Colombia reabre el postergado debate sobre los ‘impuestos saludables’

El naciente Gobierno de Gustavo Petro le ha dado una segunda oportunidad a los llamados ‘impuestos saludables’ en Colombia. El proyecto de reforma tributaria que acaba de presentar busca gravar las bebidas azucaradas, una medida que ya se había propuesto en el pasado, y los alimentos ultraprocesados, que no tienen ese antecedente. El debate viene con el eco de una larga batalla por adoptar medidas similares a las que ya se han tomado en más de 70 países, una veintena de ellos en la región, con el propósito de reducir el consumo de gaseosas y refrescos, vinculadas con la obesidad y la diabetes.

La tributaria, la primera reforma de gran calado de la nueva era política, refleja varios de los ejes que Petro, el primer mandatario de izquierdas, ha defendido desde hace tiempo en su discurso. En este intento, los impuestos saludables parecen contar con el decidido apoyo del Ejecutivo, incluyendo al propio ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y no ser solo un impulso de la cartera de Salud, en cabeza de Carolina Corcho. “Además de elevar los ingresos para abordar la pobreza, la reforma busca mitigar externalidades negativas en la salud y el medio ambiente. En esta materia, resaltan la modificación al impuesto al carbono, y el establecimiento de impuestos a los plásticos de un solo uso, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados”, subraya la exposición de motivos de la reforma. El propósito primario de los dos últimos es proteger la salud. “Esto no es para generar plata, el recaudo ideal de estos impuestos es cero”, ha dicho el ministro Ocampo, mientras el propio Petro ha salido a defender, en un lenguaje simple, que es “para que la gente no tome tanta gaseosa”.

Es apenas la segunda ocasión en que una iniciativa parecida viene desde el Gobierno, pero en cada reforma tributaria que se ha presentado desde 2016 se ha hecho el intento de incluir el impuesto a las bebidas endulzadas, explica Carolina Piñeros, directora Red PaPaz, una organización de la sociedad civil que vela por los derechos de los niños. Aunque sugiere revisar algunos aspectos del diseño técnico de la propuesta, celebra que regrese al debate público. “Este tipo de medidas de salud pública, que pueden afectar intereses particulares, por ejemplo de la industria de comestibles, son muy difíciles. Es similar a lo que pasó cuando se trató de regular el tabaco”, apunta, un paralelo que han trazado numerosos académicos y observadores.

Desde Red PaPaz han observado en estos años cómo la opinión pública empieza a entender el daño que ocasiona el consumo excesivo de azúcar para la salud de las personas, apunta Piñeros. “Ha habido un proceso de toma de consciencia colectiva”, valora. En el más reciente estudio que hizo la organización, un 64% de las personas encuestadas en 2021 veían con buenos ojos un impuesto saludable a las bebidas endulzadas, ya sea con azúcar o con otros edulcorantes.

El nuevo pulso apenas comienza. Aunque existe evidencia con respecto a los beneficios de este impuesto a las gaseosas en otros lugares, sus críticos han sostenido, entre otras, que inducir ese cambio de hábitos es un exceso regulatorio y que puede impactar el bolsillo de los más pobres. La primera ocasión en que el debate sobre gravar las bebidas azucaradas irrumpió con fuerza en la discusión pública en Colombia fue en 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), por una propuesta del entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria –quien ahora ocupa la cartera de Educación–. Ese pulso lo enfrentó en el Congreso al poderoso lobby de la industria.

“Lo regresivo no es el impuesto a las gaseosas, es la diabetes”, solía argumentar Gaviria ante una de las críticas más recurrentes, y ha considerado esa como la derrota más costosa y complicada de sus seis años en esa cartera, que ocupó hasta el final del periodo de Santos. “Ese matrimonio entre medios de comunicación y grandes grupos económicos menoscaba en parte la democracia colombiana. Pero en el fondo yo creo que ese debate no se perdió del todo, y que hay una consciencia mayor en la población”, señalaba Gaviria en su momento en una entrevista con este periódico.

El hoy expresidente Iván Duque, que era senador de la oposición de derecha a Santos, fue uno de los principales críticos de la iniciativa, que se terminó hundiendo. En los últimos cuatro años tampoco prosperó, aunque sí quedó lista una propuesta de etiquetado en los empaques de alimentos con altos contenidos de azúcares, sodio o grasas.

Las experiencias de otros lugares muestran que gravar la comida chatarra o procesada es difícil, pues la definición de qué productos entran en esa categoría es compleja, mientras que el impuesto a las gaseosas tiene la ventaja de la claridad y la simplicidad. “En el caso de las bebidas azucaradas, son calorías vacías que no tienen ningún aporte nutricional y por la frecuencia de consumo terminan generando un consumo de azúcares adicionales o añadidos mayor al recomendado por la Organización Mundial de la Salud”, explica Pamela Góngora, consultora en políticas en salud y estudiante de un doctorado en salud poblacional en la Universidad de Oxford.

El impuesto a las bebidas azucaradas se inspira, entre otras, en el éxito que ha tenido el impuesto al tabaco, que busca desincentivar el consumo para reducir la incidencia de enfermedades como la obesidad, el cáncer y las cardiovasculares, explica Góngora, que asesoró al Ministerio en la fallida propuesta de 2016. Entonces, el intenso cabildeo en el Congreso apagó el debate, rememora. “Lo que puede ser distinto ahora es que ya hay una historia, no es la primera vez que se discute. Cada vez más países lo vienen implementando, hay una evidencia que se va acumulando”, valora. También señala que en esta ocasión la propuesta viene del Gobierno, directamente del Ministerio de Hacienda: “Eso quizás pueda hacer la diferencia”.

La OMS recomienda principalmente cuatro medidas para reducir la obesidad y las enfermedades que esta genera, dice Diana Guarnizo, directora del área de justicia económica del centro de estudios Dejusticia, que ha acompañado las iniciativas. Son los impuestos a las bebidas endulzadas, el etiquetado de advertencia, las restricciones a la publicidad y la generación de ambientes escolares saludables, explica. Para Guarnizo, el nuevo contexto político es favorable en Colombia y “los intentos previos, aunque fallidos, de alguna manera lograron mover dos mensajes”, valora. El primero, que hacer algo para desestimular el consumo es deseable e importante en materia de salud pública. Y el segundo, que la industria tiene ciertos intereses, y las iniciativas se caen por los intereses de la industria. El impuesto a las bebidas azucaradas, concluye, “ha ganado legitimidad en la base social”.

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