El nuevo asesinato de un policía apura la intervención contra la delincuencia en 30 municipios de Chile

Un cabo de Carabineros de 33 años ha sido asesinado en el centro de Santiago de Chile, mientras realizaba un operativo de fiscalización. El policía Daniel Palma fue baleado en la cabeza la noche del miércoles cuando intentaba controlar a un coche, porque sus ocupantes habían realizado disparos en esta zona de la capital que se ha transformado, en los últimos años, en uno de los principales polos de la delincuencia en el país. La muerte del carabinero nuevamente conmociona a la sociedad chilena, porque se trata del tercer asesinato de un policía en los últimos 23 días, en una nueva muestra de la crisis de seguridad pública que enfrenta el país sudamericano. Tras el crimen, el Gobierno de Gabriel Boric, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha anunciado desde La Moneda la intervención en 30 municipios de Chile con mayores cifras de criminalidad.

El asesinato ha provocado diversas reacciones políticas en un contexto fuertemente dominado por la preocupación pública por la delincuencia, el mayor poder de fuego de las bandas y la actuación de crimen organizado. El presidente Boric, que ha encabezado una reunión en el Palacio de Gobierno con las policías y los poderes del Estado, hoy ha promulgado una ley que le da poder a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, que ayer fue aprobada en el Parlamento. Parte de la clase política, no solo de oposición, pide al Ejecutivo un Estado de excepción constitucional en Santiago de Chile ante la crisis de seguridad. El Gobierno del presidente Boric, liderado por una generación que había empujado las libertades públicas, ha girado para intentar dar solución a la crisis que se ha transformado en la principal prioridad de la gente.

“Ya basta de que sigan matando a los que nos cuidan, ya lo he dicho. Hoy día hay un hijo, una esposa sufriendo, una institución que está sufriendo”, sostuvo entre lágrimas en general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Lo hizo desde la Posta Central, uno de los principales hospitales de urgencia de Santiago Centro, poco antes de que se confirmara el fallecimiento de Palma en el centro asistencial, en la madrugada del jueves. “Estamos enfrentando una delincuencia que es terrible. Esto no lo habíamos visto antes. La violencia con la que están actuando estas personas, obviamente nos va a obligar a buscar otra estrategias para poder enfrentarla”, aseguró el líder de la institución.

Tras el segundo ataque mortal del último mes contra una carabinera, el pasado 26 de marzo, la conmoción ciudadana motivó a la clase política a empujar una batería de leyes contra la delincuencia y la ley Naín-Retamal, para darle mayor poder a la policía para repeler los ataques en las calles y elevar las penas a quienes atenten contra los uniformados. Fue un debate intenso. Aunque existe consenso social y político respecto de la necesidad de fortalecer a los funcionarios, la coalición de izquierda Apruebo Dignidad del presidente Boric se opuso en el Parlamento a la normativa que establece la legítima defensa privilegiada –la presunción de uso justificado de su arma de servicio– en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial. “No concordamos con que la carga de la prueba la tenga la víctima; no concordamos que esta exención de responsabilidad penal se extienda a las Fuerzas Armadas; no concordamos con que esta figura se use en el mantenimiento del orden público”, dijo ayer la diputada comunista, Carmen Hertz.

El Congreso, sin embargo, aprobó este miércoles la ley Naín-Retamal, bautizada en honor a dos carabineros asesinados en 2020 y 2022. Fue apoyada por la derecha y por el Socialismo Democrático, el bloque de la izquierda moderada que apoya a Boric. Para la ministra del Interior, la ley “cumple estándares de una policía democrática”.

Tohá explicó que se intervendrán los 30 municipios que concentran un tercio de la población nacional y un 50% de los delitos más violentos. El arranque del plan estaba programado para mayo, pero que el presidente Boric pidió adelantarlo, tras la muerte del cabo Palma. La ministra explicó, adicionalmente, que se dispondrán más y nuevos recursos para los funcionarios policiales. “Vamos a tener focos investigativos especialmente donde hay tráfico de armas. Esperamos focalizar la persecución para esclarecer homicidios y delitos violentos y, para ello, el trabajo coordinado que ya tenemos funcionando con Fiscalía será reforzado y acelerado”, detalló la ministra del Interior.

El carabinero asesinado tenía nueve años de servicio, pertenecía a la cuarta comisaría de Santiago –que tiene en sus manos la seguridad del centro de la ciudad–, estaba casado con una carabinera, que está embarazada, con la que tenía un niño de cuatro años. En la madrugada, hasta la Posta Central llegó la ministra Tohá; el ministro de Justicia, Luis Cordero; la delegada presidencial regional, Constanza Martínez; la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; y el general director de Carabineros.