El incentivo a la cultura está en riesgo por la reforma tributaria en Colombia

Hace apenas seis meses el Ministerio de Cultura impulsó una convocatoria para que ciudadanos de diferentes regiones de Colombia lograran darles vida a proyectos creativos. Emprendedores, gestores culturales y organizaciones podían postular iniciativas para obtener inversiones de empresas privadas. A cambio, estas recibirían una deducción hasta del 165% del valor aportado sobre su impuesto de renta. La invitación cerró con 844 proyectos en busca de financiación, un número apenas esperado en un país donde las posibilidades de apoyo a la cultura son escasas. De aprobarse la reforma tributaria, tal y como quedó avalada en menos de 12 horas por las comisiones económicas de Senado y Cámara, sería la última convocatoria de ese incentivo.

Más de 1.200 personas han firmado una petición dirigida al Gobierno y al Congreso de la República, solicitando mantener el beneficio tributario. Entre los nombres que respaldan la solicitud aparecen los de las exministras de cultura Mariana Garcés y Elvira Cuervo de Jaramillo, quien también fue embajadora ante Naciones Unidas y directora del Museo Nacional; exsecretarios de cultura de ciudades como Bogotá y Medellín; directores y directoras de museos y bibliotecas, artistas y gestores culturales. Todos son representantes de un sector que históricamente ha ocupado los últimos renglones del presupuesto.

Otros beneficios culturales estuvieron en el limbo porque el proyecto inicial de la reforma proponía eliminarlos, pero sobrevivieron en las discusiones previas al primer debate. Uno es el que de la Ley 814 de 2003 o Ley de Cine que permite la misma deducción en el impuesto de renta a quienes invierten en la producción de películas colombianas. Otro es el incentivo de la Ley 1556 de 2012 para que las productoras paguen menos impuestos por el rodaje de películas en el país, lo que ha dado un impulso significativo a la industria. El tercero es la exención del impuesto de renta por los ingresos de derechos de autor de escritores. No corrió con la misma suerte el incentivo que nació bajo la llamada economía naranja del Gobierno de Iván Duque.

La Corporación Colombia Crea Talento (CoCrea), la entidad mixta encargada de unir a los creadores y a los aportantes para acceder al incentivo, que imita el beneficio que existe para el cine desde hace casi 20 años, lamenta que la reforma pueda acabar con el esquema. “El presupuesto de la cultura en Colombia siempre es deficitario. Con este mecanismo hay un puente de corresponsabilidad público-privada que genera diálogo y construcción de tejido entre los creadores, las empresas y los beneficiarios de las iniciativas”, afirma su directora, María del Pilar Ordóñez.

Desde su creación hace dos años, el mecanismo ha puesto en ejecución 93 proyectos con más de 138.000 millones de pesos en financiación (unos 27 millones de dólares). Uno de ellos es el fortalecimiento de Laguna Libros, una editorial independiente de arte y literatura. “Accedimos a la convocatoria de 2020, que fue interesante por el contexto de la pandemia. Teníamos novedades represadas y eso nos permitió asegurar un calendario de lanzamientos”, recuerda Ana Lucía Barros, asistente editorial.

Otro de los beneficiarios, David Combariza, consiguió recursos para implementar un diccionario de lenguas indígenas colombianas. “Trabajamos con una lengua que estaba en peligro de extinción, con muy pocos hablantes, e hicimos el proyecto para rescatarla. Comunidades como la wayuú, en La Guajira, están haciendo uso de esta herramienta”, explica. Ahora teme que la posibilidad de esta ayuda desaparezca. “Acabar con el incentivo generaría ruptura en los encadenamientos productivos y produciría retrocesos en los avances con las comunidades”, enfatiza.

Tanto la corporación que dirige Ordóñez como el incentivo surgieron bajo la economía naranja, una política del anterior Gobierno que no estuvo libre de cuestionamientos. De hecho, la comisión de empalme del presidente Gustavo Petro se anticipó a advertir que esta política no continuaría. No obstante, el exviceministro de creatividad y economía naranja, David Melo, no cree que las razones para eliminar el incentivo sean de carácter político. “El incentivo fue diseñado a partir de una mesa de concertación con muchos sectores de las artes, el patrimonio y las industrias culturales y creativas, durante un largo período, mucho antes del inicio del gobierno Duque”, dice.

Melo observa más bien razones relacionadas con la reorientación de las prioridades del Ministerio de Cultura hacia la paz, con una apuesta en las dinámicas territoriales, en especial en zonas con mayor presencia de comunidades vulnerables. Por esta razón considera que, en lugar de eliminar el beneficio, la administración Petro puede reorientar los lineamientos de las convocatorias para enfocarlos en los objetivos de su política cultural.

Se calcula que el Estado deja de percibir alrededor de $12.000 millones de pesos por el incentivo. “Si eso lo comparamos con el valor proyectado por recaudos en 2022, que es de $200 billones, la proporción de menores ingresos del fisco nacional por cuenta de este incentivo es del 0,00006″, señala la petición al Congreso. “Hasta la fecha, el impacto fiscal ha sido muy reducido, y por cada peso en deducciones tributarias se han generado hasta tres pesos en nuevos impuestos y dinámica económica, como lo ha demostrado un estudio de la consultora Econometría Ltda”, agrega el exviceministro Melo.

Consultado por EL PAÍS, el Ministerio de Hacienda informó que el incentivo está en revisión, en el marco de las reuniones con los congresistas ponentes. A la reforma tributaria todavía le falta pasar por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República para recibir la última bendición. Aunque el ambiente político para su aprobación definitiva parecía asegurado, en los últimos días ha sido objeto de reparos por parte las bancadas gobiernistas de los partidos Liberal y de la U. Los defensores del incentivo que continúa en peligro esperan encontrar el mismo destino del cine o de la cadena del libro, que lograron blindar un tratamiento favorable como protección del frágil sector de la cultura en Colombia.

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