El Gobierno busca fórmulas para ceder a los críticos sin adelgazar la reforma tributaria

Si hay un hombre que siente sobre sus hombros el peso del nuevo Gobierno de Colombia es el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Desde hace semanas vive inmerso en sacar adelante la que se ha llamado la madre de todas las reformas del Ejecutivo. Si la reforma tributaria falla, es muy difícil que los compromisos adquiridos por el presidente Gustavo Petro se materialicen en los próximos años. El Gobierno presentó una reforma tributaria muy ambiciosa y Ocampo saltó al ruedo de la negociación dispuesto a escuchar pero con una advertencia: la recaudación no podría bajar de los 25 billones de pesos. A lo largo de estas semanas, el ministro ha ahondado su fama de buen negociador, conseguida a lo largo de una dilatada carrera, pero las concesiones a los críticos empiezan a adelgazar los ingresos.

La que se presentó como la Reforma Tributaria para la Igualdad y Justicia Social tiene el ambicioso objetivo de reducir la pobreza en un 3,9%. Los últimos datos la situaban en el 39,3%, es decir, 19 millones de colombianos pobres. Pero ese no es el debate que se está dando ahora y, que en gran parte, echan de menos los analistas. “Hay una exposición poco transparente en el lado redistributivo y eso genera cierta incertidumbre”, dice el economista Roberto Angulo. El ministro justifica que lo primero es acordar los ingresos, base para definir después la inversión en programas sociales.

En ese camino se han negociado ya varios puntos que generaron rechazo desde el primer momento, aunque engordaban la recaudación. La reforma original, en esencia más equitativa, planteaba un enorme carga sobre las empresas. Esta semana, Ocampo ya reconoció avances en varios campos como dividendos o ganancias ocasionales, lo que reduce la ansiedad del empresariado. También se dio marcha atrás en la eliminación del subsidio al petróleo en zonas fronterizas o a gravar las exportaciones de oro. La abogada tributarista Mónica Inés Hernández avala los retoques. “Entendieron que las propuestas iniciales eran muy drásticas, pues terminaron llegando a un consenso de unos aumentos que, si bien son grandes, son menos onerosos que lo propuesto”, sostiene.

La negociación sigue adelante, con el escenario más optimista de poder aprobar la reforma a finales de octubre o principios de noviembre. Pero las concesiones ya han rebajado el límite original del ministro, confirman fuentes del Gobierno. En Hacienda estudian ahora nuevas fórmulas para llenar esos agujeros, aunque las opciones no son muchas. El presidente, de viaje estos días en Nueva York donde asistió a la Asamblea General de la ONU, lanza pistas desde Twitter, su red social favorita. “¿Saben porque España pone un impuesto a las grandes fortunas? Para poder financiar los gastos de salud y educación de los más pobres. Así se hace un pacto social, así se construye justicia social y una nación, así se construye la paz”, dijo este jueves antes de viajar de regreso desde Estados Unidos, dando la oportunidad de leer entre líneas.

El impuesto al patrimonio cuenta con apoyo entre los partidos, por lo que podría ser un rubro a retocar al bajar el umbral, actualmente para personas con un patrimonio igual o superior a los 3.000 millones de pesos (casi 700.000 dólares). Ocampo, en cualquier caso, está tranquilo. Los acuerdos forman parte de la negociación y es el Congreso el que decide la reforma final. El apoyo al Ejecutivo es muy amplio (casi del 70% de los congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes), por lo que las posibilidades de que el texto no salga adelante son remotas. Sin embargo, incluso partidos que se han declarado de Gobierno en el Congreso, algunos de ideología tan alejada de Petro como el Partido Conservador y el de la U, están promoviendo cambios en el texto original. Ahí es donde el ministro tiene que mantener los equilibrios para no perder apoyos y mantener un ingreso suficiente que sostenga la inversión.

Para cumplir con el objetivo de reducir la pobreza el Gobierno trabaja en un subsidio por hogar que espera tener diseñado antes de final de año. Esas ayudas directas sustituirían los subsidios actuales en un solo mecanismo, aunque aún no está claro cómo funcionará ni a quien llegará. “Hasta el momento se ha hablado mucho del recaudo y de los que van a pagar más, pero no se ha dicho cómo se va a gastar esa plata”, cuestiona el profesor de Los Andes David Bardey.

En paralelo, esta semana ese aprobó el primer presupuesto de la era Petro, que suma 405,5 billones de pesos. El presidente, desde Nueva York, aseguró que si se aprueba la reforma tributaria habrá un fuerte incremento presupuestal en “educación, agua potable, energías limpias e infraestructura para la agricultura , el turismo y la conectividad”. Las próximas semanas serán claves para definir una reforma que sostiene un programa de Gobierno.

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