Retrocediendo
No necesitamos más estímulos a la inversión de las grandes empresas, que ya los hay demasiado. Requerimos de un sistema mucho más progresivo
Con los debates generados por las propuestas del flamante Ejecutivo de José Antonio Kast, los efectos disfuncionales esperados de la reducción de los impuestos a los ricos son claros y han sido cuantificados por el propio ministerio de Hacienda. Durante el Gobierno precedente, claro está. Vale la pena recordarlas, pero también agregar otros menos visibles.
En efecto, el ministerio de Hacienda muestra que el 79,1% del beneficio de la rebaja del impuesto de primera categoría lo obtiene el 1% de las personas de más altos ingresos. Más aún, el grupo del 0,01% de contribuyentes de mayores ingresos del país obtendría casi la mitad del beneficio total de la rebaja. Los efectos distributivos de la reintegración del impuesto a la renta apuntan en la misma dirección. De acuerdo con ese informe, el 75,3% del beneficio de la reintegración lo obtendría el 1,6% de contribuyentes de mayores ingresos.
Pero lo más grave es que este escenario nefasto parte de una situación igualmente deleznable. El punto de partida es lamentable; en un reciente estudio el International Tax Observatory muestra que en Chile la riqueza de los milmillonarios ha crecido cerca de 900% desde 2000 —el segundo mayor aumento de América Latina—, mientras el 50% más pobre no ha registrado avances significativos. Ello implica que el 1% concentra el 30% del ingreso y el 53% de la riqueza. Y, por supuesto, dicho grupo tiene una carga tributaria tres veces menor que la de la población general. El propio Gabriel Zucman, en una columna publicada en La Tercera, advirtió que el sistema tributario chileno “pierde legitimidad cuando trabajadores y pequeños empresarios pagan proporcionalmente más que las grandes fortunas”, y que solo el 18% de los chilenos lo considera justo. Por algo una mayoría aplastante de ciudadanos está por subir los impuestos a los más ricos, no bajarlos.
Esta realidad no es exclusivamente chilena. En la reciente Cumbre Progresista Global (Global Progressive Mobilisation) celebrada en Barcelona, convocada por el presidente español Pedro Sánchez, colegas del ICRICT —entre ellos Gabriel Zucman, Wayne Swan y Martín Guzmán— expusieron sobre la necesidad de recomponer la propuesta de la izquierda en torno al combate contra la desigualdad. Zucman presentó ante diez jefes de Estado lo que deberían ser los ejes de un impuesto mínimo global a los superricos. El mensaje fue directo: la concentración extrema de riqueza corroe la democracia. Entre los mandatarios presentes se encontraban Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Cyril Ramaphosa y Mia Amor Mottley, entre otros. En los márgenes de la cumbre, el expresidente Gabriel Boric también se acercó a conocer la propuesta.
Más aún, los ministros de Hacienda de Brasil y España, Dario Durigan y Arcadi España García, pusieron en marcha una coordinación internacional para gravar a los superricos, retomando así el impulso de la IV Conferencia de Financiación al Desarrollo de la ONU (FfD4) celebrada en Sevilla y la declaración del G20 de 2024. Zucman fue invitado a esa reunión para exponer sobre su propuesta.
Lo ocurrido en Barcelona es una señal de que el impulso global hacia una tributación más justa sobre la riqueza extrema sigue creciendo y contrasta fuertemente con el retroceso que hoy se propone en Chile.
En particular, el estado de los impuestos corporativos también es extremadamente frágil. Cito textual el documento de Hacienda ya mencionado: “La tasa efectiva de impuesto corporativo en Chile es significativamente inferior a la nominal debido a la brecha entre utilidad financiera y Renta Líquida Imponible, la cual en 2023 representó cerca del 38% de las utilidades financieras a nivel agregado, impulsada por beneficios como depreciación acelerada y pérdidas tributarias”.
Es decir, se paga un tercio de la tasa nominal corporativa. Pero esto no es necesariamente una anomalía: los sistemas tributarios modernos permiten deducir los gastos de inversión en equipamiento, lo que equivale a remunerar el capital por su riesgo. El resultado es que el impuesto corporativo recae en la práctica sobre los beneficios netos, no sobre los costos. Como ha señalado ICRICT, los economistas reconocen desde hace tiempo que los regímenes actuales del impuesto de sociedades —que permiten deducir prácticamente todos los costos, incluidos el trabajo y el capital— se aproximan a un impuesto puro sobre los beneficios netos, y ese tipo de impuesto no distorsiona ninguna decisión económica: no encarece precios ni reduce salarios. Esto implica que la tasa corporativa puede elevarse sin temor a efectos adversos sobre la inflación o la inversión. Las grandes distorsiones e inequidades del sistema provienen, en cambio, de una fiscalización insuficiente y de los numerosos resquicios legales.
Más allá de una legítima recuperación del capital invertido, esta diferencia da cuenta de profundas anomalías en el sistema. Los especialistas lo llaman termitas fiscales.
Dichos beneficios netos tampoco se gravan de forma íntegra, existiendo variadas formas de exención por utilidades reinvertidas. En suma, el sistema tributario chileno, en su capítulo corporativo y también por su bizarro esquema de integración, es quizá el más generoso de la OCDE (salvo Irlanda, claro).
No necesitamos más estímulos a la inversión de las grandes empresas, que ya los hay demasiado. Requerimos de un sistema mucho más progresivo, que permita crecimiento con equidad, con inversiones públicas y privadas que vayan de la mano.
