Nariño vive una crisis de violencia en plena paz total

Nariño, el departamento del suroccidente de Colombia que le apostó al Gobierno de Gustavo Petro con el 81% de los votos en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mostraba la esperanza de que el nuevo mandatario lograra disminuir la violencia que afecta a esa región. Pero, tras un año de administración, los grupos ilegales siguen haciendo presencia y enfrentándose por el control territorial en el departamento con más cultivos de coca de Colombia con 59.746 hectáreas, según el informe de 2022 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci).

El gobernador del departamento, Jhon Rojas, ha emitido varias alertas por la crisis humanitaria que produce esa guerra, y exige la presencia del presidente y de la cúpula de la Fuerza Pública en la región. ”Consideramos que la crisis humanitaria y el recrudecimiento del conflicto en Nariño es muy grave”, dijo en un comunicado público a mediados de agosto.

Según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el primer semestre de 2023 aumentaron los desplazamientos individuales en Nariño en un 33%, con 4.788 víctimas, y los masivos en un 17%, hasta llegar a 16.137 afectados. Además, los casos de impacto por artefactos explosivos como minas han cobrado la vida de 55 víctimas en esos seis meses, frente a las 50 que hubo en todo 2022. El CICR también ha documentado 44 casos de desapariciones en lo que va de este año.

Ese deterioro sigue en aumento y se debe a por lo menos dos conflictos entre grupos armados ilegales. De un lado, en las regiones de Los Abades y Guambuyaco, en la zona andina, hay enfrentamientos entre el grupo armado conocido como Frente Franco Benavides, que forma parte de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco, y la guerrilla del ELN, que ha permanecido ahí por muchos años. Así lo explica el investigador y analista Kyle Johnson, de la Fundación Conflict Responses. Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de este año y una organización humanitaria consultada coinciden en el diagnóstico.

Ese choque disparó los desplazamientos masivos en Los Abades y especialmente en el municipio de Samaniego, que al día de hoy tiene más de 1.000 desplazados. También tiene atemorizada a la población de Guambuyaco, y especialmente en los municipios de Los Andes y La Llanada. El Frente busca expandir el control que tiene en municipios cercanos como Policarpa, El Rosario, Leiva, Taminango y Cumbitara. Allí imponen reglamentos de convivencia, aplican justicia y controlan la movilidad. Incluso, exigen a las personas que quieran ingresar a sus zonas que presenten un certificado médico que certifique que están libres de enfermedades de transmisión sexual.

Más hacia el litoral Pacífico, el conflicto es entre otros grupos del EMC y la otra gran disidencia, la Segunda Marquetalia que lidera el exjefe negociador de las extintas FARC y luego desertor Iván Márquez. El EMC domina la parte norte de la costa, pero desde Tumaco ―el segundo puerto más grande de Colombia en el Pacífico y el segundo municipio con más cultivos de coca del país, con 20.720 hectáreas― hasta la frontera con Ecuador, la mayor fuerza es de sus rivales.

Ese choque ha producido hechos de violencia recientes en la carretera que conduce de Pasto a Tumaco, como la quema de un bus y el secuestro de dos policías el 17 de agosto, o el homicidio, a finales de ese mismo mes, de Carlos Pai Pai, un indígena awá de 20 años cuyo cuerpo apareció descuartizado a la orilla de la carretera.

No se conoce al responsable del crimen, que ningún grupo se ha atribuido ni ha sido aclarado por la justicia. La organización indígena Unipa denunció el hecho en un comunicado: “Nos están obligando a salir del territorio ancestral, perder nuestras prácticas culturales y formas de vida (...), lo cual está produciendo un etnocidio contra nuestro pueblo awá”. También ha habido desplazamientos, confinamientos, homicidios y reclutamiento forzado en la costa. Aura López García, lideresa awá, aseguró en una entrevista con este diario: “Para nosotros no ha habido paz después de los acuerdos de 2016″.

La situación de Nariño es similar a la de otras de las regiones más conflictivas en Colombia, que, según el CICR, suman siete conflictos entre diferentes actores, de los que el Estado es tan solo uno. Aquellos en los que participan solo grupos ilegales son los que suelen tener más impacto en la población civil. Por eso, el cese el fuego entre el Gobierno y el ELN no ha tenido mayor efecto en Nariño, donde hay poca esperanza de que el posible cese con el EMC implique un alivio humanitario.

Lo que piden en los territorios

Los habitantes de la zona tienen tres pedidos urgentes: el primero, la firma de unos acuerdos humanitarios con todos los grupos para prevenir más ataques a la población civil. Exigen que el Gobierno incluya en las conversaciones de la paz total a todas las estructuras, para llegar a una paz completa como la propone el presidente. “Desde el Pacto Local de Paz de Samaniego, se sigue solicitando el cese el fuego multilateral”, dice el líder local Harold Montufar.

La petición es complicada en la medida en que grupos como la Segunda Marquetalia apenas tienen acercamientos con el Gobierno. En el caso de esa gran federación de disidencias, no existe un marco legal para sus líderes y buena parte de sus miembros, ya que abandonaron el Acuerdo de Paz con las FARC y existe un debate sobre la posibilidad de que accedan a beneficios por segunda vez.

En todo caso, las voces del territorio insisten en que de nada servirán negociaciones y acuerdos con el Gobierno si no hay pactos entre los grupos para dejar de agredirse y de afectar a la población civil. De hecho, la sociedad civil pide ser incluida en las negociaciones. Juan Carlos Angulo, líder afro e integrante de la Red de Consejos Comunitarios (Recompas), explica: “Las comunidades conocen, saben muy bien cómo actuar en un proceso de diálogo, se las debe reconocer porque somos quienes hemos vivido el conflicto”.

El segundo pedido urgente es que el Gobierno acelere el funcionamiento de proyectos económicos alternativos a los cultivos ilícitos en estas regiones. En Tumaco, por ejemplo, ya hay cultivos de cacao y las comunidades afro piden apoyo para poder procesarlo, darle valor agregado y así construir una economía alterna a la de la coca. Montufar considera necesario apostarle al turismo y a cultivos con alto potencial como el café, la granadilla y el aguacate.

La tercera solicitud es que se implemente a fondo el Acuerdo de Paz con las FARC. Al respecto, hay molestias que vienen desde el Gobierno del expresidente Iván Duque debido a la lentitud de su puesta en marcha, especialmente en la sustitución de cultivos ilícitos, según explica el secretario de Gobierno de Nariño, José Obregón.

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