantes de paz debe tener garantías totales de participación. Si el Gobierno quiere avanzar en la construcción de la paz, tenemos que trabajar de una manera holística. Creo que el comisionado ha fortalecido caminos de acercamiento.

P. Además de la implementación, ya hay dos mesas formales de diálogos, con el ELN y las disidencias de Iván Mordisco, y múltiples acercamientos. ¿No son demasiados frentes para la Oficina del alto comisionado?

R. Y puede abrir más. Él tiene responsables. Camilo González Posso [jefe negociador del Gobierno con las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central] va a tener unas responsabilidades; hay otros delegados del comisionado. Esta Unidad lo que hace es acompañamiento territorial donde hay procesos en marcha para crear ecosistemas de paz. Pero para las negociaciones políticas, el comisionado ha definido delegados regionales. No es solamente Danilo, hay un equipo grande de gente.

P. ¿Al alto comisionado le cuesta delegar?

R. Esa pregunta para mí es difícil, porque a mí me entregó todo. Él tiene un teléfono habilitado 24 horas, y siempre tiene una respuesta orientadora. Yo lo que creo es que a este país le da miedo la paz total. El Gobierno del presidente Petro tiene una institucionalidad que se está abriendo camino con tanta dificultad para desnudar las realidades pendientes. O sea, Colombia tiene miedo de la paz total porque ve lo que ha creado en estos últimos 40 años: orfandad, éxodo, jóvenes con proyectos frustrados, delincuencia; y por el otro lado, una comunidad que resiste, que intenta abrirse paso.

P. El último informe de seguimiento del Congreso a la implementación señala el deterioro de la seguridad; el Estado ha sido incapaz de detener el asesinato de firmantes. ¿Es ese el principal obstáculo para avanzar a mejor ritmo?

R. Por eso se está haciendo la paz total. La vida de los firmantes de paz y de los líderes sociales es un imperativo ético. ¿Cuál es la principal derrota del acuerdo? Que no hemos logrado en siete años el pacto político con personas que influyen en la sociedad, como el expresidente Uribe, los grupos económicos que tienen incidencia, o los empresarios ganaderos. El presidente Petro habló de verdad, tierra y educación en el marco del acuerdo nacional. Lo primero que yo pondría, respetuosamente, es el respeto a la vida de quienes han firmado la paz en este país.

P. ¿Dejar de reclutar y asesinar firmantes no debería ser una condición previa a las negociaciones con las disidencias, como lo han reclamado los dirigentes de Comunes?

R. Sí, nosotros también lo hemos reclamado. Yo no exonero a las disidencias de haber cometido asesinatos, pero quiero dejar, bajo mi estricta responsabilidad, que se abra la hipótesis del crimen de odio, instalado por Uribe y una élite económica contra todos los firmantes de paz. Que la JEP, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana evalúen el crimen de odio instalado por la Seguridad Democrática contra quienes habían estado en las guerrillas, las comunidades campesinas y los líderes sociales. Yo quiero que esta respuesta esté puesta en esos términos.

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