El ministro de Justicia de Boric, hijo de un policía, hoy lidera la búsqueda de presos desaparecidos de la dictadura

La noche del miércoles 5 de abril, el ministro de Justicia chileno, Luis Cordero Vega (Santiago, 50 años), acababa de llegar a su casa cuando recibió un llamado desde el Palacio de La Moneda. Le informaron de una tragedia: el cabo de Carabineros Daniel Palma, de 33, había recibido un balazo en la cabeza cuando intentaba realizar una fiscalización en el centro de Santiago. El policía ni siquiera alcanzó a bajar de su moto cuando un grupo de delincuentes, que viajaba en un auto, le disparó.

Cordero llegó rápidamente a la Posta Central, uno de los principales hospitales de urgencia de Santiago Centro, donde Palma aún agonizaba. Se encontró con escenas de tristeza y desolación. Estaban allí la ministra del Interior, Carolina Tohá, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, además de varios policías. En una pequeña sala, aguardaba la esposa de Palma, una carabinera de 27 años embarazada de seis meses. A esa hora, pasadas las diez de la noche, el atentado al funcionario ya provocaba conmoción nacional, porque en apenas 23 días otros dos policías habían sido asesinados. Ya de madrugada, Palma se convirtió en la tercera víctima de la institución en menos de un mes, reflejo de un país que atraviesa su mayor crisis de seguridad con la irrupción de una nueva delincuencia armada y cuyo crimen empujó la aprobación veloz en el Congreso de una ley que da más poder al trabajo policial.

En esas dramáticas escenas en la Posta, Cordero vio pasar varias imágenes de su infancia en los años ochenta. No solo creció en el sector de avenida Matta, donde fue asesinado Palma, sino que, además, pocos sabían esa noche que su padre, Luis Cordero Silva, fue policía en una comisaría de Santiago. “Mi papá también tenía esos turnos 24 x 24, de un día de trabajo, por uno de descanso. Y la incertidumbre de cuando un policía está en la comisaría, es que puede pasar cualquier cosa”, dice el ministro en una entrevista con EL PAÍS.

En esa larga noche de espera, Cordero se acercó al general Yáñez. “Yo lo entiendo bien, porque conozco esta familia de Carabineros”, le dijo. Al día siguiente, cuando ambos se encontraron en el responso de Palma, el jefe de la policía se aproximó discretamente al ministro y le mostró la antigua ficha institucional con la fotografía de su padre.

El plan de búsqueda

Luis Cordero, abogado y doctor en Derecho, de la centroizquierda moderada, fue nombrado por el presidente de izquierdas Gabriel Boric como ministro de Justicia el 11 de enero pasado. Asumió en reemplazo de Marcela Ríos, en medio de la crisis política que generaron los 13 indultos que concedió el mandatario, 12 de ellos a condenados por delitos del estallido social chileno de octubre de 2019 (entre ellos saqueos, incendios y el intento de homicidio de una policía). En el grupo, se supo después, varios de esos excarcelados tenían antecedentes policiales por delitos comunes, distintos a los de la revuelta.

Si bien buena parte de sus tres meses en el cargo se han concentrado en resolver el complejo caso de los indultos, y luego en la agenda contra la delincuencia tras los homicidios de los carabineros, al asumir el ministerio Boric le encargó a Cordero una tarea clave: liderar el plan de búsqueda nacional de los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos no han sido encontrados. Un programa que será presentado en la víspera de la conmemoración los 50 años del Golpe de Estado, el próximo 11 de septiembre, y en el que el ministro de Justicia vuelve a encontrarse frente a su propia historia: dos tíos de su padre, Luis Ramón Silva Carreño y Manuel Silva Carreño, son detenidos desaparecidos.

Según los datos actualizados del Ministerio de Justicia, tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Chile hay aún 1.469 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, están en la misma condición. Del total de personas, solo 307 han sido identificadas.

Boric pretende firmar el plan el próximo 30 de agosto, el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas, para que sea una política pública de Estado permanente. “Las investigaciones penales, que han llevado a condenas a sus perpetradores, abordan un aspecto específico, pero por sus características no abordan cómo las personas fueron hechas desaparecer o ejecutadas en términos sistémicos. ¿Cuál fue el tránsito por el que tuvieron que pasar mientras estuvieron en manos del Estado? Esas son informaciones de las que, en general, no disponemos”, explica el ministro sobre el plan.

Cordero agrega: “Lo que no ha pasado hasta hoy es que el Estado chileno reúna en un solo lugar toda la información sistematizada, de modo de tener conocimiento de esas circunstancias generales en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Detrás de esto no solo hay un tema de verdad y justicia, sino también de memoria y reparación a las víctimas y familiares. Y una manera en que la sociedad chilena debe reconocer y establecer una garantía de no repetición”.

Un dolor en silencio

Cordero creció en el barrio avenida Matta, justamente donde fue asesinado a sangre fría el carabinero Palma. En ese sector, su abuela materna, Adriana Alderete y su madre, Isabel Vega, tenían un popular boliche llamado El Cairo. Sus padres se conocieron a fines de los años sesenta, cuando el policía Luis Cordero Silva dirigía el tránsito a pocas cuadras del local. Era hijo de campesinos y había llegado hacía poco a la capital de Chile desde Huelquén, un pueblo rural al interior del municipio de Paine, ubicado a unos 44 kilómetros de Santiago. “La generación de mi papá refleja muy bien a la tropa de Carabineros, personas cuya manera de salir adelante era incorporándose a instituciones armadas”, cuenta el ministro.

De adolescente, Cordero, el mayor de tres hermanos, ayudaba a su madre a atender la caja de El Cairo. Recuerda que por allí transitaban todo tipo de personas. Entre ellas, los vendedores de libros del barrio San Diego de Santiago, que jugaban dominó, y dos emblemáticos dirigentes sindicales de la oposición a Pinochet: Manuel Bustos y Rodolfo Seguel.

Su padre, cuenta, era muy reservado. Y, en sus horarios libres, además, manejaba un taxi. Cordero tiene recuerdos de las noches en que en la dictadura eran habituales los cortes de luz. Junto a su familia escuchaban la Radio Cooperativa, una emisora que se destacó por su oposición al régimen de Pinochet. Y, con un aparato de onda corta de su abuela, sintonizaban también Radio Moscú. ”Era la única forma de saber lo que estaba pasando”, señala.

En su etapa de estudiante de secundaria, Cordero iba a las protestas contra Pinochet, que comenzaron en 1983 y se agudizaron a partir de 1986. Su padre nunca le prohibió ir a las manifestaciones. Era un hecho inusual, pues en ese entonces Carabineros era parte de la Junta Militar que encabezó la dictadura. “La única observación de mi papá era que yo tenía que cuidarme mucho. Pero nunca tuvimos una discusión sobre política”, recuerda. “Mi vínculo con él era de padre a hijo muy formal. Creo que parte de las razones por las que también me emocioné estos días fue porque su muerte fue intempestiva, a los 56 años, de un cáncer fulminante. Pero pese esa relación, que era muy de autoridad, siempre nos dejó con completa libertad”.

Años después, Cordero ha reflexionado en ese comportamiento de su papá. Por un lado, ese papel de autoridad en la familia y, por otro, la libertad de que su familia fuera opositora a Pinochet, y que en la mesa familiar se hablara de las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la dictadura.

Hoy, que como ministro lidera el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos, dimensiona esos dos mundos en los que creció y entiende por qué su padre fue como fue. “Paine es un lugar pequeño y mi papá tenía vínculos con el dolor de las violaciones a los derechos humanos. Por eso creo que fue muy respetuoso siempre. Son historias de la vida. Y este era de esos temas presentes, pero no presentes en la familia. Para mi, Paine fue una conversación de la década de los ochenta″.

Pregunta. ¿Y cómo toma hoy, que lidera el plan de búsqueda, la historia de su familia?

Respuesta. Hay algo de sentido de misión en esto y lo he hablado con el equipo que trabaja conmigo. Si hay algo con lo que me daría por satisfecho, es tener el plan de búsqueda. Es lo que personalmente me tiene comprometido, para que genuinamente se transforme en una política permanente por parte del Estado.

Según el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de 1991, que impulsó el presidente Patricio Aylwin (1990-1994), el primer mandatario democrático después de la dictadura de Pinochet, Manuel Silva Carreño, casado, obrero agrícola de 44 años, fue detenido el 29 de septiembre de 1973 por funcionarios de la comisaría Carabineros de Paine y luego trasladado a la Escuela de Infantería de San Bernardo, municipio que también es parte de la Región Metropolitana, Santiago.

Su hermano, Luis Ramón Silva Carreño, 43 años, casado, siete hijos, obrero agrícola sin militancia política, fue detenido el 16 de octubre de 1973 en Paine, por funcionarios del Regimiento Infantería de San Bernardo, “acompañados de Carabineros y civiles”, dice el informe.

Paine es la zona que, en proporción a los habitantes de Chile, es donde hay mayor cantidad de víctimas de la dictadura: 70 personas. La mayoría eran campesinos y obreros agrícolas.