Nueva política antidrogas: buscando un cambio de paradigma

Cuando se reporta un nuevo récord en materia de cultivos ilícitos en Colombia con 230 mil hectáreas, según el sistema de monitoreo de Naciones Unidas, vale la pena revisar y discutir sin apasionamientos la nueva política antidrogas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se plantea un cambio de paradigma del que viene hablando el presidente desde su posesión y trae varias propuestas interesantes que parten del cuidado de la vida y el medio ambiente y se mueven en dos grandes frentes: dar oxígeno a las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas y asfixiar a las estructuras criminales. Se trata de quitar el foco de represión de los campesinos que cultivan y ponerlo en las mafias que se lucran del tráfico ilegal.

Dar oxígeno a las comunidades afectadas pasa por apoyar el tránsito hacia economías legales, la formalización de tierras, la protección del medio ambiente, la atención al consumo como problema de salud pública y avanzar en la regulación de los usos legales de la hoja de coca. Mientras tanto, la asfixia a los criminales de alto nivel significa apuntar la operación de las autoridades contra la gran infraestructura de producción, el lavado de activos, la corrupción asociada al narcotráfico y el control de químicos y precursores, entre otros. Se busca que la justicia tenga proporcionalidad y que se castigue con severidad a los capos mientras se da atención a población vulnerable que ha sido en el fondo víctima de este mercado ilegal.

Este parece ser un momento interesante para una política distinta porque se vive un cambio en el mercado internacional de la droga que ha golpeado de manera significativa a los productores colombianos, con lo cual puede haber oportunidad para llevar a los cultivadores a nuevas formas de economía legal. La crisis es grande en muchas zonas cocaleras. El documento que recoge la nueva política de drogas es una herramienta interesante porque se hizo de la mano de las comunidades, la academia, los expertos y la comunidad internacional y ofrece un panorama completo no solamente sobre la siembra de cultivos ilícitos y producción de estupefacientes sino sobre todo lo que eso significa en Colombia.

En el diagnóstico que se hace hay información muy reveladora como la que contrasta la cantidad de dinero gastado en combatir el problema con los pocos resultados efectivos. Según datos citados del Observatorio de Drogas de Colombia, se habla de una inversión aproximada de 3.8 billones de pesos por año en esta batalla con un consolidado de 76 billones en 20 años. Un esfuerzo inmenso desde lo económico sin contar con el costo pagado en vidas perdidas, violencias varias y el impacto ambiental. El resultado final es una guerra perdida. Según el mismo Observatorio, “entre el 2012 y el 2022 se erradicaron forzosamente 843.905 hectáreas de coca, pero el área sembrada para este periodo se incrementó en un 327 por ciento”.

Se erradica, se resiembra. A capo muerto, capo puesto. Si hay una ruta detectada hay otra inventada. Como vamos, no hay avance y lo dice con claridad ese nuevo reporte de la ONU que da cuenta también de un incremento de 24 por ciento en la producción de clorhidrato de cocaína. Lo evidencia además el hecho de que el 88 por ciento de los cultivos llevan 10 años persistiendo en las mismas zonas. Se trata de regiones vulnerables en donde se cruzan la pobreza, la ausencia efectiva del Estado y el conflicto. Por eso, erradicar los cultivos pasa también por atender las necesidades de esas poblaciones. El Gobierno Petro se propone una meta que luce muy ambiciosa. Aunque el plan está diseñado a 10 años, se busca avanzar en lo que queda de Gobierno de manera sustancial. Según dijo el ministro de Justicia Néstor Osuna, se trata de reducir en un 40 por ciento la producción de cocaína en los tres años que quedan de esta administración.

El negocio es global y por eso esta nueva política se propone “liderar una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas”. Lo ha dejado claro desde el primer momento el presidente Gustavo Petro: su intención es incidir en el debate internacional sobre las drogas y buscar que se cambie la estrategia. Esto se dice fácil pero hacerlo realidad es otro asunto porque no se trata de un cambio que pueda hacer un país en solitario. Por eso la búsqueda de aliados, como México, país también golpeado por la violencia de las drogas. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro unieron voces en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas realizada en Cali para pedir el cambio de enfoque y la estrategia en la guerra contra las drogas.

Tienen razón en este punto porque en más de medio siglo de batalla contra el tráfico de drogas ha quedado en evidencia que la estrategia usada de lucha frontal contra la oferta, no ha servido y se requieren alternativas distintas. El Gobierno del presidente Joe Biden ha planteado también la necesidad de enfrentar el problema desde múltiples frentes. Lo ideal, creemos muchos, es regular, pero el camino para llegar a eso es largo. Mientras tanto es bueno mirar desde otras perspectivas, discutir, analizar para ver si en algún momento dejamos de recorrer este círculo vicioso en el que se combate a muerte al narcotráfico mientras el negocio sigue ahí. Colombia ha puesto muchos muertos, nuestra democracia ha pagado un alto precio, los cultivos siguen creciendo y discutir con mesura esta nueva política puede servir para encontrar caminos distintos y ojalá más efectivos.

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