Éxitos y fracasos de una paz parcial en medio de la guerra

En medio de altibajos, a un año del inicio de las conversaciones, queda en evidencia que la paz total será en realidad parcial. Negociar y conversar simultáneamente con grupos armados de diversa índole, como se esperaba, no ha sido nada fácil. Son ocho frentes abiertos que, sin embargo, persisten en medio de hechos violentos contra la población civil por parte de algunos de esos grupos, y con la ausencia de un marco jurídico para las organizaciones del crimen organizado.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la situación humanitaria en el país se ha venido deteriorando desde 2018. Hoy se observa una disminución de los desplazamientos masivos, pero hay un aumento del confinamiento de comunidades, entre otros delitos. El regreso del secuestro extorsivo ha sido uno de los más impactantes.

En un año, muchos de estos grupos se han politizado con la intención de entrar en una categoría que les permitiría negociar mejor, y por esa vía se han expandido y mostrado control territorial. Se han reducido algunos delitos, pero sigue el asesinato de líderes sociales. Por su parte, el Gobierno ha cambiado su lenguaje al hacer más énfasis en el Derecho Internacional Humanitario y se han sumado personas experimentadas a la oficina de paz, aunque esta aún es considerada una estructura insuficiente para el tamaño de la responsabilidad.

El mayor escollo ha sido el jurídico. La Ley de Sometimiento se hundió en el Congreso y ahora, con un Gobierno sin mayorías, se ve aún más cuesta arriba. Algunos analistas critican que, siendo la apuesta central del Gobierno, no le den prioridad a la Ley. Mientras tanto, no está claro qué se puede negociar y cuánto tiempo aguantarán esos grupos. Más aún, si esto no recrudecerá la violencia. Todo indica que el Gobierno ha decidido salir del laberinto de la paz total con los grupos y por las rutas más viables: el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), y seguir aguantando con el resto.

¿Cómo van esas ocho conversaciones, mesas y diálogos en marcha? La Oficina del Alto Comisionado, en cabeza de Danilo Rueda, y analistas de diversas regiones señalan los avances, retrocesos y desafíos de cada uno de ellas.

El ELN, una lucha contra el tiempo

Los diálogos con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia, son la mayor carta de la paz total, aunque sigan bajo prueba permanente. Después de estar congelados durante el Gobierno de Iván Duque, Petro reactivó las conversaciones partiendo de la agenda que dejó Juan Manuel Santos, pero con un cambio sustancial: en los diálogos actuales, el cese al fuego bilateral se da mientras se siguen discutiendo los puntos de la agenda, no al final.

En terreno, lejos de las mesas en los distintos países donde se desarrollan los diálogos, el cese avanza en medio de algunos hechos de violencia que afectan particularmente a la población civil. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) tiene un informe de los primeros 41 días, pero no lo ha hecho público. Sin embargo, se conocen denuncias de constreñimiento, reclutamiento y amenazas en algunas regiones del país como en Mistrató (Risaralda), un paro armado por parte del frente de guerra occidental y otro paro de transporte en el río San Juan (Chocó). El ELN, además, ha denunciado que el Ejército violó el cese en Arauca, donde se han presentado cruentos combates entre esa guerrilla y disidencias de las FARC.

Carlos Velandia, exintegrante de la dirección nacional del ELN y ahora investigador de paz, hace un seguimiento diario al cese y dice que este se encuentra en una fase de implantación. “Se está dando de forma escalonada. Aunque se presenten hechos de violencia que son preocupantes, el cese se mantiene y se profundiza”, dice. “No porque se den las órdenes estas se cumplen de manera automática, deben estar acompañadas de pedagogía, esclarecimiento y control a las fuerzas que lo van a aplicar”, explica sobre algunos frentes de esa guerrilla que siguen intimidando a la población.

Además del cese, otro de los puntos de avance es la instalación de un mecanismo de participación que incluye a 30 sectores de la sociedad civil, una exigencia del ELN desde hace décadas. Y, según Rueda, una serie de acuerdos en materia de intervención territorial que se ha denominado zonas críticas, como el San Juan y Bajo Calima. Justamente en esas regiones se presenta uno de los mayores escollos para la tranquilidad de los civiles: los fuertes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo que dejan en medio a las comunidades. A eso hay que sumar el incremento del secuestro en el país, una práctica que trae los peores recuerdos de otras épocas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el secuestro se ha incrementado en un 39% entre 2022 y 2023. Las imágenes de liberaciones se han vuelto pan de cada día.

El otro desafío es ajustar los tiempos. Mientras el Gobierno tiene prisa y aspira a conseguir un acuerdo con el ELN antes de 2025, este grupo, acostumbrado a largos diálogos, le apuesta a la paciencia para discutir asuntos tan profundos como el modelo económico. La reparación a las víctimas, el fin del conflicto y cómo será la dejación de armas todavía no se tocan. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, el ELN cometió al menos 17.725 homicidios, 9.538 secuestros y 1.391 reclutamientos de menores entre 1985 y 2018. De otro lado, como explica Max Yuri, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, mientras en el extranjero el proceso goza de apoyo, internamente no tiene la misma legitimidad. Y eso recuerda el fracaso que generó el plebiscito en el acuerdo de paz con las extintas FARC.

Acuerdos especiales con el Estado Mayor Central

Las conversaciones con el autodenominado Estado Mayor Central han generado polémica por tratarse de disidentes del proceso de paz de 2016 (aunque también está integrado por combatientes que nunca se acogieron) y por sus actos de violencia, como el asesinato de cuatro niños indígenas. Sin embargo, avanza contra viento y marea. Después de un despliegue de poder en Caquetá con Iván Mordisco a la cabeza, recientemente ese grupo se reunió en Suárez (Cauca) con delegados del Gobierno, donde se hablaron temas potenciales de una agenda de conversaciones para la Mesa de Diálogos de Paz, que según la Oficina del Comisionado, “empezará lo más pronto posible” y con un enfoque territorial.

Pero quizá lo más importante de ese encuentro es que se hicieron compromisos para que ese grupo respete a los civiles. “Con el EMC de las FARC tenemos un reciente Acuerdo Especial, basado en el DIH, que ha colocado como centro el respeto a la población civil, y de allí se derivan los ceses de fuego”, responde Rueda para este balance.

El encuentro del Cauca ocurrió, como explica la investigadora del International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, tras la cresta de una ola de violencia. Se refiere al plan pistola de ese grupo contra la Policía y ataques a la población civil en las regiones donde opera. Por eso, dice, el desafío más urgente es desescalar la violencia. “La prioridad debería ser lograr un cese del fuego antes de las elecciones regionales y que el EMC se comprometa a que todos los candidatos podrán hacer campaña con libertad”, asegura. Además, insiste, debe priorizarse el respeto por las misiones médicas que hasta el momento no han sido respetadas, como señala el DIH.

Una vez más, el tiempo juega en contra. “Aunque en Colombia hay una larga historia de negociaciones en medio de la guerra, es claro que el país tiene poca paciencia para entrar en otro proceso de paz mientras las comunidades estén contra la pared”, agrega la analista.

El enredo con la Segunda Marquetalia

Las conversaciones con la Segunda Marquetalia, el grupo armado creado por Iván Márquez, exjefe negociador del proceso de paz de La Habana, son las más atrasadas y complejas. “Somos conscientes de que existen muchas dificultades, no solamente las militares, las relacionadas con financiación y economías ilícitas, las afecciones graves que existen sobre la población de diversos territorios”, dice el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Sin embargo, aclara: “en medio de esta situación hemos observado que los mandos máximos de los grupos armados irregulares están percibiendo y constatando que vivimos un momento inédito en la historia de nuestro país para resolver el conjunto de las conflictividades armadas”.

Rueda afirma que sus máximos comandantes, incluido Iván Márquez, de quien se ha dicho que estaba muerto tras un atentado del lado venezolano que le afectó el rostro y los dedos, tienen disposición de participar de la paz total. “Los intercambios directos que hemos tenido nos han llevado a crear una preagenda que tiene un enfoque territorial, con asuntos novedosos en materia temática que, resolviendo algunos escollos jurídicos, nos permitiría establecer una Mesa de Conversaciones lo más pronto posible”, dice. Sin embargo, no es tan claro cómo se podrían solucionar esos problemas jurídicos.

¿Y el Clan del Golfo?

También conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nacieron en la zona de Urabá y Córdoba, bastión histórico de los grupos paramilitares. Hoy trafican con migrantes que cruzan por El Darién y tiene presencia en el norte de Colombia. Mantiene guerras abiertas con distintos grupos como el ELN y las Autodefensas de la Sierra Nevada, y está presente en Chocó y en el Caribe colombiano, entre otros lugares. Funcionan, según analistas como Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo, del Centro de Pensamiento UNCaribe, como un “clúster del crimen” más que como un cartel narco tradicional. De hecho, tiene negocios de minería ilegal en varias zonas del país.

“Con las AGC estamos esperando una respuesta a nuestra propuesta de construcción de confianza basada en una agenda temática centrada en asuntos de respeto a la población civil y de intervenciones territoriales fundamentales”. El objetivo, agrega, es “resolver asuntos históricos y estructurales que han posibilitado el asentamiento de estas dinámicas armadas” después de la dejación de armas de los paramilitares en 2004.

El lío es que, sin Ley de sometimiento, no está claro el camino legal con ellos para reparar a las víctimas y obtener beneficios judiciales. “Un año después queda en evidencia que la paz total será parcial. Ese objetivo de englobar a todos no se va a cumplir, entre otras razones por la falta de la ley de sujeción. Eso dejó por fuera a las AGC y a las Autodefensas de la Sierra Nevada. Lo que hay hoy son diálogos sociales, porque no tienen qué ofrecerles jurídicamente”, dice Trejos.

Diálogos sociales con Autodefensas de la Sierra

Tal como lo dice Trejos, con este grupo armado se desarrollan encuentros sociales. Así lo explica el Comisionado de Paz: “Mantenemos unas facilitaciones de paz que nos están permitiendo generar y fortalecer la confianza que se ha dado a lo largo de este año”, dijo, y agregó que en los próximos días harán “intervenciones territoriales para lograr, desde la intervención en el diálogo social, la discusión sobre asuntos que pueden ser del interés de este grupo armado irregular”.

A diferencia de los demás grupos armados, este es un clan familiar vinculado al exjefe paramilitar Hernán Giraldo y tiene al menos cuatro décadas de historia. Ha cambiado de nombre en varias oportunidades. Primero era conocida como resistencia Tayrona, la sucursal caribe de la oficina de sicarios de Envigado, y luego se presentaron como un grupo paramilitar.

Medellín, Buenaventura y Quibdó: la paz urbana

La falta de marco jurídico de sometimiento también tiene sin rumbo claro a las “mesas sociojurídicas” con las organizaciones de alto impacto y las bandas armadas. La de Medellín, con 16 cabecillas de bandas y combos que reúne al 90% de la criminalidad de la ciudad, es una de las más complejas. “Ya estamos muy cerca de lograr un consenso de los asuntos temáticos que queremos dialogar con las estructuras armadas ilegales de la capital antioqueña, así como unos mecanismos de participación barrial y comunitaria desde las comunas, que van a permitir que esta apuesta de paz tenga garantías de no repetición”, dice Rueda al respecto.

Como asegura, InSight Crime en su investigación Un antiguo sicario de Pablo Escobar sigue el camino de la paz total en Medellín, “hasta ahora los planes para la paz total en la ciudad son poco concretos y los retos son grandes”. Uno de ellos es cuál es la verdad a la que se comprometen los cabecillas y cómo desmantelarán efectivamente la criminalidad.

Pero si en Medellín se habla con los líderes del crimen organizado, en Buenaventura y Quibdó es directamente con los operadores de violencia. En el puerto, el Gobierno conversa con los Shottas y Los Espartanos; y en Quibdó (Chocó) con las bandas RPS, Fuerzas Revolucionarias Mexicanas y Locos Yam. Ahora, anuncia Rueda, se sumó un nuevo grupo llamado Los Zetas.

La paz urbana tiene sus propios riesgos, advierte el investigador Alberto Sánchez Galeano. “Buenaventura ha mostrado que negociar sin marco agota y puede terminar mal, como ocurrió con esa tregua. Los diálogos sostenidos sobre la voluntad se agotan muy rápido”. Allí, de hecho, tras la tregua repuntó la violencia y se vive bajo la extorsión.

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