Las cinco claves de la reforma tributaria de Petro

“Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos, en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos” dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso inaugural, el 7 de agosto. Menos de 24 horas después su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma tributaria para aterrizar ese discurso. Un proyecto ambicioso, que buscaba recoger 26 billones de pesos adicionales en 2023, equivalentes a un 1,8% del PIB, esencialmente cargando más a las personas de mayores ingresos, a empresas financieras y del sector extractivo, y a productos poco saludables o contrarios al ambiente. Y que tenía como objetivo asegurar la estabilidad fiscal y, a la vez, reducir la pobreza y la desigualdad.

En los casi tres meses de debate desde entonces, el proyecto sufrió cambios que llenaron titulares. Pero su esencia se mantiene, y gira alrededor de estos cinco puntos:

1. El mayor recaudo vendrá de los hidrocarburos

El mayor debate que queda abierto, y el mayor énfasis de la reforma en términos de recoger dinero, está en los hidrocarburos, y especialmente en el petróleo. Ese centro de gravedad ya estaba claro en el proyecto inicial, en el que el Gobierno propuso prohibir que se reste en el impuesto de renta el pago de las regalías, el dinero que se entrega al Estado por extraer bienes del subsuelo, que es estatal. También creaba un impuesto nuevo del 10% de las exportaciones de petróleo crudo, oro y carbón cuando el valor de esos productos pase cierto umbral, que hoy sobrepasan de lejos. La lógica se mantiene.

La no deducibilidad de las regalías quedó. Fue fuertemente criticada en el Congreso, y por fuera de él, ya que en el impuesto de renta se deducen todos los costos y gastos que tiene una empresa o persona para lograr sus ingresos, y las regalías son uno de ellos. Ocampo la defendió así en la plenaria final de la Cámara este jueves: “Este tema fue objeto de mucho debate con las comisiones terceras, e incluso tuvimos una alternativa de una sobretasa fija”, reconoció, pero defendió la medida. Contó que el Ministerio calculó que esa medida equivale a entre el 2% y el 5% adicional en la tarifa de renta. Fedesarrollo, un reputado centro de pensamiento económico, calcula un impacto sustancialmente mayor, del 17,7%.

La reforma no solo aumenta el recaudo de los hidrocarburos por esa vía. Además de otros cambios relativamente menores (como la limitación de algunos beneficios tributarios o del tratamiento que se da al pago de otros impuestos), crea una sobretasa al 35% del impuesto de renta. Para las empresas petroleras, ese extra del 5% de cuando el precio promedio del año sea del 30% al 45% del promedio de los 10 años anteriores, del 10% cuando sea del 45% al 60% y del 15% cuando sea más alto. Es decir, podrían pagar una tarifa del 50%. Para el carbón la sobretasa llegaría hasta el 10%.

Esos cambios tienen por lo menos dos efectos: el de llevar al Estado a depender más de los hidrocarburos para financiarse, y a la vez crear un menor incentivo para invertir en ellos. Eso último está alineado con el objetivo de modificar el sistema económico para depender menos de ellos y lograr la transición energética, pero puede terminar reduciendo los recursos para financiarla.

2. Envía mensajes en defensa de la salud y el medioambiente

Además del petróleo, el otro gran debate de la reforma estuvo en los llamados impuestos saludables, que buscan desincentivar el consumo de alimentos que aportan poco a la nutrición y afectan la salud por su alto contenido de azúcar, sodio o grasas.

Uno es el impuesto a las bebidas azucaradas, que el Gobierno incluyó y que tiene ganada una batalla en la opinión desde que se propuso por primera vez en una reforma en 2016. El Congreso lo aprobó aunque en una versión menos estricta: se cobrará a las bebidas que tengan un nivel de azúcar más alto del inicialmente propuesto, lo que deja por fuera varias de las marcas más vendidas de Postobón y Coca-Cola, que así logran evitar la mayor parte de su cobro.

El otro impuesto saludable es el de los alimentos ultraprocesados, los que tienen un proceso industrial en el que se les agrega azúcar, sal o grasas. Acá el debate estuvo inicialmente marcado pro el salchichón, que quedó por fuera, y luego pro el pan, que también fue excluido. Así, pagarán un 10% en 2023, 15% en 2024 y 20% en 2025, los alimentos como las salchichas, los cereales, las galletas o el chocolate que tengan más de 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos, o en el que el 10% o más de sus calorías provienen de azúcares libres o grasas saturadas. Ese trabalenguas nutricional ha aterrizado en un debate sobre alimentos que muchos colombianos consumen todos los días, como el yogur, la pasta o los ponqués.

La reforma también apuntala la defensa del ambiente, un asunto que ha estado entre las prioridades de Petro desde hace un cuarto de siglo. Ahora habrá un impuesto a los plásticos de uso único, como los empaques desechables, y será más alto el ya existente impuesto al carbono.

3. Hace énfasis en la igualdad, aunque perdió en el camino

El discurso de posesión de Petro, las palabras de Ocampo al radicar el proyecto y su documento de exposición de motivos coinciden en que la reforma busca reducir la desigualdad porque se concentra en las personas de mayores ingresos. “Este proyecto de reforma tributaria tiene como objeto avanzar fundamentalmente en dos dimensiones. Primero, en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos”, dice la exposición de motivos.

Sin embargo, en el camino perdió varios de los elementos que más resaltaban este punto, encabezados por la eliminación del impuesto de renta a las pensiones de 10 millones de pesos o más por presión de las bancadas gobiernistas que no son de izquierda y especialmente la conservadora. También cambiaron elementos como los techos a los beneficios que puede descontar una persona, elementos del impuesto al patrimonio o de la tarifa de renta a los dividendos.

Sigue en el aire la posibilidad de que exista una tarifa del impuesto de renta menor para las llamadas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), como han pedido su gremio, varios congresistas de izquierdas y como impulsó Petro en 2021, cuando se tramitaba la última reforma tributaria del Gobierno anterior. Con votos de la oposición y de partidos aliados del Gobierno pero no petristas, la plenaria de la Cámara aprobó una propuesta de Jeniffer Pedraza, del partido Dignidad (la izquierda no gobiernista) para incluirla, a pesar de no tener aval del Gobierno como es requisito de cualquier norma que implique gasto del Estado. Como el Senado no la aprobó, el futuro de esta idea depende de la conciliación de los textos que aprobaron las dos plenarias, y deja el Gobierno en el dilema entre apoyar una medida criticada por los técnicos y que no apoya, o quedar como un enemigo de esta bandera de la economía popular y la igualdad-

4. Aporta a la financiación del déficit

Con un recaudo estimado de 19 a 20 billones adicionales en 2023, la reforma promete reducir el déficit fiscal en alrededor del 1,2% del PIB. Ese es un aporte relevante que acerca el recaudo en impuestos al promedio de América Latina, pero está lejos de ser suficiente para cerrar el déficit fiscal. los cálculos más recientes del Comité de la Regla Fiscal, un grupo autónomo de economistas encargados de hacer seguimiento a la sostenibilidad de las finanzas públicas, indican que en 2023 el déficit sería del 7,3% del PIB. La propuesta inicial de la reforma era recoger el 1,78% del PIB, unos 26 billones de pesos, pero tuvo el usual proceso de las alzas de impuestos de ver sus ambiciones reducidas en el trámite en el Congreso.

Además, el mismo Comité alertó sobre un potencial impacto negativo de la reforma en el déficit fiscal por cuenta del efecto de el alza de impuestos, especialmente en el sector petrolero. “La alta dependencia de estas transferencias [impuestos y regalías del sector petrolero] para la Nación hace que una política que suspenda la actividad o desincentive la inversión en el sector represente un riesgo elevado para la sostenibilidad fiscal y cambiaria del país con efectos adversos sobre el desarrollo y el crecimiento económico”, escribe el Comité en su más reciente pronunciamiento público, el domingo pasado. Fedesarrollo, un reputado centro de pensamiento económico, estudió ese mismo impacto de la reforma y encontró que por ella “el crecimiento económico podría reducirse en promedio en 0,32 puntos porcentuales, con un máximo de 0,4 puntos porcentuales en 2030″ y que desincentivaría tanto la industria petrolera que el recaudo se reduciría en 0,12% del PIB.

5. La discusión se centra ahora en el gasto

Con la reforma ya aprobada, el debate ya se ha deslizado hacia el del para qué, de en qué se gastará el dinero. El presidente Gustavo Petro aclara que las prioridades son de gasto social: educación, acueductos, vías, apoyo a madres cabeza de familia. “Habrá algunos programas ambientales y de paz y también para el fomento de la pequeña empresa, que en realidad también es gasto social. Son nuestros objetivos básicos”, dijo Ocampo al presentar el proyecto de reforma.

Desde ese momento el déficit fiscal estimado ha crecido, así como ha aumentado la cantidad de pesos que necesita recoger el Estado en impuestos pagar pagar su deuda externa, en dólares, por cuenta de la devaluación. Según los datos del Ministerio de Hacienda, entre el 31 de julio y el 30 de septiembre esa deuda creció de 315,1 billones de pesos a 332,5 billones de pesos, un aumento mayor al que planea recaudar toda la tributaria en 2023.

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