Los primeros ajustes a la reforma tributaria muestran el norte del Gobierno de Petro

Este viernes el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló los dos primeros cambios a la reforma tributaria que presentó el Gobierno en su primer día. Ya no busca eliminar el subsidio a la gasolina en las zonas de frontera ni cobrar un impuesto a las exportaciones de oro cuando sobrepasen cierto precio. Son ajustes tempranos, pues el proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso y la mayoría de bancadas todavía no han revelado sus comentarios y posiciones sobre él.

Que Ocampo los anuncie tan pronto muestra que el Gobierno tiene por lo menos dos preocupaciones sensibles: la necesidad de crear impuestos que sean realizables y no incentiven el contrabando y la evasión, y la de proteger lo que el ministro llamó “la pequeña producción, la economía popular en el discurso del Gobierno”.

Los dos impuestos que ya no van podrían incentivar la piratería, aunque en sentidos diferentes, y por esa vía a fortalecer la economía ilegal. El subsidio a la gasolina en las zonas de frontera busca que haya una menor diferencia en el precio, especialmente frente a Venezuela, donde la gasolina vale una fracción y, por lo tanto, se pasa de forma ilegal a Colombia. El impuesto del oro, en contraste, podría fomentar la ilegalidad en la exportación, que ya es un problema. “De hecho mucho oro que exporta Colombia es contrabando”, dijo el Ministro.

En el caso del oro, Ocampo fue claro en que uno de los motivos para eliminar el impuesto era la existencia de muchos pequeños productores de oro, y que protegerlos es parte de la apuesta para empujar la economía a partir del apoyo a pequeñas empresas. “Nos interesa promover a los pequeños productores de oro también, como a los propietarios agrícolas, o industriales o de servicios... todos” dijo el Ministro.

Las dos preocupaciones se podrían aplicar a otros cambios propuestos en la reforma y probablemente abran la puerta a más discusión en las próximas semanas, cuando se empiece a debatir en las comisiones terceras del Senado y la Cámara. Como reconoce Ocampo, el proceso apenas arranca. “La semana entrante realmente comienza la discusión en serio”, ha dicho.

En ella el debate sobre la economía popular es particularmente sensible para el Gobierno, pues es uno de los ejes del discurso económico del presidente Gustavo Petro. Apoyarla era uno de los seis pactos de su programa económico y ha dicho que es el eje de toda la economía del país.

A pesar de eso, la reforma no incluye una tarifa del impuesto de renta menor para las llamadas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y las grandes empresas, como ha pedido su gremio, la Asociación colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas (ACOPI). Aunque la idea ha sido criticada por expertos por la posibilidad de que grandes capitales creen mipymes para pagar menos renta, el mismo Petro impulsó esa propuesta en 2021, cuando se tramitaba la última reforma tributaria del Gobierno anterior, y también lo hicieron aliados suyos como el senador Wilson Arias, del Polo Democrático. Es probable que con un Gobierno elegido por la izquierda, esta idea resurja con fuerza en el debate, más cuando incluso desde la derecha se ha propuesto lo mismo.

Algo similar puede ocurrir con otro impuesto que está en el proyecto de reforma. Se trata del equivalente al que ya no irá para el oro, pero para las exportaciones de carbón. Ese producto, que también proviene de la minería que rechaza Petro como parte de la economía extractivista, también tiene unas 5.000 pequeñas explotaciones, especialmente en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. La diferencia estriba en que es más difícil el contrabando de carbón (porque se necesitan toneladas, no gramos, para tener una cantidad significativa de dinero) y en que explotar oro no alarga la transición energética que también es bandera del Gobierno, mientras el carbón sí.

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