Colombia y México piden una sola voz latinoamericana frente a las drogas: “Somos las mayores víctimas de esta política”

Los presidentes de Colombia y México han pedido al resto de América Latina unificar sus posturas para replantear la fallida guerra contra las drogas. “Lo que yo propongo es tener una voz diferente y unificada, que defienda nuestras sociedades, nuestro futuro y nuestra historia. Y dejar de repetir un discurso fallido que ya fracasó”, ha dicho Gustavo Petro, anfitrión de su homólogo Andrés Manuel López Obrador, durante la clausura de la conferencia latinoamericana sobre drogas que su Gobierno convocó en Cali. “Somos las mayores víctimas de esta política”, se lamentó Petro ante un elogioso López Obrador, que lo calificó de “hermano” y “compañero” en un derroche de sintonía ideológica entre dos mandatarios progresistas.

Desde su posesión, Petro insiste en la necesidad de cambiar el paradigma de la lucha antinarcóticos. La llamada guerra contra las drogas que cumple medio siglo ha provocado un “genocidio” en América Latina, con un millón de muertos, aseguró en un discurso salpicado de críticas a Estados Unidos. “Antes pensábamos que era un problema de Colombia, nosotros encerrados, inundados con nuestra propia sangre, solos. Pero hoy no es así”, sostuvo, pues esa política ha convertido a todas las sociedades latinoamericanas en víctima de sus consecuencias.

Los mandatarios de los dos países más golpeados por la violencia de los carteles coincidieron en la necesidad de desmilitarizar la política de drogas y privilegiar un enfoque de salud pública. “Lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas, con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas”, señaló López Obrador. “Tenemos que poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad. Para enfrentar el problema de la violencia hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo”, abundó el mexicano, que también hizo un llamado por no darle la espalda al problema del fentanilo en Estados Unidos. “Tenemos la obligación moral”, declaró.

La primera visita oficial de López Obrador como jefe de Estado a Colombia se produce luego del avance de las izquierdas en varios países de América Latina, un eje progresista apuntalado por el regreso de Lula da Silva en Brasil. También se da en vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende que organiza el Gobierno de Gabriel Boric en Chile, a donde viajarán este mismo sábado tanto Petro como López Obrador. “Allá en La Moneda mataron un presidente, porque tenía una ilusión e hizo ilusionar a su pueblo con la justicia social. Ahí acabaron un camino que hasta ahora retomamos, por eso estaremos allá”, comentó Petro sobre el viaje.

La conferencia de Cali es la primera piedra para una nueva hoja de ruta que lleve a conformar un grupo de trabajo y, más adelante, una gran cumbre de presidentes latinoamericanos. Las Cancillerías de ambos países han pedido al resto de la región unificar posturas en “una sola voz” que cambie la narrativa tradicional sobre las drogas, con una mirada más integral, en busca de un vuelco profundo.

El presidente de Colombia, el mayor productor mundial de hoja de coca y de cocaína, reclama con insistencia ese giro desde que lanzó aquella recordada frase en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre del año pasado: “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”. A grandes rasgos, Petro plantea dejar de criminalizar a los eslabones más débiles de la cadena, los cultivadores de coca, y concentrar los esfuerzos en golpear a las grandes organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico.

Cuando visitó a López Obrador en Ciudad de México, el pasado noviembre, los dos mandatarios ya se había propuesto convocar al resto de la región a “rediseñar y replantear” la política de drogas. Ese llamado ha sumado respaldos, entre ellos el de la Comisión Global sobre Política de Drogas, a la que pertenecen tanto los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018) como el mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000). La lucha contra el narcotráfico necesita cambios profundos como los que pide Petro, pues la política de la prohibición fracasó, ha dicho la comisión.

La nueva política nacional de drogas de Colombia

Colombia ha alcanzado la mayor extensión de cultivos de hoja de coca, la materia prima para la cocaína, desde que se llevan registros. El terreno total se disparó de 143.000 a 204.000 hectáreas al cierre de 2021, de acuerdo con el último informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), que este lunes presentará los resultados para el año 2022. Esa tendencia al alza (que precede a Petro) incluso ha llevado a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, a expresar en alto su preocupación.

El Gobierno aprovechó también la conferencia de Cali para presentar la esperada política nacional de drogas de Colombia, basada en la protección de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. A Petro le ha tomado el año largo que lleva en el poder construir la nueva política, a cargo principalmente del Ministerio de Justicia, en un esfuerzo por asfixiar a las mafias asociadas al narcotráfico y al tiempo darle oxígeno a los campesinos, con la llegada del Estado Social de Derecho a los lugares del territorio donde nunca había llegado.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, había explicado la víspera que intenta priorizar y enfocar estratégicamente el esfuerzo penal y punitivo “en aquello que realmente le hace daño a la sociedad colombiana, en las mafias del narcotráfico, las grandes cantidades de dinero que hay detrás de esas economías ilegales porque producen violencia, desplazamiento y conflicto armado”. La política está diseñada para los próximos diez años, pero se propone reducir en cerca del 40% la producción de cocaína en los tres años que le quedan a este Gobierno, detalló el ministro, así como apoyar a 50.000 de las aproximadamente 115.000 familias que viven del cultivo de coca para que transiten a economías legales.

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