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Acoso, soledad y desprestigio: así opera la violencia digital contra mujeres políticas

La violencia política en las redes sociales es cada vez más frecuente y afecta a las mujeres de manera diferencial y desproporcionada en su derecho a participar. De esto habló la Fundación Karisma en FITS Democracia, al que asiste ‘Lideresas de Latinoamérica’ en Barranquilla

mujeres votando en colombia
Mujeres hacen fila mientras otra vota el 19 de junio de 2022 en Bogotá.tiago Ramírez Baquero

En julio pasado se cerraron las inscripciones de candidatas y candidatos para las elecciones territoriales en Colombia. Si de números se tratara, podríamos hablar de una participación de mujeres cada vez más fuerte, más consolidada. De 132.553 personas inscritas, 52.209 fueron mujeres, es decir, un 39% del total. Pero los números no son todo. Las mujeres que lograron inscribirse tuvieron que superar bastantes obstáculos para ser parte de listas y les esperan otros tantos de acá al 29 de octubre. Además de recibir menos financiación y visibilidad por los partidos políticos, las mujeres deben enfrentar una violencia distinta, que busca que abandonen la política. No solo ellas, también las demás mujeres que algún día quisieran ocupar puestos de toma de decisiones.

La mezcla de violencia y política no es nueva en Colombia. Usualmente pensamos que ese es el costo que deben asumir quiénes deciden lanzarse al ruedo. La templanza con la que se responde a la violencia, que ahora se ha trasladado al entorno digital, hace parte de las cualidades que deben tener quienes deciden participar en política. Tan arraigada está esa creencia, que las mujeres que hicieron parte de una investigación de Karisma sobre violencia digital en las elecciones del Congreso pasadas comentaban que era un mal necesario. Que, cuando la violencia que reciben en redes sociales se vuelve insostenible, se toman unos días para descansar y luego volver a las actividades de la campaña. Salirse de las redes sociales no es una opción, a diferencia de lo que pasa con otras mujeres visibles, como las periodistas, que dejan sus cuentas ante la violencia, las candidatas no pueden.

Las mujeres se quedan y lo hacen solas, sin compañía de los partidos o movimientos políticos que las respaldan ni de las autoridades estatales. Algunas de ellas han recibido capacitaciones de parte de organizaciones internacionales sobre marketing político, pero en general deben encargarse de sus redes sociales y de diseñar sus propios protocolos de respuesta. En esa labor entra en juego la capacidad económica de la mujer: si es alguien con años de experiencia, que ya ha ocupado puestos públicos, podrá contratar a alguien que le ayude a asumir el impacto psicológico de las agresiones y la carga de sus redes sociales, a decidir qué mensajes responder y qué batallas dar. Las demás, generalmente quienes recién entran al ejercicio político, no tienen ayuda, ni saben a quién acudir cuando reciben alguna violencia.

A pesar de los esfuerzos por construir protocolos de atención y líneas de denuncia, no existe un panorama claro de las acciones concretas que pueden tomar las mujeres para denunciar una agresión. Ninguna de las mujeres o sus equipos de comunicación con los que hablamos sabe a quién acudir. No saben quién es la o el responsable de tramitar sus quejas en los partidos o sus denuncias ante las autoridades cuando se sienten amenazadas. Tampoco conocen las herramientas de las plataformas para reportar los inconvenientes.

Esa soledad es ensordecedora en un escenario en el que las mujeres políticas ven que sus capacidades son cuestionadas una y otra vez como forma de agresión, lo que refuerza que solo los hombres pueden ejercer cargos públicos. También están solas frente a las amenazas a su integridad y la de su familia, que son desestimadas fácilmente por las autoridades porque ocurren en internet, o frente a los intentos de manipulación de información, por ejemplo, cuando las acusan de pertenecer a grupos armados o circulan videos íntimos que ellas no han grabado. Todo esto, en últimas, tiene el objetivo de deslegitimarlas como posibles representantes de la comunidad. El catálogo de agresiones es amplio y siempre es particular para cada mujer. La violencia digital se adapta para causar el daño deseado.

¿Qué podemos hacer?

¿Hay algo por hacer en estos dos meses de campaña que quedan? Además de tomarse en serio la violencia que ocurre en internet, el compromiso de partidos y movimientos políticos de visibilizar a las mujeres que hacen parte de sus listas y destinar recursos para capacitarlas sobre seguridad digital, así como contar con acompañamiento cuando sufran violencia, es lo mínimo. Usar las normas existentes para asegurar la reparación integral y la perspectiva de género en los procesos de denuncia debe ser una promesa de autoridades como el CNE y la Rama Judicial. Las plataformas de redes sociales deben crear políticas diferenciales para la atención de estas mujeres y divulgar los resultados de esas políticas una vez terminen las elecciones.

El camino por recorrer es largo y está lleno de piedras como la falta de voluntad política y los prejuicios de género. Se necesitan soluciones estructurales, porque la violencia, derivada de la discriminación contra las mujeres, no se alivia eliminando publicaciones puntuales ni prohibiendo discursos en internet. Ojalá la ley estatutaria de violencia política que está revisando la Corte Constitucional ayude en la construcción, al tiempo que salvaguarde los derechos a la libertad de expresión y la intimidad.

La labor de Fundación Karisma en el desarrollo de talleres de seguridad digital y privacidad a lideresas, defensoras de derechos humanos y mujeres políticas en territorio nos ha enseñado sobre formas de mitigar los riesgos de la violencia digital, sin que eso suponga que cuando ocurre la violencia es porque la víctima no tomó suficientes medidas. Tratar de usar redes sociales distintas para la vida política y la vida social es un buen punto de partida. Evitar compartir información privada como fotos familiares o el sitio exacto en el que están también ayuda. Preparar a la familia para que no responda a cuestionamientos sobre la vida política y dar respuesta únicamente a comentarios positivos y no a provocaciones son otras formas de limitar los efectos negativos de las publicaciones. Reportar a perfiles abusivos en redes sociales y servicios de mensajería es posible. Finalmente, contar con contraseñas fuertes, con doble sistema de autenticación y evitar dejar datos en computadores públicos también puede evitar problemas.

Catalina Moreno Arocha es coordinadora de Inclusión Social en la Fundación Karisma, organización que busca que las tecnologías digitales protejan y avancen los derechos humanos fundamentales y promuevan la justicia social. Es abogada y ha trabajado en la Corte Constitucional y como asesora de incidencia en asuntos de género. 

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