La masacre de los cuatro jóvenes reta a la paz total

La masacre de cuatro menores de edad de una comunidad indígena que escaparon luego de haber sido reclutados para la guerra vuelve a retar la estrategia de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. Las comunidades indígenas y los menores de edad, poblaciones vulnerables que deben ser doblemente protegidas, han sido víctimas recurrentes del conflicto armado colombiano y en esta ocasión con un acto criminal atroz. El asesinato de estos jóvenes se convirtió en la gota que rebosó la copa después de muchas violaciones a un cese al fuego.

Sin duda se debe replantear la estrategia de paz total, y al tomar la decisión de levantar el cese al fuego bilateral con el llamado Estado Mayor Central de las FARC en cuatro departamentos, el Gobierno del presidente Petro deja claro que “Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”. En un comunicado de respuesta al levantamiento parcial del cese al fuego, los liderados por Iván Mordisco aseguran que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros”. En un texto en el que hacen todo tipo de reclamos al Gobierno, afirman haber demostrado voluntad de paz y no mencionan el asesinato de los jóvenes indígenas que se atribuye al frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central.

Muchos expertos en negociaciones de paz han criticado que el Gobierno haya dado tanto de entrada sin haber pedido a cambio acciones concretas para bajar la intensidad del conflicto y en especial parar las hostilidades hacia la población civil. Un diálogo de paz se hace en la mesa y también se presiona desde el ejercicio de la fuerza legítima del Estado dentro del marco de lo que permiten la Constitución y las leyes.

Un diálogo de paz se fortalece con la presencia efectiva de las instituciones en las zonas afectadas por la guerra que durante décadas no han conocido una autoridad distinta a la de los grupos ilegales que se imponen a sangre y fuego. Las cifras pueden variar de una entidad a otra, pero es claro que no han sido pocas las violaciones al cese al fuego por parte de los distintos grupos ilegales con los que se busca una negociación. Después de un primer alivio que se reportó en los meses de septiembre y octubre en los hechos violentos, al final del año pasado y en en los primeros meses de 2023 la población civil en varias regiones ha reportado un recrudecimiento de la guerra.

El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC) ha registrado desde el comienzo de los ceses al fuego, y hasta el 30 de abril, 36 muertes en 141 violaciones o incumplimientos atribuidos a los grupos que estaban en cese. Mientras tanto, la Coordinadora Humanitaria, que reúne a más de 700 organizaciones sociales ubicadas en 15 territorios del país que son los más afectados por el conflicto, reporta 219 violaciones en el consolidado del primer trimestre del año. En este reporte se incluyen asesinatos, violencia de género, ataques a líderes sociales, reclutamiento de menores, afectación a la movilidad de las personas, entre otras formas de presión hacia las comunidades.

El asesinato de los cuatro menores de edad de una comunidad indígena no es entonces un hecho aislado, pero sí uno muy grave. El reclutamiento de menores de edad no ha parado y tampoco el hostigamiento a la población civil, incluyendo las comunidades indígenas. Esta masacre, en la que los criminales actuaron con sevicia, refleja un modus operandi recurrente: reclutar por la fuerza bajo amenaza de muerte. El terror es el denominador común del accionar de estos grupos y ahora vuelven a amenazar.

Este episodio confirma que lo primero que se debe exigir en cualquier mesa es el respeto a la población civil. Hay que insistir en mantener abierta la opción del diálogo porque se trata precisamente de parar los hechos atroces y desescalar el conflicto para evitar más masacres y violencia. Dialogar, hablar, negociar, pero no se puede olvidar que el Estado tiene el mandato de proteger a los ciudadanos, y la paz total solamente será posible cuando de verdad ese Estado se convierta en garante de los derechos de todos en todos y cada uno de los municipios de este país.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió usar un esquema diferente a la negociación que conocimos en el Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se negoció en medio de las confrontaciones. En el nuevo modelo se ha querido entrar a las mesas con la idea de bajar de entrada la intensidad de la violencia con el cese al fuego bilateral. Si bien hay algunos resultados que debemos destacar en ciertas regiones, como lo reporta el mismo comunicado del Gobierno al hablar de “la distensión que se ha logrado en otros territorios”, en general los grupos ilegales siguen en su ejercicio de violencia, en especial contra la población civil. Es hora de dar un timonazo en la paz total para que no lleguemos a una crisis total.

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