Ariel Ávila: “No quiero que mis hijos anden mañana con seis escoltas como yo”

El senador colombiano Ariel Ávila (San Bernardo, Cundinamarca, 39 años), del partido Alianza Verde, es parte de la coalición que respalda las políticas de paz del Gobierno de Gustavo Petro. Pero no supo con antelación sobre el cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que el presidente anunció por sorpresa al filo del Año Nuevo. Y menos sabía que en realidad nada había sido acordado en las mesas de negociación con la última guerrilla activa de Colombia. Cuando se enteró de que el ELN iba a desmentir a Petro, vio venir la tormenta mediática y suspendió sus vacaciones familiares en una finca de Boyacá. Se quedó en la capital. Por eso la entrevista se realiza en un centro comercial, lugar que eligió el miércoles para compensar a su familia por el descanso frustrado.

Ávila sufre amenazas de muerte desde hace años. Antes de saltar a la política el año pasado era investigador social, especializado en las diversas aristas del conflicto armado. Lo nuevo es que ahora la custodia se ha reforzado porque como senador está aún más expuesto. Son seis los hombres que lo rodean mientras compra un helado para su hijo. No obstante, mantiene su empeño con la paz: las investigaciones sobre el posconflicto colombiano que reflejó el año pasado en su libro El mapa criminal en Colombia (Penguin Random House, 2022) son el punto de partida para su trabajo legislativo. “Colombia está por cerrar el ciclo de la violencia política, mientras abre el de la violencia criminal”, sentencia.

Pregunta. ¿Por qué ha dedicado gran parte de su carrera al conflicto armado?

Respuesta. Mi papá siempre fue un hombre de la izquierda, perseguido por sus ideas. Nos tocó vivir temas de violencia feos y no quiero que mis hijos anden mañana con seis escoltas como yo. Además, mi trabajo como investigador me marcó. Recuerdo especialmente la imagen de una mujer que conocí en Putumayo. Una disidencia paramilitar había matado a su hijo la noche anterior a mi visita y lo había descuartizado.

P. El escritor León Valencia dice en el prólogo de El mapa criminal en Colombia que con el libro usted cierra su época como investigador social e inicia la de líder político. ¿Cómo lo trata su nuevo trabajo?

R. Creo que agoté lo que podía hacer desde el periodismo de datos. Mi vida es de pasiones y esta nueva etapa en el Congreso es emocionante: es la primera vez que somos Gobierno, la izquierda nunca había ganado. El Legislativo me ha hecho explorar mi faceta como negociador, con el desafío de convencer a mis compañeros. Lo frustrante es que a veces uno no puede hacer todos los cambios que quisiera.

P. Usted fue uno de los principales alfiles del Gobierno para sacar adelante la ley de la paz total, que habilita al Ejecutivo a negociar con los grupos armados aún activos. ¿Está satisfecho con la norma?

R. Hemos logrado aprobar el 90% de lo que queríamos. La ley da cuenta de que Colombia está por cerrar un ciclo de 70 años de violencia política con las negociaciones con el ELN, mientras se abre el de la violencia criminal. Tiene procesos diferenciados para poder dialogar también con el crimen organizado. El objetivo de ellos ya no es cambiar el poder político, sino corromper al Estado y mantener el negocio del narcotráfico.

P. ¿Y el 10% restante que sacrificaron del proyecto?

R. Yo quería que el presidente tuviera más potestades para reglamentar el sometimiento a la justicia de estos grupos. Aspiraba a hacer el proceso más ágil porque hay grupos del crimen organizado que quieren someterse rápido, ahora, no esperar hasta que el Congreso sancione otra ley. Además, tuvimos que eliminar los artículos que permitían sacar de la cárcel a las personas condenas por participar en las protestas de 2021. Colombia ha liberado guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes en procesos de paz. Es obvio que un muchacho de 17 años que tira una piedra en una protesta merece una segunda oportunidad.

P. ¿Cómo le explica el “sometimiento a la justicia” a alguien que no entienda el porqué van a dialogar con el crimen organizado?

R. Abarca negociaciones que solo tocan dos temas: lo jurídico y la reincorporación en la sociedad. No hay una agenda política, social o militar como hay en los diálogos tradicionales con las guerrillas. Se reducen penas a cambio de información, como en Estados Unidos. Hay que evitar el nuevo ciclo de violencia.

P. ¿Y qué hay que hacer con las disidencias de las FARC? Todavía hay cierta ambiguedad.

R. La decisión de cómo incluirlas en la paz total debe ser del presidente. En lo personal, yo creo que debe haber un punto intermedio entre los acuerdos tradicionales y el sometimiento. Ya negociamos con las FARC, aunque creo que los delitos que se cometieron después del 1 de diciembre de 2016 también deben entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, hay que incluirlas en el modelo de reincorporación ya establecido.

P. En El mapa criminal en Colombia usted demanda que el expresidente Iván Duque asuma la responsabilidad de haber boicoteado el acuerdo de paz. ¿Por qué cree que lo hizo?

R. El uribismo hizo todo lo posible por revivir a las FARC para causarle miedo a la sociedad colombiana y eternizarse en el poder. Es propio de alguien miserable políticamente, de alguien malvado. Nos hubiéramos podido ahorrar centenares de muertos si no hubiesen obstaculizado la reincorporación de exguerrilleros y sembrado incertidumbre jurídica. Hoy las disidencias están presentes en alrededor de 150 municipios de los 1104 que tiene el país, mientras que en 2018 operaban en solo 56.

P. Usted exige al Gobierno una política de “zanahoria y garrote”. ¿Qué es el “garrote”?

R. Es la presión militar para obligar a los bandidos para que se entreguen, negocien o mueran en su ley.

P. ¿Y cómo va eso en el Ejecutivo?

R. La política de seguridad actual es muy parecida a la de Iván Duque porque el enfoque todavía es demasiado territorial y no tiene sentido. Las organizaciones han cambiado: no tienen los copamientos territoriales de antes y son menos piramidales. Ahora importa crear fuerzas específicas para perseguir a cada grupo armado. También debemos incluir zonas en riesgo de verse afectadas en el futuro y modificar la política penitenciaria, que hoy solo sirve para graduar bandidos.

P. ¿Cómo vivió el anuncio del presidente sobre el cese bilateral al fuego con el ELN, en la víspera de Año Nuevo?

R. Me cogió por sorpresa. No tenía la información y pensé que quizá lo habían acordado durante una semana que estuve de vacaciones. Pero después una fuente me dijo que el tema nunca se habló en las mesas de negociaciones. “¿Seguro? No se atreverían si no está conversado”, le dije. No le creí, hasta que el lunes me comentaron que el ELN iba a sacar un pronunciamiento para desmentirlo. Fue entonces que decidí quedarme en Bogotá para enfrentar el vendaval mediático.

P. Usted tuvo que cancelar sus vacaciones, pese a que no sabía del anuncio. ¿Cómo se sintió?

R. Nos sorprendió a muchos de los que estamos jugados por la paz. No tuvieron la gentileza de avisarnos y ni siquiera pudimos prepararnos para responder a los medios. Pero bueno, así es el presidente. Hace tiempo tiene este método de provocar hechos políticos para que la realidad cambie: tira la pelota y después comienza a recogerla. A mí no me gusta, pero le funcionó con la reforma tributaria, cuando dijo que íbamos por una recaudación de 50 billones de pesos y al final fue de 20 billones.

P. Esta vez no le salió. ¿Cómo ve el impacto en la sociedad colombiana?

R. Es cierto que hizo el ridículo, que es una vergüenza y que es un error político. Pero no me preocupa la sociedad, que apoya el cese al fuego. El ELN va a llegar a un acuerdo en un par de semanas. Lo que me preocupa es la comunidad internacional, ¿cómo doy la cara a los embajadores? Ellos no entienden este método y lo del presidente fue un muy mal mensaje. Da la sensación de que no hay organización y planeación.

P. Usted decidió presentar su libro el mes pasado con el expresidente, Juan Manuel Santos. ¿Por qué?

R. Trabajé con él durante las negociaciones por el acuerdo de paz. Y es una persona que admiro y quiero. Creyó en la paz pese a ser del establecimiento. El resto de las élites siempre habían sostenido que la paz era un cuento de la izquierda.

P. En la presentación, Santos sostuvo que América Latina debe articular una política de drogas porque la economía de guerra que usted ilustra en su libro es transnacional. ¿Es esto posible?

R. Suena bien que Latinoamérica se una en un gran bloque y le exiga a los del países del Norte que legalicen las drogas. Pero no va a pasar, al menos ahora. Lo mismo sucede con la aspiración de que los Estados compartan más información.

P. ¿Y aún así usted es optimista con la paz total?

R. Sí. Vamos a negociar con el ELN y el proceso va a terminar bien. También vamos a llegar a acuerdos con las principales organizaciones criminales. Vamos a bajar de 300 a 100 los municipios afectados por la violencia. No vamos a acabar la última mata de coca, pero vamos a reducir el número de familias que dependen del narcotráfico y vamos a terminar con este problema en un 50%. Es un montón para cuatro años.

P. ¿Qué pasará con el 50% restante, con los grupos que no se adhieran a la paz total?

R. Los vamos a perseguir, para eso está el garrote.

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