Récord de homicidios en Yungay, el barrio donde vive el presidente Boric en Santiago

El dueño de la casona que el presidente Gabriel Boric escogió para vivir en el barrio Yungay, a calles del centro histórico de Santiago, la puso en arriendo porque se sentía inseguro. Así lo cuenta la vecina y concejala independiente del municipio, Rosario Carvajal, quien fue una pieza clave para promover la residencia al mandatario y su pareja, Irina Karamanos. Ella, junto con otros vecinos de la pintoresca zona patrimonial, querían que la autoridad se trasladara al sector para garantizar una robusta presencia policial. Carvajal vive dentro del perímetro de cuatro calles cerradas en la que se encuentra la casona presidencial, resguardada por Carabineros las 24 horas del día. “Ahí se genera un círculo de seguridad. Es como una isla, después viene la barbarie”, apunta. El barrio, junto con el Franklin, concentran casi un tercio de los homicidios registrados este año en todo el municipio de Santiago, que lidera la estadística general de la capital chilena.

Arturo Gómez, nombrado en enero fiscal especial para homicidios de la Fiscalía Local de Santiago, desglosa en su oficina las cifras de la capital: 71 homicidios en 2022, de los cuales once se registraron en Yungay, el barrio de Boric. El año pasado hubo 30 asesinatos en el municipio; cinco años atrás, 21; y hace una década, seis, según cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Más de la mitad de los homicidios este año los han realizado extranjeros. “Hace 10 años podría decir que el 99% eran chilenos”, asegura Gómez, quien enseña un vídeo donde dos sicarios colombianos disparan 12 veces a quemarropa a un hombre de la misma nacionalidad en una galería comercial del barrio Franklin. “Antes no existía esto. Hoy en Chile se mata por un teléfono móvil”, alerta.

Yungay, el primer barrio republicano, es un sector de contrastes. La revista británica Times Out, por ejemplo, lo eligió este año como uno de los 10 barrios más atractivos del mundo para visitar por ser “el hogar de varios museos fascinantes”, a pasos del pulmón verde del Parque Quinta Normal, con una escena gastronómica “prometedora”. Su colorida fisionomía provinciana, distribuida en cités y grandes casonas antiguas del siglo XIX dejan en evidencia por qué intelectuales y líderes políticos de antaño hicieron de ese histórico rincón su hogar. Sin embargo, detrás de las fachadas, principalmente en los bordes del sector, hoy operan bandas de crimen organizado que rompieron con la tranquilidad de los antiguos residentes que ahora viven sumidos en la nostalgia.

José Osorio, de 51 años, presidente de la junta de vecinos que representa a 1.600 residentes, recuerda que organizaron la primera protesta por temas de seguridad en 2013. Vieron una intensificación en los robos, asaltos y tráfico de drogas en espacios públicos. “Eso fue creciendo explosivamente y las autoridades no han desarrollado un mecanismo de control. Nos decían que el barrio era una taza de leche. Pero los delitos se han complejizado y ahora se ven armas de fuego y asesinatos por ajuste de cuentas”, relata en el restaurante del Espacio Gárgola, ubicado en una de las arterias comerciales del barrio. “El fenómeno del subarriendo abusivo es clave. En estas casonas se alquilan habitaciones a familias que viven en hacinamiento y donde, en muchos casos, se ven situaciones delictivas”, lamenta.

Para la concejala el problema se origina en los noventa, con el Plan de Renovación Urbana (PRU) en Santiago Centro, que levantó edificios donde antes había casas para revertir el despoblamiento que sufría el municipio. El centro de la ciudad pasó de tener 250.000 habitantes a más del doble en dos décadas. “Eso significa una sobrecarga a los servicios municipales de salud, educación y seguridad. No solo irrumpe con la destrucción violenta del patrimonio, sino también del tejido social”, afirma Carvajal.

El fiscal dice tener claro cuándo se produce el punto de inflexión: “Es el movimiento migratorio, que se ha acentuado en los últimos cuatro años. Muchos no cumplen sus expectativas de trabajo para sobrevivir y caen en la delincuencia”. En el barrio Yungay prima la delincuencia peruana, sostiene. Tienen tomadas cuatro calles donde trafican drogas, portan armas y no hay cámaras de seguridad municipales, pero cuentan con unas propias. En ese cuadrante, a seis manzanas de la residencia de Boric, se han cometido siete homicidios este año. Las principales causas son cobros de habitaciones subarrendadas y disputas de territorios para el tráfico de droga.

Esta semana el Gobierno de Boric encabezó la destrucción de 17.590 armas de fuego, un 28% más que en 2021, en el marco de la campaña Menos Armas, Más Seguridad.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, flanco de críticas de la oposición por su gestión, suele defenderse bajo el argumento de que los municipios no están a cargo del orden público o de Carabineros, pero que sí colaboran con su función. Hassler ha solicitado mayor dotación de policías y ha hecho llamamientos al ministerio del Interior, liderado por Carolina Tohá (alcaldesa de Santiago entre 2012 y 2016), para que hagan una “intervención profunda” en el centro de la capital. Este periódico no pudo realizar una entrevista a la edil para abordar el tema. Carvajal remarca que el problema del barrio no se va a solucionar solamente con más policías. “Aquí se necesita una estrategia integral público-privada. Como concejala no soy considerada en ninguna mesa de Gobierno para los planes, tampoco convocan a los vecinos”, afirma, una crítica que comparte Osorio.

La Administración está impulsando un acuerdo nacional por la seguridad, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y en enero arrancará un programa piloto en algunas comisarías de Santiago donde se actualizarán los equipamientos, entre otras medidas para frenar la mayor preocupación de los chilenos. Esta semana, el presidente firmó un proyecto que busca recuperar y transformar el eje Alameda-Providencia, el que impactará la avenida central de cuatro municipios en el corazón de la capital. La ministra Tohá también adelantó un plan para intervenir las ciudades y centros regionales más afectados durante el estallido social y la pandemia.

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