El Tribunal Constitucional chileno respalda los indultos de Boric

El Tribunal Constitucional chileno ha rechazado los requerimientos por inconstitucionalidad que presentó la oposición para impugnar siete de los 13 indultos que el presidente Gabriel Boric concedió en diciembre de 2022, 12 de ellos a condenados por delitos cometidos en la revuelta social de octubre de 2019. Con la resolución, el oficialismo logró cerrar el foco jurídico que abrió la decisión del mandatario, pero no la arista política. En paralelo, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados indagará si hubo irregularidades en la concesión de estas libertades a personas que cometieron delitos como saqueos, incendios o el homicidio frustrado contra un policía.

Los magistrados no se han explayado en comunicar los fundamentos de la decisión, que se conocerá dentro de un mes, aproximadamente. Solo se ha informado que, a su juicio, los indultos de Boric se ajustan a la Constitución.

El tribunal que se pronunció sobre los indultos tuvo por años un historial de críticas de parte de la izquierda chilena a raíz de una serie de fallos de corte conservador. Hasta 2019, además, solía paralizar las causas de violaciones a los derechos humanos, perpetradas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), mientras se resolvía el fondo de los recursos. Incluso, en la propuesta de nueva Constitución, que fue rechazada el año pasado por un 62% de la ciudadanía, se habían eliminado varias de sus atribuciones más polémicas. Pero en 2022, la balanza cambió de posición, con el retiro de dos de sus integrantes que eran de derecha y su reemplazo por dos juezas cercanas al oficialismo nombradas por Boric: la presidenta del órgano, Nancy Yáñez, y la ministra Daniela Marzi, con lo que el tribunal hoy está cargado a la centroizquierda.

Era uno de los dos factores que daban tranquilidad al Ejecutivo. El otro era que, jurídicamente, resultaba muy difícil echar abajo un indulto, porque se trata de una facultad discrecional de los presidentes de la República.

Los cuestionamientos

Los indultos a los condenados por delitos en el marco de las revueltas de 2019 fueron una promesa de campaña de Boric y desde que los decretó, en diciembre pasado, hubo críticas desde distintos sectores, en especial desde la derecha. Incluso, el propio mandatario reconoció que en el proceso hubo “desprolijidades”. La oposición anunció un proceso de destitución en contra de la ministra de Justicia Marcela Ríos, que finalmente salió del Gabinete en enero y fue reemplazada por el abogado Luis Cordero, que se hizo cargo de la crisis. Este capítulo le costó el cargo al jefe de Gabinete del presidente, Matías Meza-Lopehandía, uno de los hombres de mayor confianza de Boric, que cumplió un papel clave en las libertades concedidas.

Los indultos también han sido criticados por el momento que escogió el mandatario, porque lo hizo cuando el Gobierno y la oposición intentaban un acuerdo transversal sobre seguridad, la principal preocupación de la ciudadanía ante el avance del crimen organizado y el alza de homicidios, que quedó suspendido. Entre los indultados, como se supo luego, había personas con un largo prontuario con delitos comunes anteriores al estallido social de 2019. Es el caso de Luis Castillo, que se autodenominaba como preso político, pero que sumaba 26 causas judiciales, había sido sentenciado cinco veces por hurto simple, hurto simple frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia y robo por sorpresa. Boric liberó en paralelo a Jorge Mateluna, el único del grupo que no estaba condenado por delitos cometidos en el marco de la revuelta social, sino por el robo a un banco en 2013. Se trata de un exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un movimiento que usó la vía armada para derrocar a Pinochet, pero que en democracia siguió operando con algunos de sus miembros.

El medio Ex–Ante reveló hace unos días que, en el caso de seis de los 13 condenados, Gendarmería había emitido informes negativos respecto de la concesión de los indultos. El Gobierno, sin embargo, aclaró que esas opiniones no son vinculantes y que existen otros antecedentes, como las redes familiares de los condenados, que se toman en cuenta a la hora de decidir sobre las libertades.

Una complicada votación

El Tribunal Constitucional está compuesto por ocho ministros. Su integración completa es de 10, pero en el Parlamento chileno no ha habido acuerdo político desde el año pasado para llenar las dos vacantes pendientes.

La deliberación respecto de los indultos tuvo una serie de complicaciones. Incluso, estuvo a punto de aplazarse por la petición de un juez. Pero la presidenta Nancy Yáñez, a la que Boric nombró en el tribunal en abril de 2022, un mes después de que él asumiera en La Moneda, había fijado para este 21 de marzo la audiencia, la que finalmente se llevó a cabo, ante una gran expectación de la opinión pública.

Yáñez es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la misma donde estudió el mandatario de izquierdas. La jueza es especialista en derechos humanos y en derechos de los pueblos indígenas, y en 2009 dirigió la tesis universitaria del abogado Matías Meza-Lopehandía, el exjefe de Gabinete de Boric que jugó un papel relevante en los indultos.

La votación más ajustada se presentó en el caso de tres indultados, entre ellos Mateluna y Castillo: cinco de los ocho jueces rechazaron declarar inconstitucional sus indultos, mientras que los otros tres magistrados –vinculados a la derecha– estuvieron en la posición contraria. En el análisis de los otros cuatro casos, el recurso de la oposición fue rechazado más ampliamente, por seis votos contra dos.

Una vez conocida la resolución, el juez Rodrigo Pica, parte de los votos de la mayoría, explicó que contra la sentencia del Tribunal Constitucional “no procede recurso alguno”, con lo que se cierra la arista jurídica de la polémica.

La senadora del partido opositor UDI Luz Ebensperger dijo que la decisión de los jueces “era esperable”, pero que “aún queda la responsabilidad política”. La parlamentaria de derecha agregó que en momentos en que el país “vive una crisis de inseguridad” y “la gente pide en todas las encuestas que los delincuentes estén en la cárcel, el presidente los indulta”.

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