La ponencia de la ley de sometimiento es presentada con requisitos más elevados para la excarcelación

Los congresistas ponentes del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, encabezados por el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila como coordinador, han presentado este martes el informe de ponencia en la Comisión Primera del Senado, que debe discutir la iniciativa. Se trata de la norma para reglamentar los resultados de los diálogos entre el Gobierno y las organizaciones de crimen organizado sin estatus político y permitir que los miembros de esos grupos accedan a una rebaja de penas a cambio de desmantelar sus estructuras, aportar información y reparar a las víctimas. El texto es muy similar al que el Ejecutivo radicó el pasado marzo: el cambio principal es un aumento del tiempo mínimo en prisión —pasa de 8 a 10 años— para los miembros de los grupos armados que ya se encuentran privados de la libertad.

La ley es necesaria para llevar adelante los diálogos con grupos como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, contemplados en la ley de la paz total en noviembre. Son procesos diferenciados de las negociaciones de paz tradicionales que avanzan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El sometimiento es una figura destinada a los grupos que carecen de un carácter político en una negociación; no incluye la agenda política, social o militar de los diálogos con las guerrillas.

La iniciativa establece penas alternativas de entre seis y ocho años de cárcel para quienes se sometan a la justicia y habilita la posibilidad de que los criminales se queden con el 6% de los bienes adquiridos de forma ilícita, con un tope de 10.000 salarios mínimos (11.600 millones de pesos, unos 2,4 millones de dólares).

El cambio principal entre el texto radicado y el actual refiere a la situación de los integrantes de las bandas criminales que ya se encuentran privados de la libertad. El proyecto original estipulaba que, un año después de la firma del acta colectiva de sometimiento, serían puestos en libertad todos aquellos que ya hubieran cumplido con ocho años de cárcel. El informe de ponencia eleva el tiempo mínimo para obtener este beneficio a 10 años y establece que serán excarcelados después de 18 meses de la firma del acta, cuando antes eran ocho años de tiempo mínimo y salida de la cárcel un año después de la sujeción de la justicia.

El senador Ariel Ávila explica por teléfono que los nuevos requisitos implican un mínimo de tres años hasta que los primeros presos obtengan la libertad condicional. “No habrá excarcelaciones masivas de criminales”, asegura. Asimismo, defiende que el proceso se realizará en su totalidad dentro de la justicia ordinaria, con el control de la Fiscalía General de la Nación. Enfatiza en que el crimen organizado es el responsable del 65% de la actividad criminal en Colombia.

La expectativa es dar el primer debate en comisión antes de que termine la Legislatura, a mediados de junio. Sin embargo, las dificultades son significativas. El Congreso no solo está atascado con las principales reformas sociales del Gobierno —salud, trabajo y pensiones—, sino que tampoco hay apoyos significativos para este proyecto. Ávila comenta que la ponencia estaba lista hace dos o tres semanas, pero que se demoró la presentación por falta de mayorías. “Si el proyecto se discute mañana, se hunde”, subraya.

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