Las disidencias no dan tregua a los firmantes de la paz

El Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar la seguridad y la vida a los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, firmantes del acuerdo de paz sellado hace ya casi siete años, que son blanco constante de los grupos que siguen en armas. En especial de las disidencias del llamado Estado Mayor Central (EMC), con las que el Gobierno de Gustavo Petro se apresta a entablar nuevos diálogos de paz, que los busca incluso en las grandes ciudades, bien sea para reclutarlos o para atentar en su contra.

En un ambiente de deterioro de la seguridad, a los asesinatos de líderes sociales y ambientalistas se suman los de exguerrilleros: van al menos 390 homicidios desde la firma de los acuerdos, según la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Los llamados de atención se acumulan. La Corte Constitucional ya ha ordenado garantizar la seguridad de los exguerrilleros. Ante la acumulación de problemas e incumplimientos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó tanto el fiscal general, Francisco Barbosa, como el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, a una audiencia este miércoles sobre la protección de los firmantes, que deben comparecer a los llamados del sistema de justicia transicional.

La violencia contra los exguerrilleros persiste a pesar de que ha avanzado su tránsito a la vida civil. Las zonas en las que se concentraron para dejar los fusiles se convirtieron en 2017 en lo que se conoció como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), 24 lugares a lo largo y ancho del país. Algunos se volcaron a proyectos turísticos, como Miravalle en Caquetá o Pondores en La Guajira, mientras otros se embarcaron en experimentos cooperativistas, como Agua Bonita, también en el Caquetá. En cualquier caso, los procesos de reincorporación colectiva en parajes rurales que proyectaba la extinta guerrilla han dado paso a esfuerzos individuales y urbanos.

Menos de 3.000 de los 13.000 firmantes permanecen en un ETCR, de acuerdo con datos de la Misión de Verificación. Los más de 10.000 excombatientes que están fuera de los antiguos espacios de reincorporación viven en unos 605 municipios, 2.000 de ellos en las 75 nuevas áreas de reincorporación de manera colectiva. Los restantes siguen su proceso de reincorporación, o ruta, de manera individual. La mayoría participa en proyectos productivos, incluso los que están en la ruta individual. En todos esos lugares, solos o en colectivo, han sido alcanzados por los hostigamientos.

Uno de los principales riesgos para los firmantes han sido las amenazas constantes por parte de las disidencias del EMC, encabezadas por Iván Mordisco, detalla Francisco Daza, de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES). El episodio de mayor impacto se registró en julio, con el desplazamiento de más de 200 familias, incluyendo a 90 menores de edad, que vivían en el ETCR ‘Mariana Páez’ en Mesetas, Meta. Pero esa no ha sido la única amenaza masiva de las disidencias a los firmantes durante la administración Petro. Un par de meses después, también en el Meta, los habitantes del ETCR ‘Georgina Ortiz’ se desplazaron. Este periódico conoció de amenazas recibidas más recientemente en la nueva área de reincorporación ‘Simón Trinidad’, también en Mesetas, de donde han contemplado desplazarse. El problema no es solo en esa zona del centro oriente del país: los departamentos con mayor número de homicidios contra firmantes son Nariño, Cauca, Putumayo y Chocó, en el occidente y suroccidente de Colombia.

El encaje de las disidencias ha sido desde el primer momento un punto problemático para la paz total que persigue el Gobierno de Petro. Reconocer al llamado EMC como un actor armado con estatus político es “el peor error estratégico que se ha cometido en Colombia en los últimos 25 años y el daño más grande que se le ha hecho al proceso de paz”, señalaba el mes pasado Sergio Jaramillo, el comisionado de Paz que selló el acuerdo con las FARC, en su intervención ante la Corte Constitucional. La responsabilidad de sus estructuras en los ataques a firmantes es alarmante.

“Hemos pedido que el alto comisionado exija que una condición para seguir dialogando es que pare el asesinato de firmantes y líderes sociales. Nosotros estamos desarmados y apostándole a la paz”, reclama Abelardo Caicedo, cabeza de los firmantes en el Consejo Nacional de Reincorporación, un cargo que antes tenía el ahora candidato a la alcaldía de Puerto Berrío, Antioquia, y excomandante de las FARC, Pastor Alape.

Las disidencias de Mordisco son uno de los grupos que más recluta, señala Daza, y los excombatientes les resultan llamativos por su experiencia. “El más activo en reclutamiento es el EMC, de eso da cuenta su crecimiento progresivo en número de hombres en armas desde su conformación. También ejercen con mayor fuerza vinculación de niños, niñas y adolescentes, como pasa en el Norte del Cauca, esto con la intención de usarlos en combates al sur, en Argelia”, explica el investigador.

Ese fue el caso de Mateo*, quien durante el conflicto armado perteneció a las estructuras urbanas de las extintas FARC. En ese entonces se encargaba de hacer inteligencia. Por ese conocimiento, pese a que se acogió al acuerdo de paz y decidió emprender nuevos rumbos, se ha convertido en un ‘cuadro’ deseable para los disidentes. Estos lo han interceptado en numerosas ocasiones, en diferentes lugares y a través de diferentes personas, para invitarlo a unirse a su organización. Le han ofrecido dinero, poder, seguridad y un largo etcétera. Si bien ante su negativa la respuesta hasta ahora ha sido la insistencia, no descarta que escale a violencia. Por eso se ha mudado, intentando perderse de su radar.

Otros antiguos mandos medios ya pasaron de intentos del EMC por reclutarlos a amenazas de muerte. Como las que obligaron a Jorge* a irse de Medellín, donde transitaba a la vida civil, con el agravante en su caso de que los militares también lo buscan de manera muy agresiva para que se convierta en informante. “Las disidencias necesitan entrar a las ciudades, y nos están llegando a los firmantes a las ciudades”, se lamenta. La mayoría de los excombatientes mantiene su voluntad de paz para sacar esto adelante, reivindica en medio de las adversidades.

Además de asesinatos y amenazas, un tercer fenómeno ha sido la desaparición. Al igual que con el reclutamiento, las cifras de las víctimas no son claras, pero según Comunes –el partido que surgió de las extintas FARC tras el acuerdo– hay más de 30 reincorporados y familiares de los que no se tiene rastro. Precisamente, el mismo día que EL PAÍS habló con Luz Marina Giraldo, firmante y viuda de Alexander Parra, el primer reincorporado asesinado dentro de un ETCR en 2019, se hizo pública la denuncia de la desaparición de dos excombatientes que trabajaban en un proyecto turístico en el Guaviare. En medio de ese confuso panorama, los mecanismos de protección proveídos por el Estado son precarios. “La violencia homicida contra firmantes de paz está dirigida hacia aquellos que lideran proyectos económicos que en el marco de la reincorporación los hacen líderes muy visibles”, lamenta Daza.

*Nombres cambiados por razones de seguridad

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