Tarapacá: cómo el norte de Chile se convirtió en la región más violenta

En enero de 2022, el comerciante chileno Nelson Murúa Páez, de 67 años, fue asesinado en la región de Tarapacá, unos 1.800 kilómetros al norte de Santiago. Ese homicidio violento, uno de los 52 que hubo el año pasado en la zona marcó un hito: era el primer caso registrado en el que la víctima de secuestro no estaba relacionada con la delincuencia. Y se produjo en un área del país, el norte, en el que la delincuencia está escalando de manera rampante.

Según cifras de la fiscalía, el año pasado Tarapacá lideró la tasa de homicidios en Chile, con 12,9 casos por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio nacional es de 3,6. Murúa había sido secuestrado dos días antes por una banda que pidió un rescate a su familia de 50.000.000 de pesos chilenos (unos 62.500 dólares), que no logró juntar. Los miembros de ese grupo, de origen venezolano, ya han sido detenidos. Pese a que el año pasado saltaron todas las alertas, en 2017 en esa región hubo una primera señal que dio cuenta de que algo empezaba a cambiar: la ejecución de Rosalva Gómez, una mujer boliviana de 26 años, que fue asesinada por miembros de una organización colombiana. El grupo buscaba a su pareja, un ciudadano colombiano que está desaparecido hasta hoy.

“Por interceptaciones telefónicas supimos que al jefe de la organización le preguntaron ¿qué hacemos con ella? ‘Mátenla’, respondió. Esa banda está totalmente desarticulada”, cuenta Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, en entrevista con EL PAÍS. “Los homicidios de Rosalva Gómez y de Nelson Murúa fueron una voz de alarma gigantesca. Nos dieron la pauta de que comenzábamos a enfrentar delincuencia extranjera con otras formas de actuar que, hasta ese momento, eran desconocidas para nosotros”. El fiscal achaca las nuevas pautas identificadas en la delincuencia a la llegada al país de bandas foráneas que emplean métodos hasta ahora desconocidos. Pero pide evitar entrar en un discurso xenófobo. “Acá el problema no es la migración, sino la delincuencia extranjera. En Iquique siempre hemos convivido con extranjeros. Y, por la zona franca, son de distintas nacionalidades. Esta no es una ciudad xenófoba, por el contrario. Pero la delincuencia es otra cosa”, agrega.

En cuatro años, los homicidios en Tarapacá subieron un 108%. En lo que va de 2023, los asesinatos suman doce, de los que siete ocurrieron en los primeros 16 días del año. El auge de la criminalidad ha generado protestas en la zona. Además, ha hecho que el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, que asumió el cargo a mediados de enero, nombrase a Arancibia para investigar 20 asesinatos ligados al crimen organizado. Varios de ellos son de 2022 y tienen una característica común: violencia extrema y autores desconocidos. Su designación fue tras el ataque a una pareja -la mujer fue asesinada y el hombre quedó herido-, en un mirador de Alto Hospicio, una comuna vulnerable situada a 10 minutos de Iquique y que, en proporción, es la que tiene mayor tasa de homicidios en Chile. Es la misma zona donde estuvo secuestrado Murúa Paéz y fue asesinada Rosalba Gómez.

“La situación de Alto Hospicio es quizás la expresión más dramática de la crisis gemela que atraviesa el norte de Chile: migratoria y de seguridad pública. Y digo que son gemelas no porque criminalice la migración —creo que la mayoría de los migrantes son gente honesta— pero infiltrados en estos enormes flujos que supuso el desplazamiento de ciudadanos principalmente venezolanos, han llegado mafias transnacionales con alto poder de fuego”, dice el alcalde de Alto Hospicio Patricio Ferreira.

Así, a los delitos que caracterizan a esta región, como tráfico de drogas a gran escala por la frontera con Bolivia, se ha sumado el tráfico de personas, los secuestros extorsivos, los homicidios con una forma de comisión más violenta y, algo impensado en Chile hasta hace poco, el sicariato. |Ahora hay muchos homicidios por ajuste de cuentas y muchos de ellos son filmados como una forma de demostrar de que ‘se cumplió el encargo’. Es mucha la violencia, mucha la crueldad y con un ensañamiento al que no estábamos acostumbrados”, explica el fiscal.

Para enfrentar esta nueva realidad, que también se ha extendido a otras regiones del norte como Arica, y el aumento de criminalidad generalizado en el país, el Gobierno de Gabriel Boric presentó en diciembre ante el Congreso varios proyectos de ley, entre ellos uno para agravar las penas para los secuestros y otro para tipificar el delito de sicariato. Según la Policía de Investigaciones (PDI), los homicidios en Chile tuvieron un incremento de un 32% en 2022 con respecto a 2021. Asimismo, encuestas como la del Centro de Estudios Públicos (CEP) indican que la seguridad es el primer problema que debe resolver el Ejecutivo.

Nuevas formas de criminalidad

Raúl Arancibia nació en Iquique, la capital de la región de Tarapacá. Es una ciudad turística conocida por sus playas, en especial la llamada Cavancha. También por su zona franca. “Una de las cosas en que he venido insistiendo es que debemos dejar de pensar que estas cosas no van a pasar en Chile. Me refiero a los secuestros, que antes eran solo entre delincuentes, y a los sicariatos. Tenemos que prepararnos, porque el norte del país fue cambiando y no hay vuelta atrás. Ya nunca va a ser el Iquique que conocí cuando yo iba al colegio”, dice el fiscal.

Según los datos que maneja su fiscalía, los extranjeros en esa zona de Chile son tanto victimarios como víctimas. En Tarapacá, el 32% de las víctimas de homicidios ocurridos en 2022 habían nacido fuera del país. Y de los imputados conocidos, un 37% son extranjeros, mientras que el 45,7% de los privados de libertad en la región a finales del año pasado eran también de fuera.

El ataque a dos policías chilenos en la playa Cavancha frente a veraneantes en enero de 2022 llevó a Arancibia a visibilizar a nivel nacional lo que ocurría en su zona: “Empecé a dar una voz de alerta de que el norte del país, de que específicamente la frontera que une Tarapacá con Bolivia, por donde casi la totalidad de los inmigrantes ingresa en forma ilegal, que los pasos no habilitados fueron poco a poco siendo dominados por delincuencia extranjera y por organizaciones criminales. Por ahí entran las drogas. Y son las mismas rutas que se usan para el tráfico de armas, el tráfico de personas, el contrabando y por donde salen los vehículos robados en Santiago por las encerronas para ser transados por armas, drogas o dinero”, denuncia.

La migración ilegal entra por la frontera cerca de Colchane, una localidad ubicada a unos 150 kilómetros de Iquique. Desde allí, muchas personas se han ido distintas partes de país; otras tantas a Iquique y a Alto Hospicio. En esta última comuna, describe el fiscal, en los asentamientos irregulares hay bandas que tienen atemorizada a la población y que “cobran por cualquier actividad que pueda desarrollarse, incluido vivir allí”.

Según el alcalde de Alto de Hospicio, hay grupos criminales que se dedican no sólo al tráfico de drogas, sino también “a la trata de personas, la extorsión y el contrabando, líneas criminales que requieren de creciente control territorial. “El temor hacia los grupos criminales se mantiene vigente en la medida que se sostengan como amenazas creíbles. Por eso vienen este otro grupo de delitos, destinados a la coerción, como es el sicariato, el secuestro o la tortura”, explica.

Crímenes por resolver

Los 20 homicidios que debe esclarecer Arancibia fueron escogidos con pinzas, pues son un botón de muestra de lo que ocurre en Tarapacá. En rigor, son esos 20 y los que se sumen. Uno de los que engrosó la lista ocurrió esta semana. La víctima fue un ciudadano colombiano al que le tocaron la puerta de su casa y le dispararon en el tórax. “No murió en ese instante, corrió hacia el interior y se trató de refugiar en el dormitorio, pero los autores lo arrastraron y le dispararon dos tiros en la cabeza. A eso es a lo que no estábamos acostumbrados”.

De esos 20 casos, ya se han resuelto dos. Uno de ellos fue el crimen de una joven boliviana ocurrido en Pozo Almonte, una localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Iquique. “Ella atendía un almacén de barrio, pequeñito. Fue maniatada, amordazada y asesinada a puñaladas para robar el dinero de sus ventas. Fue detenido un ciudadano venezolano que había huido del país y, cuando pensó que las cosas se calmaron, volvió a entrar y lo detuvimos. Confesó”.

El 8 de febrero también sedetuvo a dos personas por el ataque a la pareja en el mirador de Alto Hospicio. Pero de la lista quedan muchos casos por resolver. Entre ellos, el de una pareja extranjera que en enero apareció calcinada dentro de un auto en un sector costero de Iquique. “No es el primer caso de este tipo, pues hay otras personas que han sido calcinadas después de muertas. Hay víctimas que tienen signos de torturas, con heridas cortopunzantes además de balazos”, advierte Arancibia.

Frente a este panorama, organizaciones civiles pidieron no vincular la ola de delincuencia exclusivamente a la migración. La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Chile, Waleska Ureta, pidió en una columna en el diario La Tercera “no crear enemigos internos ni animosidad ante grupos específicos de personas como si fueran las causantes de todos los problemas”. “Para que Chile sea un lugar seguro, nadie puede poner en duda que el crimen debe ser perseguido eficazmente y quien delinque, sea quien sea, debe enfrentar a la justicia en un debido proceso”, escribió. “Junto con el trabajo de la justicia, las autoridades deben ser capaces no solo de impulsar las medidas de control y prevención que se requieren, sino que también deben transmitir tranquilidad a la población y promover la cohesión social”.

“Los procesos de exclusión e informalidad en que se da la migración de muchas personas crean contextos de alta vulnerabilidad y descomposición del tejido social, que se transforman en ventanas de oportunidad para el crimen organizado transnacional”, añadió. “Mientras más informalidad y exclusión tengamos, más espacios para el desarrollo de actividades ilegales y violentas habrá”. Y dijo que como servicio les consta que “las personas migrantes son las primeras en querer que haya orden y seguridad en Chile, pues ello les permitirá no ser víctimas de delitos ni sufrir violencias, así como también insertarse y contribuir al país”.

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