Chile enfrenta dividido los 50 años del golpe del 11 de septiembre de 1973

Chile se prepara para conmemorar, el próximo 11 de septiembre, los 50 años de golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) y dio inicio a una dictadura de 17 años en la que se violaron los derechos humanos: aún hay 1.469 víctimas de desaparición forzada. Pero, en la víspera de los actos que recordarán esa fecha, el país sudamericano no solo vive un clima de división en la política que se graficó, especialmente, el 22 de agosto con los gritos y los insultos en la Cámara de Diputados entre parlamentarios de derechas y del oficialismo de izquierdas. También experimenta, según encuestas recientes, cierta distancia de los chilenos.

Un sondeo de la encuestadora Criteria, del domingo, mostró que un 56% de los consultados señaló que la conmemoración del golpe de Estado “nos divide como país”, con una diferencia de 40 puntos más respecto de quienes respondieron que “nos une como país”. Además, el 48% dijo que “es irrelevante para las personas como yo” y solo el 25% que “sí importa”. También, el estudio Cadem, de esta semana, refirió que solo un 1% de los chilenos piensa que el Gobierno debería dedicar más tiempo y esfuerzo a la conmemoración de los 50 años. Y el 23 de agosto se sumaron los resultados del sondeo Tú Influyes, que preguntó si las distintas interpretaciones sobre el golpe han provocado efectos en sus hogares: un 48% dijo que “ninguno”; un 36% que “solo discusiones menores”; un 10% que “algunos” y solo un 4% refirió “crispación y hostilidad en la familia”. Además, un 56% indicó que, tras la conmemoración, Chile iba a estar “igual que siempre”, un 38% que “más desunido” y un 3% “más unido”.

Los resultados de las encuestas, sin embargo, contrastan con el clima en el Congreso chileno, donde en las últimas 48 horas, se ha vivido, precisamente, crispación y hostilidad.

El pasado martes, parlamentarios de la UDI, junto al bloque Chile Vamos, de la derecha tradicional, respaldados con los votos del Partido Republicano, de la extrema derecha, impulsaron en la Cámara la relectura de una declaración del 22 de de agosto de 1973, 20 días antes del golpe de Estado, que denunciaba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” del Gobierno de Allende y pedía a los ministros que eran parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros “poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes”.

Fue un hecho considerado por las izquierdas como un agravio de la oposición en los descuentos de la conmemoración del quiebre de la democracia en Chile. “No puedo dejar pasar la actitud miserable y provocadora con que algunos diputados leyeron esta mañana [el martes] un acuerdo a 50 años del golpe de Estado”, señaló el senador socialista José Miguel Insulza. Diputados del Partido Comunista, en tanto, mientras se leía en documento en la Cámara, gritaban “justicia, verdad, no a la impunidad”, con carteles de detenidos desaparecidos en sus manos.

Los roces entre parlamentarios continuaron el miércoles, porque el Partido Comunista planteó una moción para anular la lectura del documento de 1973, lo que fue rechazado en la Cámara. Lo que ha ocurrido, sobre todo en las últimas 48 horas en el Congreso, ha sido catalogado por la portavoz del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, militante comunista, como “un retroceso civilizatorio”. “Nunca se puede avalar o buscar argumentos que legitimen la ruptura democrática por más diferencias políticas que se puedan tener”, dijo. Y agregó: “Quienes justifican el golpe de Estado podrían darlo hoy”.

La conmemoración de los 50 años ha coincidido con un Gobierno de izquierdas, que encabeza el presidente Boric, que ha querido conceptualizar la fecha bajo los conceptos democracia es memoria y futuro. A partir de 2023, su Administración le dio un sello que ha sido resistido por algunos sectores de la izquierda. Por ejemplo, por el hecho de que el mandatario concentrara la coordinación en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que ha tenido tres ministros en 17 meses, y no en una secretaría de Estado más política.

Aunque, en paralelo a Culturas, hay dos ministerios, de Defensa y de Justicia, que tienen una participación clave en la conmemoración del golpe de Estado. En junio, la ministra de Defensa y nieta de Allende, Maya Fernández, viajó al que fue campo de prisioneros que mantuvo la Marina en 1973 en Isla Dawson, en el extremo sur de Chile, junto a expresos políticos y al jefe de la Armada, el comandante Juan Andrés de la Maza. Instalaron una placa que señala que “en este lugar funcionó, entre el 21 de diciembre de 1973 y el 26 de septiembre de 1974, el campo de concentración de detenidos políticos de Río Chico, Isla Dawson, instalado por la dictadura cívico militar. Para que nunca más”.

Adicionalmente, se espera que el 30 de agosto, Luis Cordero, de Justicia, lance el Plan de Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos de la dictadura. El proyecto pretende ser un legado del Gobierno de Boric a fin de que se convierta en una política de Estado permanente destinada a conocer las circunstancias y el tránsito por el que pasaron las personas que fueron detenidas y hechas desparecer por los agentes de Pinochet.

Pero, independientemente de estas iniciativas, la gestión de Boric en el contexto de la conmemoración del golpe no ha sido fácil. En enero nombró como asesor de los los 50 años al escritor Patricio Fernández, de izquierda moderada, quien el 5 de julio se vio obligado a renunciar al cargo por presiones del Partido Comunista y de agrupaciones de derechos humanos: lo acusaron de relativizar el golpe de Estado durante una entrevista. Es un hecho que él ha negado. El presidente chileno, al aceptar su dimisión, dijo que Fernández “es una persona que no sólo es tremendamente respetuoso de los derechos humanos, como lo ha dicho explícitamente, sino que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un Golpe de Estado”.

Si la salida de Fernández, quien es muy cercano a Boric, fue el primer tropiezo, luego vino un segundo, que encendió las alertas de que la conmemoración de los 50 años estaba lejos de generar un clima de diálogo. Ocurrió durante el viaje a Europa del mandatario, cuando el 15 de julio, en una entrevista a la Cadena SER, informó que convocaría a los partidos políticos de Chile a suscribir una declaración conjunta con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Se refería a un acuerdo en el que “convengamos, todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un golpe de Estado es inaceptable. Y, dos, que ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto”.

La oposición, sin embargo, rechazó ese mismo día suscribir un acuerdo. Por ejemplo, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, partido de la derecha tradicional, Frank Sauerbaum, dijo entonces: “Nosotros no estamos disponibles para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada y coaptada por el Partido Comunista, con una visión de pasado”.

El presidente Boric no ha vuelto a abordar públicamente su idea de suscribir un acuerdo que condene el golpe de Estado. A juicio de sus críticos, con la salida de Fernández se cristalizó el triunfo de una mirada determinada –la del PC–, por sobre una posición moderada. Es una apuesta compleja para un país donde ni existe consenso en torno a la condena al bombardeo a La Moneda hace 50 años. De acuerdo a la encuesta CERC-Mori de mayo pasado, un 36% de los chilenos cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de Estado que lideró Pinochet.