La invitación de Boric a condenar el golpe de Estado de 1973 choca con la derecha

La invitación del presidente Gabriel Boric a todas las fuerzas políticas de Chile a suscribir un compromiso con la democracia y la condena a las violaciones a los derechos humanos el 11 de septiembre, cuando se cumplen 50 años desde el golpe de Estado, ha sido rechazada este lunes por los partidos de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) y Republicanos. Las formaciones más moderadas del sector mantienen la ventana abierta y está previsto que este miércoles den a conocer si firmarán el documento que el Ejecutivo de izquierdas ha extendido a exmandatarios y presidentes de otros países, aunque el panorama se advierte complejo.

El borrador del acuerdo, al que tuvo acceso La Tercera, consta de cuatro puntos: cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho ante amenazas autoritarias y la intolerancia; enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia; defender el valor y promoción irrestricta de los derechos humanos; y fortalecer la colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias. En el marco de la conmemoración, también se mantiene en suspenso el posible cierre del recinto Punta Peuco, una cárcel especial para militares condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), abierto ya en la transición a la democracia, en 1995.

Chile llega a la conmemoración del golpe que derrocó el Gobierno del socialista Salvador Allende en una ambiente “eléctrico”, según Boric, y “tóxico”, para la expresidenta Michelle Bachelet, según las palabras de la socialista este lunes. Ambos líderes han expresado su preocupación sobre el retroceso que perciben en condenar el quiebre democrático. “En la conmemoración de los 40 años había un acuerdo de que la democracia es fundamental, que tenemos que cuidarla y fortalecerla y que nada justifica las violaciones a los derechos humanos. Hoy día no veo ese compromiso tan fuerte. A los 50 años debiera ser una cosa que nos uniera en torno a estos conceptos que son súper básicos, en vez de usarlo como un arma política”, afirmó Bachelet esta mañana tras reunirse con Boric en el palacio de La Moneda.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, ha rechazado este lunes la invitación a suscribir el compromiso. “No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al servicio de hechos que no tienen una sola mirada”, sostuvo a radio Agricultura. En el gremialismo se explica que “no es un tema de los valores que están incorporados en el documento, sino de adherir un montón de cuestiones accesorias”. “Quizá en la misma ceremonia el Gobierno anuncie el cierre de la cárcel de Punta Peuco. Tiene que ver con las desconfianzas”, se agrega desde la UDI. Esta fuerza política le achaca al Gobierno de Boric “el retroceso” civilizatorio y ponen como ejemplo que la semana pasada un senador socialista los haya acusado de “negacionistas de las violaciones de los derechos humanos”. Acudir a la firma del compromiso, explican, sería “como ir a la casa de una persona que te está insultando todo el tiempo”. También apuntan que no quieren ser parte de un homenaje a Allende y que la coalición está evaluando si conmemorar la fecha con un proyecto de resolución en el Congreso.

En la misma línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, aseguró esta tarde a CNN que su partido descarta firmar el documento conjunto que propone el Gobierno. Dijo que firmarán un documento propio que ratificará los compromisos anteriores frente a la democracia, los derechos humanos y la condena a la violencia. “Sin Allende no hay Pinochet”, aseguró Hoffmann.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo a Emol que “el Gobierno fijó una carta de navegación que va en la lógica de la división”. “Cualquier declaración del presidente de la República está en el contexto de una puesta en escena de la división y nosotros no somos parte de eso”, añadió.

Una de las críticas que la oposición le ha hecho al Ejecutivo es que ha intentado imponer una “verdad única”, con una “visión sesgada” sobre lo ocurrido hace 50 años. El mandatario chileno aseguró en una entrevista el domingo en Canal 13 que nunca ha sido la pretensión de su Gobierno. “Sobre el pasado, como dijo la senadora Isabel Allende, nadie puede pretender imponer una verdad única. Eso sería una falta de respeto y una falta a la inteligencia, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos hacia el futuro, a cuidar la democracia de los riesgos que tiene -que hay muchos- y de respetar irrestrictamente los derechos humanos”.

La invitación a firmar el acuerdo incluye a exmandatarios y a presidentes que participarán del acto conmemorativo el próximo lunes -han confirmado su asistencia los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Colombia, Gustavo Petro; México, Andrés Manuel López Obrador; Uruguay, Luis Lacalle Pou; y el Primer Ministro de Portugal, António Costa-. Bachelet ya ha confirmado su firma y el expresidente Sebastián Piñera, del partido de centroderecha Renovación Nacional (RN), se mostró abierto a apoyar el documento tras reunirse la semana pasada con Boric en La Moneda.

Renovación Nacional aún no ha dado a conocer su postura oficial. “En los términos actuales el partido no va a firmar el documento”, adelanta a EL PAÍS el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper. “Más que el contenido del documento, nos importa, primero, el tono que se va a imponer esta semana; segundo, que lo que quiera hacer como acto, que hasta ahora lo desconocemos, entregue garantías de que va a ser algo realmente reconciliatorio y no confrontacional. Por ejemplo, no estamos disponibles a ir ahí a hacer afrentados por algunos de los asistentes. Y tercero, que más que puntos conceptuales, sean compromisos de futuro reales”, añade el diputado.

La salida a comienzos de julio del asesor de los actos de la conmemoración, el escritor Patricio Fernández, luego de que parlamentarios del oficialismo, varios del Partido Comunista, y agrupaciones de derechos humanos lo acusaran de relativizar el golpe fue un punto de inflexión para líderes de la derecha, que destacan el espíritu que él pretendía impregnar a la fecha.

Junto al cierre de Punta Peuco, el Gobierno de Boric busca alternativas para levantar el secreto de los testimonios que se presentaron en el Gobierno de Lagos (2000-2006) en la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Informe Valech. Es una medida que ha sido resistida por sectores de la centroizquierda, donde se defiende que el secreto de 50 años fue un compromiso con las víctimas.