Fiscales progresistas denuncian una campaña de “deslegitimación sistemática” de la institución
La Unión Progresista de Fiscales reacciona a las críticas por los primeros nombramientos de Teresa Peramato
La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, completó el pasado jueves un proceso de renovación interna que ha provocado duras críticas por parte de quienes entienden que con esta ronda de nombramientos discrecionales ha purgado a los detractores de su predecesor inmediato, Álvaro García Ortiz. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reaccionado denunciando una campaña de "deslegitimación sistemática", alejada de lo que cree que deberían ser críticas formuladas “desde el rigor, el respeto y la lealtad institucional".
Fue el pasado 27 de febrero cuando Peramato hizo sus primeros nombramientos discrecionales en la cúpula de la Fiscalía. Entonces, apostó por ascender a antiguos miembros del equipo de García Ortiz, como Ana García León o Diego Villafañe, en detrimento, por ejemplo, de los fiscales del procés Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. De esta forma comenzaba un proceso de renovación de la Secretaría Técnica, sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado donde suelen recalar personas de la máxima confianza de quien dirige la institución. El cambio culminó el pasado jueves, con una nueva tanda que designaciones que posicionó a Isabel Martín, procedente de la Secretaría Técnica, como jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, cargo que ostentaba desde hacía cinco años Almudena Lastra, quien aspiraba a la renovación. Al mismo tiempo, Peramato rechazó consolidar como fiscal de la Audiencia Nacional a Julián Salto; promocionó al Tribunal Supremo a Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; y situó como teniente de la Fiscalía Superior de Galicia a Pilar Fernández, mujer de García Ortiz.
La Asociación de Fiscales (AF) ―la mayoritaria en la carrera fiscal― interpretó estos movimientos de Peramato como un “plan de evacuación” para “desalojar ordenada y rápidamente a personas de un lugar de riesgo hacia un punto seguro” a fin de favorecer a “quienes integraron el más estrecho círculo de confianza” de García Ortiz. La AF puso el foco en Lastra, cuyo desempeño profesional dice que “no ha podido ser objeto de reparo alguno”. “Pero tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista (...), siendo su testimonio uno de los elementos probatorios” contra García Ortiz. De Rodríguez, que estuvo imputada junto al entonces fiscal general pero fue exonerada a las puertas del juicio por el propio Tribunal Supremo, la AF señaló que su gran mérito es estar en “sintonía absoluta” con su antiguo jefe porque carece de “experiencia previa” para aterrizar en la sección social de la Fiscalía del Supremo. Desde el PP, hablaron directamente de “purgas internas tras la condena” a García Ortiz.
UPF responde que, si bien “la crítica es consustancial a cualquier institución democrática”, “debe formularse desde el rigor, el respeto y la lealtad institucional”. “La deslegitimación sistemática, la simplificación interesada o la proyección de sospechas sobre decisiones adoptadas conforme a derecho no fortalecen la independencia del Ministerio Fiscal, sino que la comprometen”, ha alertado en un comunicado.
Para la asociación progresista, las “valoraciones” escuchadas, “más allá de la legítima discrepancia, proyectan una imagen distorsionada de los procesos de provisión de plazas en el Ministerio Fiscal”, que asegura que “se rigen por los principios de mérito y capacidad y se desarrollan con plena sujeción a la legalidad”. Por eso, sostiene que “su descalificación global, mediante términos como ‘purgas’ o decisiones arbitrarias, no solo carece de fundamento, sino que afecta directamente al prestigio de la institución y a la consideración profesional de quienes la integran”.
“Todos los candidatos reúnen méritos suficientes”
La UPF lamenta que, para empezar, los críticos suelen omitir una premisa esencial: que “todos los candidatos y candidatas que concurren a estos procesos reúnen méritos suficientes”. “Precisamente por ello”, explica, “la decisión no consiste en identificar quién los tiene —porque los tienen—, sino en determinar qué perfil resulta más idóneo para el desempeño de unas funciones concretas". La asociación concede que “la antigüedad en el escalafón es, sin duda, un elemento a considerar”, pero advierte de que “convertirla en el único criterio determinante supone, en realidad, desplazar el sentido mismo de los principios de mérito y capacidad”. “No se trata de negar su valor, sino de rechazar su absolutización”, aclara, asentando que, “cuando se accede a puestos de responsabilidad, lo que está en juego no es únicamente la acumulación de años de servicio, sino la capacidad de dirección, la solvencia técnica, la experiencia en la gestión de equipos, el conocimiento institucional, la especialización o la adecuación del proyecto al destino”.
La UPF también ve “particularmente llamativo que se cuestione el valor de las trayectorias desarrolladas en órganos centrales de la Fiscalía”, como la Secretaría Técnica. Recuerda que, “históricamente, ese desempeño ha sido considerado un elemento de especial relevancia, precisamente por la visión global de la institución que proporciona y por las exigencias técnicas y organizativas que comporta”, por lo que considera que “negar ahora ese valor no solo supone una lectura parcial e interesada de la realidad, sino que difícilmente resistiría el contraste con la propia evolución de la carrera en distintos momentos y bajo fiscales generales de sensibilidades diversas”.
Con todo, indica que, “más allá de los casos concretos, lo que verdaderamente preocupa es la consolidación de un marco de interpretación en el que cualquier decisión que no se ajuste a una determinada expectativa es presentada como ilegítima”, configurando con ello “un relato previo, cerrado, que convierte en sospechosa cualquier resolución que no coincida con él”. Para la UPF, “este enfoque no solo desvirtúa el análisis, sino que proyecta hacia la ciudadanía una imagen reduccionista y distorsionada de la Fiscalía, ajena a su realidad plural y a la profesionalidad de quienes la integran”. Además, le “resulta especialmente inquietante que este tipo de planteamientos se vea reforzado, en ocasiones, por voces de la propia carrera, aun siendo conscientes de que no se ajusta a los hechos ni al modo en que tradicionalmente se han venido adoptando estas decisiones”. “Esa dinámica no contribuye al debate, sino que debilita innecesariamente la posición institucional de la Fiscalía y erosiona su credibilidad”, avisa UPF.
