Los 50 años del golpe de Estado muestran las grietas profundas de un Chile “eléctrico”

El presidente Gabriel Boric ha dicho que el ambiente está “eléctrico” en Chile y mientras su partidarios le encuentran razón, la oposición se pregunta cuánto ha contribuido el propio oficialismo en tensar el debate público, en la cuenta regresiva de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Boric –el primer presidente que ha tenido Chile desde 1990 que no había nacido para el golpe– encendió la pradera la semana pasada tras el fallo definitivo en el caso judicial por la muerte de Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973, donde el Supremo ratificó las condenas por secuestro y homicidio calificado contra siete exmilitares. Fue una muestra de cuánto se ha tardado la justicia en dar respuestas: medio siglo.

No habían transcurrido ni 24 horas cuando uno de los sentenciados se suicidó, justamente cuando la policía lo iba a buscar para arrestarlo. En otro hito simbólico a pocos días de la efeméride del quiebre democrático, murió a los 79 años el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, que como encargado militar de su partido autorizó el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. Boric, en los actos de homenaje, aseguró: “[Teillier] murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”, dijo en referencia al suicidio de Hernán Chacón Soto, de 86 años, brigadier de Ejército de Chile en retiro.

Este domingo, tras días de acalorado debate -el líder del Partido Republicano, de extrema derecha, al que llamó “cobarde” fue a Boric–, el presidente ha intentado aclarar sus palabras, en una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13. El mandatario dijo que él no era “quién para juzgar la decisión de un suicida” y que respeta la decisión de quién la toma por los motivos que sea. “Lo que yo quería decir, y reitero, es que hubo quienes cometieron crímenes atroces, durante mucho tiempo se ufanaron de ellos, los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade la responsabilidad. Esa trayectoria –no me refiero solo al caso del brigadier Chacón, sino al propio Augusto Pinochet– me parece de una cobardía profunda”.

Boric recordó que dos de los siete exmilitares condenados por el caso de Jara están prófugos. Pero al preguntarle en Canal 13 por falta de misericordia, aseguró: “La referencia a la cobardía era a la trayectoria, no solo a este caso, sino a muchísimos”. Y sobre la alusión al mismo suicidio de Chacón, dijo: “No era mi intención, lo lamento, y no contribuye al debate”.

Es parte de lo que ocurre a una semana del 11 de septiembre en Chile, un país donde no existe consenso respecto de una condena al golpe, como lo analizaba en EL PAÍS uno de los sociólogos de izquierda, Manuel Antonio Garretón: “Desgraciadamente, en Chile no existe consenso en condenar el golpe de Estado de Pinochet”, decía a comienzos de julio. Y lo explicaba: “El problema es que hay un sector importante de la población que sigue reinvindicando el golpe de Estado de 1973. Es el 44% que votó por el Sí a Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 y –exactamente lo mismo– el 44% que votó por José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de 2021, quien dice que el golpe era necesario o se justifica. Pero la condena al golpe es un principio ético que hay que sostener”.

Chile enfrenta este hito histórico con un Gobierno de izquierda debilitado tras dos derrotas en las urnas que, aunque no directas, impactaron fuertemente en la carta de navegación de Boric y su generación. En el plebiscito de hace un año, del 4 de septiembre de 2022, un 62% de los chilenos rechazó un texto que proponía transformar fuertemente la institucionalidad chilena. En mayo pasado, la extrema derecha de Kast tuvo un triunfo apabullante en las elecciones del Consejo Constitucional, órgano que se encarga de redactar una nueva propuesta de Constitución que será plebiscitada en diciembre. “Los chilenos hoy están dispuestos a sacrificar libertades con tal de tener orden”, analizaba en marzo el intelectual chileno Arturo Fontaine en entrevista con EL PAÍS, para intentar explicar los aparentes péndulos de la ciudadanía desde el estallido de 2019 hasta la fecha.

A pocos días de las conmemoraciones –esta semana y hasta el próximo lunes, en todo Chile se celebran innumerables eventos, seminarios y conversaciones para recordar el 11 de septiembre de 1973–, el ambiente está eléctrico, como dijo el presidente Boric. El analista Max Colodro decía hace algunos días que “Chile está hoy más dividido y polarizado”. “El estallido social abrió una nueva fisura en la sociedad chilena y reinstaló a la violencia política como tema de confrontación. A ello se agrega la dura derrota sufrida por la izquierda en el proceso constituyente. Creo que ese es un aspecto que ha exacerbado el ambiente de este aniversario, haciendo muy difícil una conmemoración con perspectiva histórica, con autocrítica de todos los sectores y buscando puntos de encuentro que puedan ayudar a sanar las heridas. Es muy lamentable, pero este aniversario dejará a Chile más confrontado no solo respecto del pasado, sino también sobre el presente y el futuro”, aseguraba hace unas semanas a EL PAÍS el filósofo.

El diálogo político tiene un tono acalorado y se muestra en el Congreso, donde la derecha desvela cómo ha retrocedido respecto de los reconocimientos sobre el golpe y la dictadura desde su mismo sector en los últimos años, probablemente por la tensión que los republicanos realizan a la derecha. Si en 2013 el presidente Sebastián Piñera marcó un hito al hablar de los “cómplices pasivos” en los 40 años del golpe, en referencia a los civiles del mundo conservador, hoy en el Congreso se reviven declaraciones previas al quiebre democrático.

El 23 de agosto, la Cámara de Diputados de Chile releyó la resolución de 1973 que acusó de inconstitucional al Gobierno de Allende y que fue interpretado como un espaldarazo a una intervención militar. En estos días, algunas congresistas de extrema derecha han incluso dudado de la violencia sexual que se cometió contra las víctimas -sobre todo mujeres– que han sido acreditadas tantas veces en los tribunales.

El Gobierno del presidente Boric ha tenido serios problemas en llevar adelante una agenda en torno a los 50 años. En medio de presiones del Partido Comunista (oficialista) y de organizaciones de derechos humanos, a comienzos de julio tuvo que renunciar al asesor presidencial en estas materias, el escritor Patricio Fernández. Luego, en el último cambio de Gabinete, el mandatario sacó al responsable de la coordinación de la efeméride, el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre. Tuvo que echar mano a una agencia de publicidad para intentar un relato como el que buscaba Boric: memoria, democracia y futuro.

Ante una mayoría ciudadana que no había nacido para el golpe –cerca del 70% de los chilenos–, el Gobierno lleva adelante una agenda coherente con la Administración más de izquierda que haya tenido Chile desde 1973: el Plan de Búsqueda de más de 1.000 desaparecidos de la dictadura. Es la mayor apuesta de Boric a 50 años del golpe militar y una de las principales deudas del país sudamericano. Pero, de paso, el Gobierno aumenta su apuesta y podría cerrar Punta Peuco, la cárcel reservada para violadores de los derechos humanos, que ha sido objeto de controversia desde su fundación en 1995, en plena transición. El presidente no lo negó ni confirmó en la entrevista de este domingo.

Boric incluso evalúa fórmulas para levantar el secreto Valech en el marco de los 50 años del golpe, es decir, los testimonios de las miles de víctimas de prisión política y tortura que relataron lo sucedido en dictadura a una comisión en el Gobierno de Ricardo Lagos, en 2003. Ha sido el propio Lagos, socialista, el que ha explicado las razones para mantener los testimonios guardados.

El cientista político Ricardo Israel, que entregó el testimonio a comienzos de los 2000, explicaba hace unos días en la red social X: “Yo entregué el testimonio de lo que me ocurrió a la Comisión Valech. Tuve confianza en el compromiso de secreto por 50 años y me sentiría violentado si el Gobierno logra quebrar esa regla”.

Es apenas un vistazo al Chile quebrado que espera la conmemoración de una semana más, donde exmilitares que se han atrevido a dar pasos distintos a los institucionales, como el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, son repudiados por alguna parte del mundo uniformado. “Ni una verdad oficial ni un relato común son posibles, simplemente porque en 1973 la sociedad se partió en dos mitades y somos herederos de esa fractura”, aseguraba el periodista Ascanio Cavallo hace un par de días.