El impuesto a las pensiones ya no va en la reforma tributaria en Colombia

“Esta mañana hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido por las comisiones conjuntas terceras del Congreso de la República. Un aspecto, no vamos a presentar un impuesto a las pensiones”, ha dicho el presidente Gustavo Petro, tras reunirse con los congresistas ponentes de la reforma tributaria en la Casa de Nariño. “Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos”.

Tras las críticas de diferentes bancadas que apoyan a Petro en diferentes puntos del proyecto que presentó el Gobierno en su primer día de mandato, el encuentro de este martes busca que el texto que llegue al debate definitivo en las plenarias del Senado y la Cámara tenga todo el apoyo posible. De allí que el presidente haya explicado lo acordado en una breve presentación a la prensa, en la que estuvo rodeado de congresistas de todas las bancadas de Gobierno, desde el Partido Conservador hasta el Pacto Histórico. Su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, está en Buenos Aires, así que la cara de la cartera del dinero es el viceministro Gonzalo Hernández, muy cercano a Ocampo. Petro anunció que la reforma tributaria ya no buscará recaudar 22 billones en 2023, sino alrededor de 20 billones.

Sobre las pensiones, la propuesta inicial incluía grabar con impuesto de renta las que sean de 10 millones de pesos mensuales (unos 2.000 dólares) en adelante, y el Partido Conservador había propuesto hacerlo desde 13 millones. Se trataba en menos del 1% de todos los adultos mayores, poco más de 20 mil personas privilegiadas en un país en el que solo está pensionada una de cada cuatro personas en edad de jubilación. Finalmente ninguna pagará renta, un cambio que golpea uno de los mensajes centrales del Gobierno con la reforma, que era cobrarle más tributos a los más acomodados.

Sobre el sector de hidrocarburos, en el que recae una parte muy sustancial de la reforma, la idea es que su aporte se acomode más a la realidad de sus negocios. La reforma mantiene una sobretasa al impuesto de renta, pero ahora por un porcentaje variable que dependerá del valor del carbón y el petróleo crudo en los mercados internacionales: a más precio, más sobretasa. Para el petróleo será del 0%, 5%, 10% y hasta 15%, cuando el precio del crudo sea superior al promedio de los últimos 20 años; la del carbón llegará hasta el 10%. Inicialmente era una sobretasa fija del 10% a partir de un umbral muy bajo, por lo que en la práctica siempre se aplicaría. El otro punto, el más criticado por las empresas del sector, no se cambia. Se trata de no permitir deducir del impuesto de renta las regalías que le pagan a la Nación por extraer los productos, algo que hoy pueden hacer. El Gobierno y sus congresistas se ratifican, bajo el argumento de que los hidrocarburos según la Constitución son bienes de la Nación y las regalías es el precio que pagan los privados por extraerlos.

Petro también explicó que la idea es que los ponentes escriban el texto que irá a las plenarias entre mañana y este fin de semana, para que sea aprobada la primera semana de noviembre. Esta previsión tiene ahora un sustento mayor, como dejó clara la imagen del anuncio. Entre los congresistas presentes estaban los conservadores Efraín Cepeda y Wadith Manzur; Juan Carlos Garcés de La U; y el liberal Juan Diego Echavarría. Es decir, representantes de las tres bancadas de partidos tradicionales que apoyan al Gobierno, que en las últimas semanas han presentado críticas o propuestas de modificaciones a la reforma.

Su presencia simboliza un logro político importante para Petro, que así logra prácticamente asegurar que tendrá ingresos adicionales en 2023 y demostrar que su coalición legislativa funciona incluso en temas tan duros como subir los impuestos a las grandes empresas y a sus dueños, algo que no era tan sencillo. Además, logra no adelgazar mucho la reforma y mantener sus mensajes, desde las apuestas por el ambiente, la salud y la equidad, hasta la ortodoxia fiscal. Como explica el presidente, los dos grandes mensajes del consenso que asegura la reforma: “Uno, aumentar la capacidad de pago del país, su capacidad para pagar sus compromisos internacionales, que crecieron lamentablemente de una manera muy alta en los últimos años. Y dos, aumentar la justicia social en Colombia”.

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