Las masacres en Colombia lastran la paz de Gustavo Petro

Gustavo Petro no ha podido contener la violencia que heredó de su antecesor, Iván Duque. Colombia sigue sumida en la violencia a pesar de la política de paz del nuevo presidente, que ha puesto el fin del conflicto con todos los grupos armados como el objetivo principal de su mandato. Mientras Duque priorizó las operaciones militares y reforzó la acción policial y judicial, Petro ha buscado llevar a todos los territorios la institucionalidad estatal con los “puestos de mando unificados por la vida”, pero no ha sido suficiente. El país sigue siendo escenario de masacres, que este año suman ya 94 con 354 víctimas, y de desplazamientos masivos, hasta noviembre 70.000 personas se habían tenido que ir de sus casas huyendo de la guerra.

Entre enero y octubre, los homicidios colectivos superaron en un 20% las cifras de todo el 2021, documenta el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz. “En el primer trimestre de Gobierno esta diferencia aumentó considerablemente, llegando al 38%”, señala un informe de la organización. Eso muestra que hasta ahora la política de seguridad de Petro no ha significado una ruptura de las dinámicas violentas. El martes pasado hubo dos masacres casi simultáneas, que dejaron ocho personas muertas en el Putumayo y en el Meta. En ambas zonas hay presencia de grupos disidentes de las FARC; en el caso de Putumayo hay además una disputa entre grupos mafiosos por las rutas de tráfico de droga en la frontera con Ecuador.

“La FIP advirtió que las propuestas de seguridad estaban entrampadas en reformas moderadas o insustanciales, como las de la Policía y el Ejército. No hay estrategias novedosas y preocupa que las anunciadas giren en torno a la protección del sistema de seguridad y no de los ciudadanos”, apuntaba la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un informe sobre los primeros cien días de mandato. Petro recibió el país en una crítica situación de seguridad y su política de paz, en la que privilegia el diálogo y la negociación, significó un cambio en el discurso estatal frente a la guerra, pero todavía no tiene efectos en la realidad de poblaciones de Arauca, el Cauca, Chocó, Putumayo o Nariño, departamentos que se repiten en la lista de las regiones que este año registraron más de una masacre.

El nuevo Gobierno ha logrado disminuir los enfrentamientos entre grupos armados y el Estado, pero la situación humanitaria continúa mostrando cifras alarmantes. Las disputas territoriales entre organizaciones ilegales siguen siendo uno de los principales desafíos para la política de paz total. Jorge Mantilla, director de dinámicas del conflicto de la FIP, señala razones de por qué Petro no ha podido detener la violencia. “La paz total se ha quedado, sobre todo, en anuncios. Por ejemplo, el cese al fuego multilateral del que se habló a finales de septiembre nunca se concretó. Gran parte de los anuncios que se han hecho sobre acercamientos con grupos armados tampoco han avanzado. Tras el asesinato de los seis militares en el Cauca, el 7 de diciembre, las disidencias de las FARC revelaron que no se concretaron más reuniones y que el Gobierno los dejó plantados dos veces”, señala el analista.

Petro tampoco ha precisado una metodología de negociación ni ha establecido, o al menos no públicamente, un marco jurídico para el sometimiento de las bandas armadas. “Ni siquiera se ha presentado el proyecto de ley. Y eso hace que los anuncios del alto comisionado de Paz y el Gobierno nacional sobre “paz total” no hayan tenido un efecto en territorio”, dice Mantilla, que menciona el caso de Buenaventura, donde se han reducido los homicidios y las principales bandas criminales del puerto, los Shottas y los Espartanos, protagonizan el primer intento de diálogo de paz entre pandillas. “Pero sigue habiendo interrogantes frente a otras estructuras armadas que están, sobre todo, en la zona rural de Buenaventura, que presenta un aumento en amenazas y en desplazamientos individuales”, apunta el investigador.

El registro de masacres en Colombia está en manos principalmente de las organizaciones de derechos humanos. Sobre las dos que ocurrieron la semana pasada, el Gobierno ha guardado silencio, mientras oenegés como Indepaz siguen llevando una bitácora con las víctimas de estos homicidios colectivos. Sobre los de Putumayo y Meta, la organización ha señalado que las víctimas fueron atacadas por hombres armados que no se identificaron como miembros de ningún grupo ilegal. En ambas zonas operan frentes disidentes de las FARC y en el caso del Putumayo, el poder territorial lo disputan los llamados Comandos de Frontera, una banda de exguerrilleros de las FARC, y La Constru, un grupo de paramilitares desmovilizados.

La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas en las que señala que hay aspectos sociales y económicos asociados a la tenencia de la tierra, así como brechas en la atención institucional en esa región que “favorecen la presencia y el fortalecimiento de actores ilegales”. En esa zona del país se han registrado las peores matanzas este año. El 28 de marzo, en Puerto Leguízamo, 30 hombres encapuchados y vestidos de negro dispararon contra los civiles que participaban de un bazar para financiar proyectos comunitarios del Alto Remanso y otras veredas vecinas. En total, 11 personas fueron asesinadas. En noviembre, una disputa entre el frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera en Puerto Guzmán, también en el Putumayo, dejó al menos 18 muertos.

El investigador de la FIP señala como uno de los retos para el Gobierno de la “paz total” lograr concretar las reglas con las que las organizaciones armadas participarán de esa política. ”Debe haber claridad sobre cuándo un grupo pierde la oportunidad de hacer parte del proceso, porque no deja de ser impresionante que frente a cada hecho de violencia, el Comisionado de Paz pide manifestaciones de buena voluntad, pero no hay una fecha o unas condiciones que establezcan cuándo se considera que una estructura no tiene voluntad de negociar”, señala. “El Gobierno también enfrenta unos problemas de inteligencia fuertes, en términos de anticiparse a hechos violentos y diseñar intervenciones más territoriales para determinadas regiones del país, que puedan detener esta escalada de la violencia que hay en lugares como el Chocó o el Cauca, donde el Estado ha perdido la iniciativa militar”, agrega.

En las últimas horas, en Caldono, en el Cauca, las comunidades indígenas lanzaron una alerta para que el Gobierno atienda la violencia de la que son víctimas. El 14 de diciembre, a las 6.30 de la tarde, hombres armados irrumpieron en la casa del consejero del cabildo Nasa, Lucio Guetio Campo. “La no presencia del consejero en su lugar de residencia evitó un asesinato más”, denuncia la comunidad, que reclama la presencia estatal. “Hacemos un llamado al Gobierno, a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional a atender de manera oportuna las violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades indígenas en los territorios”, pidió la senadora indígena Aida Quilcué, víctima de un atentado en esa misma región el pasado noviembre.

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