Néstor Osuna: “El Gobierno de Colombia es ideológicamente liberal, socialdemócrata”

El nuevo ministro de Justicia, reconocido académico, es uno de los representantes de la diversidad en el Gabinete de Gustavo Petro

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en su casa en el norte de Bogotá durante la entrevista con EL PAÍS.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en su casa en el norte de Bogotá durante la entrevista con EL PAÍS.Ricardo Pinzón Hidalgo

Néstor Osuna (Bogotá, 60 años) es uno de los ministros más netamente liberales del Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente elegido como candidato de izquierda de Colombia. Académico, experto en Derecho Constitucional y cercano a la rama judicial, este técnico en su área llega a una de las carteras a la vez más visibles y con menos margen de maniobra del país, la de justicia. Osuna recibe a EL PAÍS en su apartamento, días antes de su posesión como ministro e incluso antes de haber ido por primera vez a las oficinas del Ministerio, pero con propuestas claras, y progresistas, para la justicia.

Pregunta. En materia de justicia, la reforma es la idea principal de este Gobierno. Pero usted ha dicho que no es similar a las de los últimos diez años. ¿Cuál es la propuesta?

Respuesta. La idea es hacer todas las reformas que se necesiten para acercar la justicia a los ciudadanos, en el sentido de que sea una justicia más barata, más rápida, que logre que el ciudadano reciba una respuesta a un reclamo. Usualmente el esfuerzo se ha centrado en la posibilidad de presentar el reclamo con casas de justicia, lugares donde presentar las denuncias, formatos para hacerlo. Eso es importante, pero después no hay respuesta. Hay que intensificar esa facilidad de presentar, pero el acceso a la justicia no puede ser solamente un buzón de quejas, sino respuesta rápida de la justicia que no se quede en un formalismo, que sea de fondo.

P. Eso suena ideal, que resuelva rápido el conflicto que le estoy pidiendo a la justicia que dirima. Pero, ¿cómo se hace?

R. Superando el ritualismo, como lo hace la acción de tutela. Se está pensando, en borrador, que en lugar de que las personas presenten sus demandas y luego el juez practique las pruebas, las partes lleven su reclamo en un paquete completo, con la demanda y sus anexos. Por ejemplo, explicando que la solicitud está fundada en este documento, o en el testimonio del que aquí está la grabación. Que luego le traslade a la contraparte para que envíe sus documentos, y ya. Nada de revisar la demanda, pedir que la corrijan, nada. Digamos, hay asuntos más complicados y que no se pueden resolver en días, pero sí con la filosofía de centrarse en que el juez tiene que tomar una decisión. También hay que fortalecer mecanismos alternativos de justicia. Se ha hecho mucho para que sirvan para admitir los conflictos, pero no para resolverlos. Para eso se necesita, por supuesto, políticas públicas que implican erogación presupuestal.

P. ¿Cómo romper el ritualismo?

R. Cuando se empezó a aplicar la acción de tutela con la Constitución de 1991 parecía muy raro que se hiciera sin abogado. Hoy a nadie le extraña. Los juzgados han seguido funcionando, los jueces entienden muy bien las demandas de tutela aunque no tengan las formalidades, entonces eso se puede hacer. Los conflictos de la vida cotidiana los puede resolver un funcionario que sepa de administración de justicia y que sea versado en derecho, sin que las partes tengan que tener representación de abogado.

P. Esa propuesta no le va a gustar a los abogados…

R. Sí, pero creo que hay que hacerlo. Eso no impide que una persona quiera contratar un abogado, claro, ni tener mucha más oferta de servicios jurídicos gratuitos subsidiados, aunque hay escasez presupuestal. Toca pensar en una combinación de abogados de oficio o cosas similares, con más procesos en los que no se necesita abogado. Entonces que los colegas replanteen su función social.

P. ¿Y funcionaría así la justicia?

R. Una tutela de hace unos 20 años, muy famosa, demuestra que sí. Una persona se quejó de que cualquiera entraba a internet y, con el número de la cédula de alguien, podían acceder a sus datos de seguridad social y al registro de bienes inmuebles para saber qué propiedades tenía y recoger los datos para un secuestro exprés. Punto. No decía qué era lo que quería, ni dirigía la demanda contra nadie. Pero el juez que la vio lo entendió: dijo que no era contra los ladrones sino contra quienes administraban las páginas web de la seguridad social y del registro de instrumentos públicos. Y con eso tomó una decisión, que la Corte Constitucional revisó y convirtió en una sentencia clave del derecho al habeas data. Es un ejemplo de cómo los jueces han aprendido a entender cómo habla la gente, cómo escribe.

P. ¿Pero una demanda presentada por un abogado no se lo pone más fácil?

R. Probablemente, pero en casos que no son la interpretación de un contrato o el incumplimiento de una obra pública, que son mucho más complejos, es posible hacer ese tipo de acercamientos.

P. Eso aplicaría a problemas civiles, de familia, comerciales ¿y lo penal?

R. Ahí el Gobierno está decidido a no seguir con la política del populismo punitivo que ha imperado en estos años, y a no gastar más en cárceles.

P. Hoy hay un hacinamiento de alrededor del 20%

R. Sí. No es fácil tener las cifras exactas porque cambian a diario, pero hay unas 97 mil personas en establecimientos carcelarios y como 30 mil en estaciones de policía. Entonces, por una parte y con el dinero siempre escaso, se buscaría hacer más dignas las condiciones de vida y tener una política de excarcelación. No es hacer una amnistía sino mirar qué delitos no deberían estar en el Código Penal o buscar que, dentro de su autonomía, los jueces apliquen los beneficios que ya existen. En lo que le corresponde al Gobierno, buscaremos implementar algunas reformas administrativas y legales para que algunas personas que no tienen que estar en la cárcel, salgan. La cárcel no sirve para nada o para muy poco. Me atrevo a decir que solo sirve al espíritu de venganza, que uno puede entender, pero no es útil.

P. ¿Cómo luchar contra el populismo punitivo?

R. Con pedagogía. Poniendo a la ciudadanía a pensar para qué sirve una cárcel, cómo son las nuestras. Que vean por televisión que sí hay delincuentes –porque la corrupción es de muchísima gravedad, también la inseguridad– pero que hay sobre todo gente muy pobre que ha cometido delitos menores. Estar allá no evita que vuelvan a cometer delitos, quizás si tuviéramos cárceles con mejor sistema educativo o algo así.

P. En esa línea, congresistas aliados del Gobierno impulsan excarcelar a los jóvenes que estuvieron en las protestas y que están siendo procesados por delitos como terrorismo o de daño en bien ajeno. ¿Qué hacer?

R. Hay reformas legales que deben pasar por el Congreso y no son medidas de corto plazo porque una ley no sale rápido. Entonces, respetando con todo gusto y compromisos la autonomía y la independencia del Poder Judicial, se puede sugerir –porque sugerir no está prohibido– distintas posibilidades de interpretación de las normas, unas más proclives a la libertad y no tanto al internamiento. Esperar que haya una reconsideración.

P. Usted estuvo en el Poder Judicial. ¿Cómo convencer a los jueces de dejar el formalismo o cambiar sus interpretaciones?

R. Con mucho diálogo, escuchando. Buena parte del Poder Judicial tiene el ánimo de cambiar el modo de hacer las cosas. Los jueces están tan sobrecargados de trabajo que si uno les dice “los procesos se podrían resolver en seis meses”, quedarían felices de quitarse de las espaldas el piano de los procesos congestionados. Creo que va a haber receptividad aunque también controversia, pero así es la democracia. Con persuasión, esfuerzo de pedagogía, energía política.

P. La relación también pasa por el presupuesto para la rama, o ayuda para conseguir cooperación internacional o asuntos más políticos como las ternas para órganos de control. ¿Este Gobierno buscará cambiar eso con una reforma?

R. Cada día trae su afán y creo que las reformas que requiere la justicia no son el régimen constitucional, con el sistema de ternas. Claro, podría funcionar mejor, pero hay que enfocarse en prioridades no son cambiar los mecanismos de designación. Por años nos hemos enfrascado mucho en eso, y la morosidad judicial y las dificultades de acceso no se tocaron. La prioridad está en los ciudadanos, así como en el derecho penal debería estar en las víctimas.

P. ¿No en el castigo?

R. No. En la reparación, en el reencuentro entre la víctima y la sociedad. Nuestro sistema está muy bien pensado para el agresor: el castigo que merece, las garantías que tiene. Pensar en las víctimas ha avanzado lentamente en todo el mundo y en Colombia, pero hay que profundizarlo. Por ejemplo, un médico gerente de un hospital destina una plata que era para pagar la nómina a comprar equipos y lo condenan por peculado por aplicación pendiente. Sin discutir si debería ser delito, ¿no es mejor que haga servicio social de consulta gratuita durante seis meses? Hay una justicia que puede servirle más a la víctima directa, a la sociedad y también al agresor para corregir, para entender un poco más la sociedad. Por lo menos hay que proponerlo. Si logramos resolverlo, maravilloso, pero solo lograr que la sociedad comience a pensar de un modo distinto, ya es importante, es el comienzo de un cambio jurídico, de políticas públicas, pero sobre todo un cambio cultural. Pasar de pensar en que el castigo es lo importante a que lo es la reparación.

P. Hablando de cambios, en el Gobierno del cambio. ¿Qué hará el Ministerio de Justicia sobre la reforma agraria?

R. Hay que fortalecer la jurisdicción agraria especializada, fuerte, más robusta de lo que tenemos hasta ahora, para lo que hay un proyecto de ley bastante adelantado. También mejorar el trámite judicial de restitución de tierras, que se demora mucho. Y también tiene algo que ver con justicia el catastro multipropósito, porque está haciendo falta que el Estado y la sociedad puedan conocer la situación de los predios de toda Colombia. Eso sirve para planeación territorial, para impuestos, para el comercio. Tiene que ver con justicia porque la Superintendencia de Notariado y Registro está adscrita al Ministerio, y es la que lleva el registro.

P. Hablando de entidades. ¿Ya sabe quiénes van a ser el superintendente y viceministros?

R. No hay nombres, pero el lineamiento del presidente es que sean jóvenes bien preparados, comprometidos con el cambio.

P. Hablando de nombres y del cambio, ¿cómo es la historia del trino de su esposo?

R. Fue absolutamente espontáneo. Nuestra relación tiene 15 años y es pública, no tenemos problema con que se sepa, nunca lo hemos ocultado. Pero eso era siendo abogado, profesor, no ministro. Ni Mauricio [Arroyave, su esposo] lo había pensado, ni yo. Yo ya estaba en la plaza cuando leí el trino, en medio de ese acto tan emocionante, entonces ahí mismo le contesté en Twitter. Yo no sabía del efecto hasta cuando llegué aquí por la noche. Fue una respuesta espontánea, de la que ahora me enorgullezco más por el efecto de visibilidad, de reconocimiento para otras personas.

P. ¿Usted representa la diversidad en el Gabinete? ¿O representa al Partido Liberal?

R. No estoy seguro qué haya pensado el presidente. Yo nunca he sido un militante del Partido Liberal aunque sí cercano. Cuando Horacio Serpa era director del partido, antes del año 2000, fui miembro del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal. No he sido nunca más nada, no he sido candidato ni a la junta de este edificio. Entonces sí ha habido una afinidad ideológica, pero sin militancia electoral ni compromisos partidistas.

P. Pero usted conoce a los congresistas.

R. Como fui candidato a la Corte Constitucional en 2017, conocí a los de esa época. Quedan algunos pocos, porque el Congreso se renovó.

P. Pero sí tiene una sintonía con la bancada liberal y estuvo con la bancada y el presidente Gaviria la semana pasada.

R. Sí, y estuvo bien. Me parece que es correcto que haya representación política, y me parece bueno que sea visible. Pero creo que me eligió más por el Externado, [la universidad] donde él estudió y donde soy profesor. No es incompatible lo uno con lo otro, pero creo que si se trataba de proveniencia, tiene más que ver con la universidad que con el Partido Liberal.

P. Entonces, usted representa lo liberal. ¿El Gobierno es liberal?

R. Creo que este es un gobierno ideológicamente liberal, socialdemócrata: de intervención del Estado en la economía, redistribución de la riqueza, progresista. No neoliberal ni del partido. Reformista liberal, o digamos, liberal de izquierda. Y este país necesita eso, estoy convencido.

P. ¿Se le parece al Gobierno Juan Manuel Santos?

R. Frente a lo que han sido los Gobiernos de Iván Duque y de Álvaro Uribe, claro, este se parece más al de Santos. Pero no lo veo tan parecido. Claro que van días de Petro, y de Santos fueron ocho años... pero este es más reformista.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS