El escritor Patricio Fernández renuncia como coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile

El escritor chileno Patricio Fernández ha presentado este miércoles su renuncia al presidente chileno, Gabriel Boric, a su cargo como asesor de los actos de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Su dimisión fue exigida al mandatario de izquierdas por parlamentarios del oficialismo, entre ellos varios del Partido Comunista, además de 160 agrupaciones de derechos humanos que lo acusaron de relativizar el golpe de Estado durante un programa radial en el que participó el 13 de junio. La imputación del PC, que forma parte importante del Ejecutivo chileno, no solo ha generado un fuerte debate en el país sudamericano, sino que también ha dividido a las izquierdas, justamente a medio siglo del quiebre democrático.

“No tengo ninguna duda, porque lo conozco, que Patricio Fernández es una persona que no solo es tremendamente respetuoso con los derechos humanos, sino que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado”, ha dicho Boric esta tarde.

A través de un comunicado, el Gobierno informó antes que ha aceptado la renuncia del escritor este 5 de julio. “El mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción del mensaje central de esta conmemoración, el que se resume en las palabras democracia, memoria y futuro”, dice el texto. El comunicado de La Moneda, en paralelo, en un intento de calmar las aguas, indica que “el jefe de Estado confirma que las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales para avanzar en algo de justicia, aún insuficiente, por los brutales crímenes de la dictadura. Además, han sido el pilar para mantener viva la memoria cuando muchos querían cómodamente olvidar. Les debemos muchísimo como país”.

“Mi persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración”, aseguró Fernández en su carta al presidente, que ha sido divulgada a través de la prensa.

Aunque la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado está a cargo del Ministerio de las Culturas y las Artes, Boric nombró a Fernández en noviembre de 2022 como asesor. El escritor, de centroizquierda pero sin militancia, en 2022 fue constituyente adscrito como independiente al Colectivo Socialista en el fallido primer proceso constitucional. En 1998 fundó el semanario de izquierda The Clinic, nombrado así para festinar la detención de Augusto Pinochet en la London Clinic, en Londres, donde estuvo preso por orden del exjuez español Baltasar Garzón acusado por crímenes de lesa humanidad. Muy cercano a Boric, desde que asumió ha sido una figura clave en la conmemoración de los 50 años del golpe, y en junio pasado participó en el viaje al excentro de detención de la dictadura Isla Dawson junto a expresos políticos, la Armada chilena y la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973).

También, en su papel de asesor de la conmemoración, cuyo relato el Gobierno centró en los ejes memoria, democracia y futuro, ha sido protagonista de foros y un entrevistado habitual en torno a los 50 años. Fue en una de estas instancias, en el programa de conversación de Radio Universidad de Chile Tras las líneas del 13 de junio, donde se originó el problema. En el espacio que conduce el sociólogo y politólogo de izquierda Manuel Antonio Garretón, y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Fernández pronunció una frase que indignó al grupo parlamentario, entre ellos las diputadas comunistas Lorena Pizarro y Carmen Hertz, y 160 agrupaciones de derechos humanos. A su juicio, el escritor relativizó el golpe de Estado, por lo que pidieron al Gobierno que renuncie.

El programa duró casi 50 minutos y, por redes sociales, se difundió una parte de diálogo –de menos de dos minutos– que dio pie a las imputaciones. En la conversación, Garretón le planteó a Fernández si en esta conmemoración se podían buscar “mínimos comunes”, y recordó que aún existe un porcentaje de chilenos que justifican el golpe. “El golpe no es solo el golpe, también son los crímenes, entonces, lo que tú estás diciendo, no tú, sino los que están en esta posición, es que lo se hizo fue necesario y mientras te diga eso, tú no vas a tener una sociedad, una comunidad histórica y principios comunes”, señaló previamente el sociólogo.

“Es precisamente en esa dirección lo que apunta lo que te digo”, continuó Fernández. Y luego dijo la frase que hoy le cuestionan: “¿Cuál creo yo que es el empeño central que estamos retados a estas alturas? La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones del golpe de Estado. Eso lo vemos o vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Okey, tú podrás, y los historiadores y los politólogos, podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. O sea, si tú aceptas que efectivamente para llevar adelante tus ideas es una posibilidad válida el perseguir con las fuerzas del Estado al que piensa distinto, eliminarlo, suprimirlo, etcétera, la construcción de la convivencia pacífica se vuelve imposible”.

Las palabras de Fernández seguían la línea del mismo presidente Boric, que el 4 de junio, en un programa de televisión, habló del consenso básico del respeto a los derechos humanos y agegó: “Se habla mucho de la Unidad Popular, y vale la pena (decir) que es un período a revisar”, dijo el mandatario de 37 años. “Desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no solamente desde una perspectiva mítica”.

El Partido Comunista ha reaccionado a la salida de Fernández, a través de la diputada Hertz, emblemática abogada de derechos humanos, cuyo marido fue ejecutado por la dictadura: “La conmemoración de los 50 años (del Golpe de Estado) no es una banalidad ni se trata de una suma de eventos a realizar, artísticos, culturales, o cualquiera sea. Es un hecho político fundamental, desde el cual la condena absoluta del golpe de Estado, calificarlo como crimen, es el mínimo civilizatorio que nos debe agrupar como sociedad. Ese es el mínimo civilizatorio: condenar el Golpe de Estado”, señaló la parlamentaria. La congresista agregó que quien coordine las actividades por los 50 años debería ser alguien “que no tenga un atisbo del negacionismo postmoderno que hoy permea en muchos sectores de nuestra sociedad”, en una abierta crítica al escritor.