El Gobierno colombiano propone de 6 a 8 años de cárcel para las bandas criminales en su política de sometimiento

La paz total que persigue el Gobierno de Gustavo Petro pasa por una política de sometimiento a la justicia que propone penas de 6 a 8 años de cárcel para los capos que se comprometan a desmantelar sus estructuras criminales. Así lo detalló este miércoles el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una rueda de prensa en la que por primera ocasión divulgó el proyecto de ley que se propone llevar al Congreso, y que da un plazo de entre dos y tres años para que los grupos acepten someterse a la justicia.

Los miembros de esos grupos, como el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico, tendrán que cumplir ese tiempo de cárcel sin importar los delitos que hayan cometido; lo harán en pabellones especiales de prisiones ya existentes. Además, durante sus primeros 4 años fuera de la cárcel deberán hacer trabajos restaurativos y estarán monitoreados. A cambio de esa reducción frente a las penas usuales, deberán aceptar sus delitos, entregar las armas, dar la información sobre sus actividades criminales, comprometerse con revelar la verdad y hacer actos que reparen a las víctimas. Si llegan a reincidir o a no colaborar según lo acordado, la justicia les aplicará las condenas ordinarias.

El proyecto también contempla que aquellos que opten por el sometimiento podrán quedarse con el 6% de los bienes que entreguen, como está vigente desde hace años en la ley de extinción de dominio. “El proyecto de ley no menciona, ni afecta, ni altera para nada las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”, subrayó el ministro de Justicia, acompañado por el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) y el senador Áriel Avila (Alianza Verde), quienes serán los ponentes del proyecto de ley. El texto tiene que pasar antes por el Consejo Superior de Política Criminal, un organismo asesor cuyos miembros acaba de renovar el Gobierno y al que será llevado este mismo jueves. “Una vez que obtengamos ese concepto, lo radicaremos de inmediato ante el Congreso de la República”, señaló Osuna.

El texto solo contempla el camino de la justicia ordinaria para las bandas criminales de alto impacto, entendidas como las “que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen”. Esto es algo que ya había anticipado el ministro Osuna este mes en una entrevista con EL PAÍS al marcar las líneas rojas de la política de sometimiento. “No va a haber justicia transicional ni nada parecido a la JEP”, la Jurisdicción Especial para la Paz surgida del acuerdo con las FARC, dijo entonces. “Habrá una rebaja de penas, pero no impunidad, ni amnistías, ni nada por el estilo. Los beneficios serán a cambio de desmantelar la banda, no de sustituir los jefes o de disminuir levemente su actividad”, enfatizó.

“No hay jueces nuevos, no hay procedimientos nuevos, lo único que hay es una sustitución de la pena a cambio de verdad, reparación, garantía de no repetición y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto”, coincidió el senador Ávila este miércoles al subrayar que no habrá estatus político ni de beligerancia para las bandas criminales. Uno de los artículos del texto excluye explícitamente “a grupos y organizaciones armadas rebeldes que poseen carácter político con las cuales el Gobierno Nacional adelanta procesos de diálogo o conversaciones de paz”, y señala que los beneficios del proyecto no constituyen un reconocimiento político de las estructuras armadas organizadas.

Como parte de la política de paz total, el Gobierno dialoga de manera simultánea con diversos grupos armados que incluyen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a la que reconoce un estatus político, pero también a las llamadas disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. El Gobierno ha dejado ver que, en principio, se propone negociar con una parte de las disidencias y someter a otra. Osuna dijo a este periódico que aún falta por definir si las dos grandes disidencias, que se hacen llamar Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, entran a la paz total como grupos criminales armados de alto impacto, si lo hacen como grupos en insurrección, o si el uno sí y el otro no.

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