El Gobierno aprueba que las víctimas de pederastia en la Iglesia no paguen impuestos por las indemnizaciones
Una víctima detectó un “fallo del sistema” y pidió ayuda al Defensor del Pueblo y a Hacienda, como reveló EL PAÍS en noviembre
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
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El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto-ley con el que se establece la exención del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las indemnizaciones a víctimas de pederastia en la Iglesia católica. Tras el acuerdo alcanzado el 8 de enero con la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, desde el 15 de abril, las personas que han sufrido abusos sexuales en instituciones religiosas cuando eran menores de edad cuentan con un sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) en el que la Iglesia debe pagar las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo.
La exención fiscal aprobada este martes es un compromiso que Félix Bolaños, ministro de Justicia, dijo a finales de marzo, en la sede del Defensor del Pueblo, que cumpliría para esta campaña de la renta. La medida también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios canales.
La inclusión en el acuerdo Estado–Iglesia de la exención de pagar impuestos en las reparaciones llegó después de que este periódico publicara, el pasado 20 de noviembre, que una de las víctimas indemnizadas por la Iglesia descubrió que una parte de ese dinero se evaporaría en impuestos.
Esta víctima de pederastia de un cura en la diócesis de Barcelona, cuyo caso fue destapado por EL PAÍS en 2023, contó que había cobrado por fin 50.000 euros de indemnización, pero al preguntar si luego le quitarían una parte en la declaración de la renta, los responsables del arzobispado se encogieron de hombros. “Me dijeron que no sabían nada”, relató. Al parecer, nadie en la Iglesia ni en el Gobierno había pensado en ello, pese a que se pelean por las indemnizaciones desde hace años.
Esta persona lo consultó en Hacienda y con su asesor fiscal y descubrió que este resarcimiento sí debía tener una retención, porque para estar exento de impuestos, según la ley, debería ser resultado de una decisión judicial, y estos casos no lo son. En la gran mayoría de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia no hay resolución porque los casos están prescritos, por lo tanto, no ha podido haber juicio. Por eso esta víctima envió una queja al Defensor del Pueblo y le pidió ayuda. Este pidió a Hacienda, el pasado 6 de noviembre, que aplicara a las compensaciones de la Iglesia una exención, como ya ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo.
El 4 de diciembre, además, el Senado aprobó una moción para que las indemnizaciones por pederastia por parte del clero queden exentas de tributación por IRPF. Lo hizo con los votos favorables de todos los grupos y la abstención del PP.
El Parlamento de Navarra ya aprobó esa modificación. El pasado 18 de diciembre votó a favor de incorporar nuevas exenciones para “realidades socialmente sensibles como las compensaciones económicas a víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia católica”. Lo hizo tras una propuesta de la consejería de Economía y Hacienda de Navarra, que recibió una solicitud de información del Defensor del Pueblo de esa comunidad. Este, a su vez, recibió una queja de AVIPIREN, la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra. En mes y medio se solventó el asunto.
El Defensor, que recibió al menos tres quejas más sobre este asunto, solicitó en noviembre a la Secretaría de Estado de Hacienda que, “con la mayor brevedad, se promueva la modificación del artículo 7 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de forma que recoja la exención para las indemnizaciones por responsabilidad civil que se corresponden con daños personales (físicos, psíquicos o morales) que están abonando las entidades de la Iglesia católica como reparación por abusos”. El objetivo: evitar que la carga fiscal profundice el daño sufrido.
La Conferencia Episcopal Española también aseguró en la asamblea plenaria de noviembre, al haber varias preguntas sobre este asunto, que había puesto el tema encima de la mesa del Gobierno.
Manuel, nombre inventado para proteger su intimidad siguiendo el consejo de su psicóloga, es una de las 3.099 víctimas de pederastia en la Iglesia española, según la contabilidad de este periódico, la única existente en España. Sufrió abusos desde los 10 hasta los 14. Así contó a este periódico la incertidumbre que le generaba el pago de impuestos sobre la reparación recibida. “Cobré 91.000 euros tras un largo proceso, porque al principio en la diócesis se negaron a indemnizarme con el argumento de que el acusado ya estaba muerto. Y ahora [por el mes de noviembre] descubro que pueden quitarme casi la mitad. Gasté parte de la indemnización en saldar las deudas que tenía por mis adicciones. Son frecuentes porque somos personas que hemos tenido muchas dependencias, muchas carencias y falta de autoestima. Eso me llevó a gastar, a gastar, a gastar. Y tengo congelada la parte de la indemnización que pretendía invertir en cuidarme”. Esperó durante 40 años una reparación por el daño sufrido —sigue en tratamiento psicológico—. Ahora, ya pensionista, con 59, ve cómo la pesadilla sigue sin terminar.
Este martes, avisado por este periódico de la medida aprobada por el Gobierno, exclama: “¡Qué alegría! Es una noticia muy importante y, sobre todo, un alivio”. Y añade: “Sería profundamente injusto que una víctima tuviera que tributar por una indemnización recibida por abusos sexuales. Lo recibo con alegría, pero también con prudencia porque, después de todo lo vivido, una aprende a celebrar las cosas cuando están realmente claras y bien aplicadas”.
