¿Se puede cerrar la ventana de la paz?

Otra vez mueren civiles en medio de ataques terroristas en Colombia. Esta vez se llora en el Cauca por la muerte de la profesora Luz Stella Solís Balanta y Ardany Álvarez, otro civil, en la localidad de Timba, pero la violencia se sintió también en Jamundí, Suárez y en Santander de Quilichao. Además del duelo y la impotencia, el efecto de cada estallido es un golpe a la paz que puede ir cerrando la ventana de oportunidad. Si las disidencias creen que así llegan fuertes a la mesa, lo real es que, con los ataques a la población civil, están minando el ya débil respaldo político que tiene esa negociación.

Es necesario mencionar la ofensiva de la fuerza pública en la zona conocida como Cañón del Micay en el Cauca a la que, según el presidente Gustavo Petro, se debe la reacción violenta. La zona es estratégica en el negocio del narcotráfico y es una de las razones para la constante presencia de grupos ilegales. Golpear esas estructuras criminales es un objetivo prioritario y así debe ser aunque se hable de paz. Así debe ser precisamente porque se habla de paz: hay que presionar a los grupos criminales para llevarlos a hablar y también poner condiciones. La primera debe ser que cese la hostilidad contra la población civil. Eso no es negociable. Mientras se acepte que esa violencia contra las comunidades sea un camino válido para llegar a la mesa, ese proceso seguirá perdiendo apoyo.

Es bueno recordar que la paz se construye más allá de una mesa en la que conversan unos delegados. Basta recordar que justamente un día como hoy, el 26 de septiembre de 2016, se firmó en una gran ceremonia el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Ese mismo acuerdo unos días después fue rechazado en las urnas en un plebiscito que obligó a ajustar y revisar lo pactado para volver a firmar el acuerdo final semanas después. Lejos estaba entonces el país, y más lejos hoy, de acuerdos que tuvieron respaldo político amplio como el que se logró con el M-19 y que terminó con la participación importante de ese grupo en la Asamblea Constituyente. Los tiempos cambian.

La paz tiene momentos, hay ambientes hostiles o propicios. La paz tiene que ver con la política, con la realidad de cada coyuntura, con lo que la sociedad está dispuesta a dar o no. Desde las regiones más golpeadas, las que ponen los muertos, se espera que avancen los acuerdos y piden además pactos de paz entre los ilegales. Es bueno tener muy presente que la violencia enfrenta a las fuerzas del Estado y a los grupos armados, pero también a estas bandas criminales entre ellas porque se disputan los territorios con la población civil en la mitad. Por eso, además de los ceses bilaterales, se van a requerir pactos entre los violentos para que se sienta de verdad alivio en los municipios que son escenario del conflicto. Así lo han pedido las comunidades y muchos sectores, entre ellos dos de los negociadores: José Félix Lafaurie y Fabio Valencia Cossio.

Para avanzar en la estrategia de paz el Gobierno necesita oxígeno político y eso se pierde con cada bombazo, con cada muerto y con los pasos en falso en la negociación. Si el acuerdo con las FARC se firmó con un país dividido en torno a lo pactado, la paz total, necesaria y urgente, cuenta con menos respaldo y lo va perdiendo porque no son claros los avances. Como se veía desde el comienzo, los diálogos simultáneos con varios grupos son complejos y el recrudecimiento de la violencia en zonas vulnerables no ayuda. Tampoco hay logros significativos en lo social ni es evidente la presencia del Estado en las zonas de guerra.

Una y otra vez las mismas comunidades padecen enfrentamientos, ataques, confinamiento, amenazas y pobreza. Hay desplazamiento, reclutamiento de menores, presiones de todo tipo y poca institucionalidad funcionando. Es cuestión de esperar, dicen algunos, de dar tiempo a las conversaciones y a las estrategias sociales y de seguridad. Lo evidente es que los grupos ilegales no dan señales de querer la paz ni de entender la realidad política. Tampoco el Gobierno ha mostrado mucha capacidad para generar la confianza que requiere el proceso.

Las dudas sobre los deseos de paz de los grupos ilegales se escuchan dentro del propio Gobierno. Además del muy comentado llamado de la vicepresidenta Francia Márquez a la fuerza pública pidiendo resultados y garantías de seguridad para la comunidad, también la vicepresidenta, refiriéndose a la violencia en el Cauca, dijo que “estos hechos evidencian la falta de voluntad de los grupos armados de querer avanzar hacia un camino de paz en Colombia”, según publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Coincide en ese punto el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hélder Fernán Giraldo Bonilla. En un extenso pronunciamiento recuerda que se debe usar la inteligencia para prevenir ataques, que el deber de las tropas es defender la vida y también considera que “las acciones de los últimos días son un testimonio y una evidencia para el mundo de que algunos de los grupos armados organizados que delinquen en el país no tienen ninguna intención real de paz y por el contrario quieren seguir lucrándose de las economías ilícitas a costillas de los hombres y mujeres más humildes de nuestra patria…”.

Hay dudas sobre las reales intenciones de los grupos ilegales mientras sí es claro lo difícil que es buscar apoyo político para la estrategia de paz. El Gobierno se juega mucho al negociar y hacer concesiones a grupos que parecen no merecerlas. Siempre es mejor una paz imperfecta a una guerra perfecta, como dicen por ahí, pero el terrorismo y los ataques a civiles no crean un ambiente propicio para el diálogo. La ventana de la paz se puede cerrar y si eso pasa los muertos se van a multiplicar mientras celebran los que ganan con la guerra. Mantener y reforzar la estrategia militar en terreno, la estrategia política en la mesa y fortalecer la presencia del Estado en las zonas de conflicto puede ayudar a mantener abierta esa opción, pero cada ataque da más razones para el pesimismo.

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