El Gobierno de Gustavo Petro da un paso más para liberar a cientos de detenidos de la primera línea

El Gobierno de Gustavo Petro tiene 12 días para cumplir su promesa de liberar a decenas de jóvenes encarcelados por presuntos delitos cometidos durante las protestas. Los integrantes de la primera línea, que apoyaron la candidatura de Petro y Francia Márquez, esperaban estar en sus casas antes. En campaña, Petro les prometió que si ganaba, serían liberados, pero su intento por tramitar un indulto o una amnistía a través de la ley de Paz de Total fracasó y el Gobierno tuvo que corregir el proyecto antes de presentarlo al Congreso. Ahora busca cumplir con su promesa vía decreto. El presidente anunció que los jóvenes podrían estar con sus familias la noche de Navidad y este lunes se ha conocido el decreto con el que espera cumplirles.

El decreto, que no detalla el número de personas que serán liberadas ni precisa cuándo empezarán a salir, crea una “comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana”, en cabeza de los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, y la dirección del Departamento Administrativo de Presidencia. Entre las funciones de la comisión, señala el documento, está “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

Jurídicamente no serán gestores de paz, como lo han sido los miembros de grupos armados que han salido de las cárceles para ser parte de equipos negociadores en un proceso de diálogo; los integrantes de la primera línea serán voceros. Según la norma, bajo esta figura podrán acogerse personas “de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz”.

Con el decreto, la comisión tiene libertad para expedir su propio reglamento y “definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial” establecida en la ley de Paz Total. La comisión podrá determinar la continuidad o la exclusión de algún vocero, de acuerdo a una evaluación y monitoreo del cumplimiento de sus obligaciones que hará la oficina del Alto Comisionado para la Paz, señala el documento, que exige a la comisión reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez trimestralmente.

La figura con el que el Ejecutivo intenta liberar a los jóvenes que no hayan sido condenados, ―el Gobierno ha dicho insistentemente que solo beneficiaría a quienes estén sindicados― ha despertado dudas jurídicas. Humberto de la Calle, que lideró los diálogos de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, ha sido una de las voces críticas a la medida anunciada por el Gobierno de Petro. “La libertad de los integrantes de la primera línea ha tenido un efecto más divisivo que la idea misma de la Paz Total. Esto ha ocurrido porque las víctimas de guerrilla y grupos de alto impacto, viven en sitios remotos donde su voz se pierde. En cambio, la primera línea afectó de manera severa grandes masas urbanas de clase media que se ubican en el epicentro del país y de la política”, cuestiona el también senador, que recoge las dudas que han surgido en la Justicia frente a la propuesta del Gobierno. “Hasta el propio presidente de la Corte Suprema señaló que la idea es que la última palabra la tuvieran jueces y fiscales. El Gobierno corre riesgo si precipita una solución frágil. Desoír a las Cortes en esta materia puede ser la semilla de futuros choques de trenes y puede desatar procesos de mayor polarización”, escribió De la Calle en un comunicado.

“En el plano de la técnica jurídica, hasta ahora lo que ha presentado el Gobierno tiene serias debilidades. Los gestores han contribuido a un proceso de paz y, en todo caso, hacen parte de grupos armados organizados. No es el caso de la primera línea y si se aplica la noción de voceros, solo se podrían suspender las órdenes de captura, no hay autorización para suspender las medidas de aseguramiento ni suspender la ejecución de las penas”, señala De la Calle, que cree que el decreto conocido este lunes no resuelve aún los temas de fondo. “Es un primer paso, una puesta en escena”, dice el senador.

Las dudas de la Procuraduría

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, ha cuestionado el decreto con el que el presidente Gustavo Petro busca liberar a jóvenes de la primera línea. Cabello ha señalado como problemático que la elección de quienes conformarán la comisión intersectorial haya sido determinada por el Gobierno y no esté regulada directamente por el Congreso de la República. “Podría entregarse a una comisión la regulación de cómo van a escogerse a esos voceros”, sugirió en declaraciones a W Radio. La Jefa del Ministerio Público también planteó dudas sobre los criterios para determinar si la persona que se pretende liberar reúne “las condiciones o no para ser vocero de paz”.

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