La reforma tributaria enfrenta escollos en el Congreso de Colombia

Esta semana inició lo que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, llamó “la discusión en serio” para la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, la prioridad de su amplio portafolio de propuestas de cambio. Lo que arrancó fue el debate sobre las ponencias que deben presentar 19 congresistas, en las que vendrán propuestas de ajustes sobre los artículos que presentó el Gobierno en su primer día. Y probablemente sean sustanciales por las críticas sectoriales como las del sector del cine, la poca experiencia de varios de los ponentes y la posibilidad de perder el apoyo de dos de las bancadas que se han declarado de Gobierno.

La reforma, según reiteró Ocampo en su charla anterior ante las comisiones terceras de Senado y Cámara, donde se dará ese primer debate, busca recaudar 25 billones de pesos en 2023 y conseguir ingresos anuales de hasta 50 billones en 2026, al finalizar el mandato de Petro. Se tramitará solo en las terceras y no en las terceras y las cuartas como es usual, algo que si bien tiene sustento legal ya ha levantado molestia entre los congresistas de las comisiones cuartas, como explicó La Silla Vacía.

Con esa decisión, Ocampo busca que el proyecto salga rápido del Congreso, pues en esta primera etapa tiene que poner de acuerdo a menos congresistas. Además, Petro le puso mensaje de urgencia al proyecto, lo que hace que las comisiones de Senado y Cámara discutan simultáneamente y que, si pasa por ellas, las plenarias deban agendarlo más pronto.

Esa estrategia depende de que la poyen los 19 congresistas ponentes, encargados de armar una propuesta completa de reforma para la votación en las comisiones. Como suelen estar encargados de meterse a fondo en los proyectos mientras sus colegas lo hacen con otros, como una forma de especialización de funciones, ellos son un primer filtro fundamental. Hay uno por partido, y los que tienen más conocimiento del tema y más experiencia legislativa (o los que son particularmente convincentes) suelen lograr que el proyecto quede un poco más cercano a alguna posición.

En este caso, solo tres de los diez senadores ponentes suman las dos condiciones: el conservador Efraín Cepeda, quien está en el Senado desde el milenio pasado y ha sido miembro de las comisiones económicas; Imelda Daza, economista que repiten en el Senado por la bancada de Comunes, el partido que surgió de la desmovilización de las Farc; y Arturo Char, que lleva más de una década en el Senado por Cambio Radical y ha estado en comisiones económicas, aunque no es conocido por su liderazgo en ella (pero sí por el poder político de su familia, una de las más ricas de Colombia y que controla el poder en Barranquilla, la cuarta ciudad del país).

En contraste, siete senadores no habían sido congresistas: Ana Carolina Espitia, de la Alianza Verde y quien apoyó a Rodolfo Hernández, rival de Petro, en la campaña; Jairo Castellanos, de la Alianza Social Independiente y ex alcalde de Toledo, un municipio de menos de 20.000 habitantes en Norte de Santander; el liberal Juan Pablo Gallo, ex alcalde de Pereira y su copartidario Juan Diego Echavarría, exalcalde de La Estrella; Juan Carlos Garcés, de La U y quien viene de ser diputado del Valle; el uribista Miguel Uribe, una de las caras más visibles de ese partido de oposición de derecha; Clara López Obregón, candidata a la vicepresidencia en 2018 y figura del del Pacto Histórico de Petro

De ellos, tres tienen experiencia relevante en la parte económica del Estado. Son Espitia, quien es ingeniera industrial y fue secretaria general de la Gobernación de Boyacá; Gallo, economista y exalcalde de una ciudad mediana; López, economista y quien entre otras fue secretaria económica del presidente Alfonso López Michelsen o auditora general de Colombia. Los otros cuatro tienen una experiencia menor.

En la Cámara, el ponente del Pacto Histórico es el novato Jorge Bastidas, un líder social caucano experto en temas de tierras y conflicto social. Es coordinador de ponentes junto con el liberal Álvaro Monedero, quien sí conoce el Congreso y el tema, pues estuvo en el cuatrienio pasado en la misma comisión.

El mayor experto en los asuntos tributarios es un opositor, el uribista Óscar Darío Pérez, quien ha sido senador y es representante desde 2014, y es una de las voces más reputadas en el Congreso para estos temas. Eso le da a la oposición un peso mayor en el debate. Más cuando los congresistas más cercanos a Petro son novatos, como Bastidas: Karen Manrique, representante de una de las curules de víctimas creadas por el acuerdo con las FARC y el verde Juan Diego Muñoz. Y el otro con más cancha, Carlos Cuenca (de Cambio Radical), es cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los grandes críticos de Petro.

Con ese grupo de ponentes, en el que hay muchos primíparos, poca experiencia y buena parte de esta en manos de opositores, se puede dificultar que pase con pocos cambios una reforma que despierta críticas y temores en sectores empresariales y de derecha. Ese tipo de críticas las representan en el Congreso el uribista Centro Democrático y también Cambio Radical, que ya ha dicho que votará contra la reforma incluso si no se declara oficialmente en oposición, algo que debe definir a más tardar el 7 de septiembre.

A ellos se pueden sumar los liberales y La U, que hasta ahora se habían declarado aliados del Gobierno, e incluso tienen representación política en el gabinete. Los primeros, que oficialmente tienen a los ministros de Justicia, Néstor Osuna, y Vivienda, Catalina Velasco, discutieron este miércoles en una reunión de bancada la posibilidad de declararse en independencia. Eso, aunque no obliga a votar la tributaria en ningún sentido, es una señala de molestia con Petro, que se hizo más fuerte porque su cabeza, el expresidente César Gaviria, dijo públicamente “Hemos sido hasta ahora partido de Gobierno. No estamos satisfechos con lo que hemos visto”.

Los segundos están a la espera de que finalmente Petro nombre a una ministra de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) de sus filas, pues finalmente no irá Mery Janneth Gutiérrez y aunque este miércoles se dijo que sería Sandra Milena Urrutia, hay dudas de si estaría inhabilitada. Mientras tanto, sus congresistas también tienen dudas sobre la tributaria. Ya la representante Saray Robayo, su ponente en la Cámara, dijo que propondrán eliminar un punto, el aumento de la tarifa a las ganancias ocasionales.

Esas manifestaciones podrían ser solo ruido. Pero si esos dos partidos se suman a Cambio Radical y el centro Democrático, estarían a un voto de hundir la reforma en la Cámara: sumarían 15 de los 32 votos de la Comisión Tercera. Para que pasara, bastaría que la representante del partido cristiano Mira votara en contra, que lo hiciera alguno de los cinco conservadores, o que no asistieran aliados del Gobierno. En el Senado el panorama sería más negativo para la reforma: Petro se quedaría solo con siete votos, contra 10 de liberales, La U y los opositores.

Esas posibilidades de que la reforma tributaria se hunda son remotas, pero no imposibles. El Gobierno la ha presentado como condición previa para todas sus otras propuestas e incluso para sostener su aumento en 10 billones de pesos (unos 2.300 millones de dólares) al presupuesto de 2023. Lo más seguro es que estas voces terminen en una reforma tributaria más pequeña y menos ambiciosa que la presentada inicialmente, como suele ocurrir con las reformas tributarias en Colombia, con la diferencia de que eso pone en aprietos la financiación de la batería de cambios que han propuesto Petro y su gabinete.

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