Más margen para la legítima defensa y penas más duras: la ley que aumenta el poder de la policía en Chile

Los diputados chilenos han aprobado un proyecto de ley llamado Naín-Retamal, por los apellidos de dos carabineros asesinados en 2020 y 2022, que permitirá darles herramientas a las policías frente a los delincuentes. Lo han hecho en un momento en que la agenda pública chilena ha estado marcada intensamente por la seguridad. Los congresistas empujan contra el reloj una contundente agenda legislativa, luego de que el domingo pasado una policía de 43 años fue asesinada por delincuentes en la ciudad de Quilpué, en la región de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile. Fue un hecho que impactó a la sociedad y removió a la clase política. Mientras el presidente Gabriel Boric a través de diferentes gestos se esfuerza por dejar en claro que su Gobierno respalda a Carabineros, los parlamentarios decidieron no salir a terreno esta semana, como lo indicaba su calendario mensual, para sacar adelante “de urgencia” un conjunto de leyes en esta materia, la principal prioridad ciudadana.

El proyecto de ley había sido aprobado en diciembre por la Cámara de Diputados en su discusión general y hoy se le dio el visto bueno en su revisión particular, artículo por artículo, hasta completar los 24. La iniciativa, que pasará al Senado, establece la legítima defensa privilegiada –la presunción de uso justificado de su arma de servicio– en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial. Adicionalmente, aumenta las penas ante atentados en contra de Carabineros, la Policía de Investigaciones, PDI, y Gendarmería. Los funcionarios quedarán “exentos de responsabilidad criminal” si deben “repeler agresiones con riesgo a su integridad o la de terceros, como, asimismo, cuando impidan la consumación de graves delitos”, dice el texto.

Hubo sectores de la izquierda oficialista que no dieron su respaldo a la iniciativa, justamente por el artículo que facilita a los policías el uso de su arma de servicio cuando actúen en defensa propia, de terceros o para impedir un delito. El grueso de la Cámara de Diputados, sin embargo, aprobó por la mayoría de los diputados presentes el proyecto Naín-Retamal.

“Qué tremenda paradoja la de Chile”, escribió Flavia Torrealba, presidente de un partido del Gobierno, la Federación Regionalista Verde Social. “Los sectores políticos que deberían estar luchando por ampliar las libertades civiles (no solo económicas, por cierto) se esfuerzan en instalar un estado policial. Al parece hay una profunda reflexión ideológica que hacer”, aseguró en una abierta crítica al oficialismo al que pertenece.

El Gobierno no patrocinó ni le dio urgencia a esta iniciativa y propondrá determinados cambios de cara a su discusión en el Senado, según anunció la ministra del Interior, Carolina Tohá. La secretaria de Estado, que realizó un llamamiento a aprobar, explicó el problema actual ante un caso del uso de la fuerza por parte de Carabineros: “Mientras se investiga, inmediatamente el policía cae en esta condición de imputado, muchas veces apartado de la institución, y los fiscales interpretan que si este funcionario usó su arma, y hay un herido o fallecido, desde ese momento queda imputado”, aseguró la ministra a radio ADN.

En las tribunas del hemiciclo se encontraban las viudas y familiares del sargento Carlos Retamal y de los cabos Eugenio Naín y Juan Florido, asesinado en 2022. Fue un debate parlamentario encendido, con recriminaciones entre uno u otro sector político.

El control de la delincuencia se ha instalado como la prioridad de los chilenos, de acuerdo a diferentes encuestas, y el Gobierno de Boric ha hecho suya esta demanda. Lo ha realizado sobre todo luego del plebiscito constitucional de septiembre pasado que dejó en evidencia el cambio de intereses de opinión pública. El presidente en estos últimos días ha ejecutado gestos inéditos respecto de su compromiso con el orden público y hasta anunció que se sumaría a los procedimientos policiales. “Es preciso reflexionar sobre nuestras actuaciones del pasado”, aseguró el martes, en referencia a las posturas que han caracterizado a la generación de la nueva izquierda chilena en materia de orden público. Para el senador José Miguel Insulza, socialista, esta generación ha ido entendiendo “que la seguridad no es un tema de clases”.

El Senado este jueves intentará despachar seis iniciativas legales que han sido aprobadas esta semana por los diputados. Junto a la ley Naín-Retamal, el Congreso buscar sacar adelante leyes contra el sicariato, la extorsión, el porte de armas en lugares concurridos y otras que refuerzan las competencias de Gendarmería y que amplían las facultades policiales en el control migratorio.